El Supremo analiza el cierre de las dos causas de la Audiencia contra China

El Tribunal Supremo dirimirá este miércoles si el archivo de las dos investigaciones que se seguían en la Audiencia Nacional contra las antiguas cúpulas dirigentes de China –el genocidio en el Tíbet y la persecución del grupo religioso Falun Gong- fue correcto de acuerdo con la ley que limita la llamada justicia universal, es decir la capacidad de los jueces españoles de investigar delitos de lesa humanidad cometidos en el extranjero. Será el pleno de la sala de lo Penal del Supremo, la máxima autoridad en materia criminal de la justicia española, el que decida si ambas investigaciones, cerradas el pasado junio cumplen los requisitos para seguir abierta, como han solicitado grupos de defensa de los derechos humanos.

La reforma del PP de la Ley Orgánica del Poder Judicial restringía la persecución que pueden llevar a cabo los jueces españoles fuera de sus fronteras a que los autores de los delitos sean españoles, extranjeros con residencia habitual en España y personas a las que España no haya denegado la extradición. Las causas sobre Falun Gong y el Tíbet, salvo que el Supremo determine lo contrario al interpretar los convenios que ha firmado España, deberían permanecer archivadas, ya que los imputados, todos de nacionalidad china, con cumplen los criterios de competencia.

En febrero de 2014, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ordenó la detención del expresidente del gigante asiático Jiang Zemin, de 88 años, y al ex primer ministro Li Peng, de 86, entre otros miembros de la cúpula del Partido Comunista Chino (PCCh), por el genocidio en el Tíbet. En la causa también estaba imputado el anterior presidente chino, Hu Jintao.

En relación con el caso de Falun Gong, Moreno instruía una querella interpuesta en 2004 por 15 víctimas de la represión que sufrieron los miembros de este grupo desde 1999. El procedimiento, que fue avalado en junio de 2006 por el Supremo, se dirigía, entre otros, contra el actual presidente del Comité Nacional del Consejo Consultivo Político del Pueblo Chino, Jia Qinglin, secretario del Comité Municipal de Pekín entre 1997 y 2002.

La decisión que adopte el pleno de la Sala de lo Penal generará jurisprudencia sobre el alcance de la nueva justicia universal. Precisamente, la decisión del Gobierno de modificar la ley, a través de una proposición no de ley del PP, fue consecuencia, entre otros motivos, de las presiones diplomáticas ejercidas por China, país que posee el 20% de la deuda externa española.

Entre tanto, varias secciones de lo Penal del Supremo están estudiando a lo largo del mes de abril en reuniones informales otros casos relacionados con la Justicia Universal pero no con China: los asesinatos del religioso Ignacio Ellacuría y del diplomático Carmelo Soria, junto al caso de la Flota de la Libertad.

Los casos de Ellacuría, Soria y Flota de la Libertad han llegado al alto tribunal en forma de cuestión o exposición de la Audiencia Nacional, para que el Supremo indique si corresponde o no el archivo en función de si en los países en donde ocurrieron los hechos se hizo o no una adecuada investigación judicial de los mismos.