Ruz pide a Suiza que libere los datos bancarios del ‘caso Gürtel’

El juez Pablo Ruz cerró el pasado jueves su paso por la Audiencia Nacional con un auto fundamental para apuntalar el caso Gürtel de corrupción. En esta resolución, el magistrado pide a Suiza que levante el veto sobre el uso en el juicio de los datos bancarios de los cabecillas de la trama, entre ellos Francisco Correa y Luis Bárcenas, recabados a lo largo de la investigación. El pasado noviembre, el Tribunal Penal Federal helvético suspendió la autorización acordada el mes de abril anterior para utilizar en el proceso la información financiera facilitada por los bancos de ese país a través de comisiones rogatorias —procedimiento de auxilio judicial entre Estados—. La negativa se basaba en que la legislación suiza —muy celosa del secreto bancario— prohíbe la cesión de datos financieros para causas en las que únicamente se investigan delitos de simple evasión fiscal.

La decisión del tribunal suizo suponía una traba considerable para la causa: en la práctica impedía que los fondos ocultos por los imputados en ese país se pudieran incorporar al cálculo de la cuota tributaria defraudada por aquellos. Fuentes judiciales, sin embargo, consideraban que la instrucción, iniciada en 2009, había reunido suficientes indicios como para seguir imputando estos delitos sin necesidad de los datos suizos.

En el último auto, antes de incorporarse al juzgado de Móstoles tras cinco años de comisión de servicio en la Audiencia, Ruz reclama a Suiza que le deje utilizar los datos bancarios porque de ellos se derivan más delitos que el simple delito contra la Hacienda Pública. El juez hace suyo un escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que se argumenta que los delitos fiscales investigados lo son “en concurso medial” con delitos de falsedad documental y estafa procesal, según los casos. Es decir, que la defraudación tributaria —que en el caso de Bárcenas alcanzó los 11,24 millones de euros— no hubiera sido posible sin otros hechos delictivos, que han sido “un medio necesario”.

La fiscalía relata cómo Correa evitaba aparecer en registros públicos —su última declaración de la renta era de 1999—, encubría sus gastos personales con facturas ficticias y se sirvió de sociedades pantalla para mantener cuentas en el extranjero y repatriar los fondos. También cuenta cómo Bárcenas simuló ventas de obras de arte y elaboró contratos ficticios de compraventa para eludir la tributación. Además, detallan las tretas de otros imputados como los exalcaldes de Majadahonda y Boadilla del Monte (Madrid), Guillermo Ortega y Arturo González Panero, respectivamente. La fiscalía, y también Ruz, argumentan que estos comportamientos encajan en lo que las leyes suizas denominan “fraude y estafa fiscal”, una evasión tributaria agravada, por lo que reclaman a las autoridades de ese país que levanten el veto sobre el uso de los datos ya entregados.