La fiscalía cree que Rato movió sus bienes para eludir la fianza de Bankia

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, decidió que sea la Fiscalía Anticorrupción la que lleve la investigación sobre el patrimonio del exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del FMI, Rodrigo Rato. En un decreto firmado en la mañana de este lunes, la máxima representante del ministerio público puso de manifiesto que Rato se encuentra imputado por cinco delitos contra la Hacienda Pública, uno de blanqueo de capitales y otro de alzamiento de bienes. Este último tipo penal castiga al que trate de sustraer su patrimonio de la acción de la justicia. En el escrito de Madrigal se vincula el alzamiento de bienes a que Rato supuestamente ha “intentado eludir” las “responsabilidades pecuniarias” derivadas “de otro procedimiento judicial en el que se encuentra imputado en la Audiencia Nacional”. Traducido a lenguaje llano, la fiscalía sostiene que en los últimos tiempos Rato trataba de ocultar su patrimonio para no hacer frente a la fianza civil de 133 millones de euros por el caso de la salida a bolsa de Bankia, que le impuso el pasado 13 de febrero el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

Con su decreto, Madrigal terciaba en la disputa entre la Fiscalía de Madrid y la Fiscalía Anticorrupción sobre qué cuerpo del ministerio público debe encargarse de la investigación. Esta se inició cuando la Agencia Tributaria detectó discrepancias entre los datos aportados por Rato para acogerse a la amnistía fiscal decretada por el Gobierno en 2012 y su declaración de bienes ubicados en el extranjero presentada en el ejercicio siguiente.

Hacienda abrió una investigación que puso hace meses en manos de la Fiscalía Anticorrupción, que ya rastreaba los movimientos de Rato por el caso de la salida a bolsa de Bankia y la pieza derivada sobre las tarjetas opacas de Caja Madrid. Entonces, Anticorrupción no encontró elementos en aquel informe para abrir diligencias y solicitó a los inspectores de Hacienda que profundizaran en su análisis. El pasado jueves, ante las sospechas de que Rato estaba tratando de camuflar su patrimonio, la Agencia Tributaria —a través del Servicio de Vigilancia Aduanera— pidió al juez de guardia, a través de la Fiscalía de Madrid, que autorizara el registro del domicilio y el despacho de Rato. El exvicepresidente permaneció detenido durante siete horas esa tarde mientras los agentes de Aduanas, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, sacaban documentos de su casa y su despacho en el barrio de Salamanca de Madrid.

En Anticorrupción se enteraron del registro y la detención del exvicepresidente por los medios de comunicación. El viernes por la mañana, la sección de la fiscalía especializada en delitos económicos pidió a Madrigal asumir la competencia sobre esta causa. Eso fue lo que ordenó la fiscal general.

En su escrito, la máxima responsable del ministerio público justifica que Anticorrupción se encargue de la causa por “la especial trascendencia social, mediática y jurídica de los hechos investigados”. También hace mención de la “particular complejidad” que entraña “el entramado societario y jurídico que conforma el grupo de sociedades presuntamente controlado por Rodrigo Rato”. La investigación abarca decenas de sociedades, pertenecientes en su mayor parte a Rato y su familia, así como 78 cuentas a nombre del expolítico en 13 bancos y cajas.

Finalmente, Madrigal recuerda en su escrito que Anticorrupción cuenta con unidades de apoyo de la Agencia Tributaria que pueden “complementar” la actuación de los fiscales.

Casi al mismo tiempo que se conocía el decreto de la fiscal general, Antonio Serrano, titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, y a quien le ha correspondido investigar la causa de Rato por turno de reparto, decidía inhibirse en favor del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, instructor del caso Bankia. Serrano cedía la causa inmediatamente después de recibirla del juez de guardia y sin haber practicado diligencia alguna sobre la denuncia de la fiscalía.

El hecho de que el juez de Madrid se haya inhibido en Andreu no supone automáticamente que la causa acabe en la Audiencia Nacional. En caso de que el juez del caso Bankia no aprecie elementos de conexión entre la denuncia sobre los delitos fiscales, el blanqueo y el alzamiento de bienes, y las investigaciones que tiene abiertas sobre el caso Bankia, podría rechazar la competencia. En este caso hipotético, el juez Serrano de Madrid, con despacho en la plaza de Castilla, debería plantear un “conflicto negativo de competencia” ante el Tribunal Supremo, que dirimiría la cuestión en última instancia.

El juez Andreu todavía no se ha pronunciado. Sin embargo, advirtió en un auto del “riesgo” de que los imputados del caso Bankia, traten de eludir el pago de la fianza civil solidaria de 800 millones de euros —de los que 133 corresponden a Rato— que les impuso en febrero “ocultando sus bienes”, informa Efe.