La Guardia Civil no halla escritos para implicar a dos aforados de los ERE

El instructor del caso de los ERE en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, pidió hace dos meses un informe a la Guardia Civil para conocer la implicación de los ex consejeros de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías (1996-2009) y Mar Moreno (2009-2012) en el fraude, preguntando expresamente qué resoluciones se habían dictado vinculadas con este asunto. La Guardia Civil entregó este jueves el informe al magistrado Barreiro, y en él no se incluye ningún documento firmado por Zarrías o Moreno relacionado con las ayudas sociolaborales.

La juez Mercedes Alaya, instructora del caso en Sevilla, sostiene que la preparación del fraude se gestó en los llamados consejillos, comisiones donde se reunían los viceconsejeros para preparar los temas que aprobaría después el Consejo de Gobierno andaluz. Estas reuniones están presididas, en la mayoría de los casos, por el consejero de Presidencia. En ellas no se aprueban resoluciones sino que se elevan propuestas para la reunión semanal del Ejecutivo andaluz.

El grueso del informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso EL PAÍS, consiste en un total de 26 actas de otros tantos consejillos celebrados entre el 11 de abril de 2000 y el 30 de noviembre de 2011 en los que se trataron modificaciones presupuestarias relacionadas con las ayudas los ERE o un proyecto de decreto para regular este fondo que nunca salió adelante.

Pese a la inexistencia de resoluciones dictadas por los dos aforados, la Guardia Civil dedica un apartado a “consideraciones policiales” en las que desgrana todos los “indicios” que, a su juicio, implican a Zarrías en la causa que investiga el Tribunal Supremo.

En el caso de la senadora Mar Moreno, la Guardia Civil admite que durante el tiempo que fue consejera de Presidencia no dirigió ninguna reunión en la que “se adoptaran acuerdos relacionados” con los hechos. “De hecho”, añaden, “Mar Moreno sólo asistió a una sesión de la comisión de viceconsejeros, el 1 de septiembre de 2010, en la que no se trató ninguna propuesta relacionada con los hechos que se investigan”.

En el caso de Zarrías, la Guardia Civil ha encontrado 15 consejillos en los que o bien se analizaron acuerdos relacionados con las ayudas sociolaborales o modificaciones presupuestarias propuestas por la Consejería de Economía y Hacienda que se elevaban al Consejo de Gobierno para su aprobación; o bien se trató el proyecto de decreto para regular las ayudas que finalmente no se aprobó.

De estas reuniones, presididas por Zarrías, la Guardia Civil “infiere” la participación del ex consejero de Presidencia en los hechos considerados delictivos por la juez Mercedes Alaya. “A través de las modificaciones presupuestarias se podría haber amparado una situación en la que se estaba prescindiendo del procedimiento establecido por la ley”, escriben los tres guardias civiles de la Unidad Central Operativa de Delincuencia Económica que firman el informe.

Los agentes entienden que en los consejillos presididos por Zarrías, que tenían “capacidad decisoria”, se bloqueó el proyecto de decreto para evitar regular las ayudas y que pudieran tener un control apropiado.

Ante la falta de documentos oficiales que prueben la participación del ex consejero de Presidencia en los hechos, el informe de la Guardia Civil dedica un apartado a “otros indicios vinculados a Gaspar Zarrías” donde detalla su relación “personal y profesional” con Juan Lanzas, el exsindicalista de UGT que mediaba entre empresas y la Consejería de Empleo para lograr ayudas. El informe admite que esa relación es “de difícil definición”, ya que sólo se basa en lo declarado por distintos imputados, “quienes no aportan elementos de prueba suficiente para poder definir la misma”.