El ‘número dos’ de Chaves niega haber tomado decisiones en los ERE

El exconsejero andaluz de la Presidencia Gaspar Zarrías, mano derecha de Manuel Chaves durante 13 años (de 1996 a 2009), se desvinculó ayer en el Tribunal Supremo de cualquier decisión política relacionada con las ayudas sociolaborales que la juez Mercedes Alaya considera fraudulentas. Zarrías, actualmente diputado por Jaén en el Congreso, defendió ante el magistrado que instruye el caso de los ERE en el alto tribunal que todos los asuntos que se elevaron al Consejo de Gobierno desde la comisión general de viceconsejeros (los llamados consejillos), que él presidía, cumplían “todos los requisitos legales”.

El papel de Zarrías como presidente de los consejillos copó buena parte de la declaración. El instructor le preguntó por eel informe que recibió la semana pasada de manos de la Guardia Civil, en el que los agentes señalan como “indicios” de la implicación de Zarrías en el fraude el hecho de que presidiera 12 comisiones en las que se trataron modificaciones presupuestarias relacionadas con las ayudas bajo sospecha.

Zarrías argumentó que estas reuniones son “puramente administrativas” y en ellas no se aprueba ninguna medida porque no es un órgano “político”, solo eleva al Consejo de Gobierno las propuestas de cada Consejería una vez que comprueba que tienen todos los informes preceptivos, algo que ocurría en estos casos.

Entre los años 2000 y 2012, señaló Zarrías, en las reuniones de viceconsejeros se trataron más de 1.000 modificaciones presupuestarias, por lo que él, como presidente de estas sesiones, no tenía ninguna razón para dudar de su legalidad.

El instructor le preguntó también por su relación con Juan Lanzas, considerado uno de los conseguidores de las ayudas fraudulentas y que, según Alaya, era “muy próximo presuntamente” al exconsejero de la Presidencia. El exconsejero explicó que trató con Lanzas durante el conflicto de la empresa Cárnicas Molina, en la que aquel, entonces sindicalista de UGT, ejerció como representante de los trabajadores. Su relación con Lanzas, según Zarrías, “no es personal sino tangencial” y siempre ligada a los problemas de esta empresa.

A preguntas del fiscal, defendió también que las ayudas estaban abiertas “a todo aquel que quisiera solicitarlas”, un argumento que amplió después preguntado por su abogado. No le consta, aseguró, que existiera un sistema para hacer llegar ayudas “a quien no lo merezca”, afirmó el exconsejero, que mostró su convencimiento de que las ayudas se repartían “con equidad” y que a ningún solicitante “se le pidió el carné de militancia”.

El interrogatorio de Zarrías en el Supremo se prolongó durante tres horas y media. Al acabar su comparecencia, el exconsejero de la Presidencia se detuvo unos minutos ante las decenas de periodistas que le esperaban a las puertas del tribunal. El diputado admitió tener “sentimientos encontrados”. “No es agradable declarar delante de un tribunal aunque sea, como yo lo he hecho, de forma voluntaria. Soy una persona honrada”, afirmó. Pero aseguró sentirse también “aliviado” por haber podido explicar sus argumentos ante el juez dos años después de que Alaya le señalara por primera vez. “Mi obsesión en mi vida política ha sido estar al lado de la gente, conocer sus problemas y colaborar a que se solucionaran”, afirmó Zarrías.

La de Zarrías es la cuarta de las cinco declaraciones de aforados programadas por ahora por el alto tribunal. La semana pasada comparecieron Viera y el expresidente José Antonio Griñán, que focalizaron el fraude en la Dirección General de Empleo; el expresidente Chaves declaró este martes y defendió que nunca adoptó una decisión “basada en la ilegalidad”.