Los padres del cabo Soria piden que la Audiencia Nacional investigue a Israel

Los padres del cabo Francisco Javier Soria, muerto el 28 de enero en el sur de Líbano, quieren sentar al Ejército israelí en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional. Los progenitores del casco azul español no se conforman con las explicaciones ofrecidas el pasado día 14 en el Congreso por el ministro de Defensa, Pedro Morenés, quien atribuyó la muerte de su hijo a un “cadena de errores y negligencias” por parte del Ejército israelí. Ni con el acuerdo amistoso que los dos Gobiernos negocian para que la viuda y la hija del cabo, nacida cinco días después de su fallecimiento, reciban una indemnización económica. Quieren una investigación judicial independiente que aclare las circunstancias que rodearon el bombardeo de la posición de la Finul (Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano) y depure las correspondientes responsabilidades, acordes con la gravedad del presunto delito.

Tras la muerte del cabo, el Juzgado Togado Militar Territorial número 11 abrió diligencias previas, un trámite obligado tras la muerte violenta de un militar español en el extranjero. Sin embargo, esta investigación está abocada al fracaso, pues solo tiene competencia para investigar cuando “el imputado sea español”.

A estas alturas, ya ha quedado claro que el obús de 155 milímetros que mató al casco azul procedía de una batería israelí. La investigación de la Finul concluyó, el pasado 12 de febrero, que “existen suficientes evidencias técnicas para atribuir la responsabilidad del disparo [que acabó con la vida del militar español] a las Fuerzas Armadas de Israel”. Este documento no se ha hecho público, pero el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, asumió sus conclusiones en un informe remitido al Consejo de Seguridad, en el que condenó la muerte del cabo Soria por “disparos de represalia de las Fuerzas de Defensa de Israel” y recordó que las coordenadas de la posición de la Finul que fue bombardeada eran “bien conocidas” por el Ejército israelí.

Por su parte, Morenés aseguró en el Congreso que el Ejército israelí ha reconocido “formalmente por escrito” la autoría del disparo que mató al casco azul. “Les aseguro”, añadió, “que las Fuerzas Armadas israelíes no tiran contra la torre donde está el cabo Soria para matarle. Puede ser una imprudencia, de acuerdo. Esa es la calificación que ellos mismo asumen y la responsabilidad que asumen”. Aunque la asunción de responsabilidad sea solo económica, pues hasta ahora Israel no ha destituido a ningún mando militar ni abierto procedimiento judicial por estos hechos.

La acusación se basa en el relato de Morenés en el Congreso para imputar homicidio imprudente

Morenés descartó la intencionalidad, pero añadió que los errores del Ejército israelí fueron “de tal gravedad” y “suficientemente poderosos” como para poder asegurar que fueron dichas “negligencias [las] que han llevado a este luctuoso suceso”. Los responsables del bombardeo tomaron un “riesgo excesivo” y no adoptaron las “precauciones necesarias” para evitar víctimas inocentes.

Para el letrado de los padres del cabo, las palabras del ministro describen como mínimo un delito de homicidio imprudente. Pese al drástico recorte de la justicia universal, la Audiencia Nacional mantiene abiertos algunos procesos por crímenes de guerra, como el caso Couso.

España ha ratificado, además, la Convención sobre Seguridad del Personal de las Naciones Unidas de 1994, que obliga a los Estados parte a perseguir y sancionar “con penas adecuadas” los delitos contra los cascos azules. Israel es uno de los pocos Estados del mundo que no la han firmado.