España investiga los crímenes de Tíbet

A tres días de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha admitido a trámite una querella contra dos ministros del Gobierno de la República Popular China, dos generales de su ejército y tres altos cargos políticos relacionados con la región de Tíbet, por un delito de lesa humanidad. La querella contempla muertes y lesiones graves intencionadas, desapariciones, detenciones ilegales y torturas.

El magistrado cita como testigos a cargos del Gobierno tibetano en el exilio

Pedraz, que también instruye una causa por el genocidio maya en Guatemala, ha aceptado la competencia de la jurisdicción española para investigar la querella presentada por el Comité de Apoyo a Tíbet, la Fundación Privada Casa de Tíbet y un particular, Tubten Wanghen Sherpa Sherpa, contra las autoridades chinas por "matanza generalizada y sistemática de tibetanos". Los hechos relatados en la querella refieren un ataque planificado y ejecutado con método contra la población civil tibetana a partir del pasado 10 de marzo, cuando unos 500 monjes del monasterio de Daprung se unieron a una manifestación pacífica para reclamar libertad religiosa. La represión que siguió causó "al menos 203 muertes, más de 1.000 lesionados graves y 5.972 detenidos ilegales y desaparecidos" según la querella.

Para el juez Pedraz, estos hechos supondrían "un crimen contra la humanidad", y en concreto, un delito de lesa humanidad previsto y penado en el artículo 607 bis del Código Penal. A efectos de dicho artículo, el juez tiene en cuenta que la población tibetana se constituiría como un grupo o colectivo perseguido por las autoridades chinas "por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género", o por otros motivos universalmente reconocidos como "inaceptables" con arreglo al derecho internacional.

La causa abierta por el juez central número 1 de la Audiencia Nacional se dirige contra Lian Guanglie, ministro de Defensa de la República Popular China y miembro de la Comisión Central Militar; Geng Huichang, ministro de Seguridad del Estado y viceministro de Seguridad y los generales Tong Guishan, comandante del Ejército de Liberación Popular de Lhasa y Zhan Guihua, comisario político del comando militar de Chengdu. Figuran también como querellados Zhan Qingli, secretario del Partido Comunista Chino en la región autónoma de Tíbet; Wang Lequan, miembro del Politburó en Pekín, y Li Dezhu, líder de la comisión de Asuntos Étnicos.

Antes de dar traslado a los siete inculpados, Pedraz ha requerido a los querellantes para que identifiquen completamente y reseñen la filiación de los querellados, así como para que aporten toda la documentación de que dispongan.

En el mismo auto, el juez cita para el 4 de septiembre al responsable del departamento de Seguridad del Gobierno Tibetano en el Exilio y al director del Centro Tibetano para los Derechos Humanos del Gobierno en el exilio. Para el día 10 de setiembre ha convocado al responsable del informe de Amnistía Internacional sobre la Represión en Tíbet.

El artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial considera competente a la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos fuera del territorio nacional que, según los tratados o convenios internacionales, deban ser perseguido en España.