El PP evitará la confrontación con Ciudadanos para recuperar votantes
Los populares buscan cómo denunciar las carencias del partido de Rivera
El PP evitará la confrontación con Ciudadanos durante la campaña electoral de las municipales y autonómicas del 24 de mayo, según los análisis de la dirección del partido a los que ha tenido acceso EL PAÍS y que se proyectarán en la Junta Directiva Nacional, que se reunirá este martes en un momento en el que la pugna interna agrieta el partido. La estrategia de no agresión a Ciudadanos no impedirá que los populares denuncien lo que consideran contradicciones o carencias del partido que lidera Albert Rivera. No en vano, esta formación le está disputando al PP un espacio electoral que considera propio, lo que le resta votos vitales para lograr concejales o restos que sirven para obtener escaños (algunos se disputan por centenares de votos) y, en definitiva, debilita notablemente su poder territorial.
Según el análisis del PP, en las elecciones andaluzas los votos de Ciudadanos procedieron de las zonas en las que hasta ahora era especialmente fuerte el partido de Mariano Rajoy. Es en el voto urbano —en las ciudades y, sobre todo, en las capitales— en donde Ciudadanos obtiene sus mejores resultados. Hasta ahora la fortaleza del PP estaba en las capitales andaluzas —incluso llegó a gobernar en todas— y ese voto era el que facilitaba un número importante de escaños a los populares en esa comunidad. Ahora, la dirección de Génova teme que ese fenómeno se pueda trasladar a otras capitales y grandes ciudades el 24-M.
Ese análisis de los populares estima que Ciudadanos y, especialmente su líder, tienen buena imagen entre los votantes del PP. “Rivera cae bien entre nuestros votantes y tienen posiciones políticas que no solo no molestan sino que son percibidas de forma positiva por los nuestros”, asegura uno de los máximos dirigentes del PP. Por eso, concluyen que no se entendería una confrontación y que son muy contraproducentes “salidas de tono” para descalificar a Ciudadanos, como la de “Naranjito” o la de ridiculizar su origen catalán. “Si creemos que son nuestros votantes y queremos recuperarlos no podemos insultarlos”, explican.
Esa tesis no empece para que el PP se vuelque en intentar buscar las debilidades del partido naranja, para recuperar a sus votantes ahora molestos con los populares. Por ejemplo, según los estudios del PP, Ciudadanos es percibido como un partido sin programa concreto y sin equipo. Y la inmensa mayoría de los ciudadanos no conoce a los candidatos de esta formación en cada una de las poblaciones y cada una de las provincias de las comunidades con elecciones autonómicas. “Tenemos que hacer que quede claro que Albert Rivera no se presenta en ninguna de esas elecciones”, explica ese dirigente del PP a la luz de su análisis pormenorizado.
La irrupción de Ciudadanos le ha creado al PP una situación insólita, porque nunca antes habían competido con otra formación en su espectro ideológico y, además, con el agravante de producirse en el momento de mayor desgaste de la marca del partido. Lo más parecido es la aparición en 2011 de UPyD, pero con la notable diferencia de que entonces los populares estaban en pleno avance, lo que les llevó a la mayoría absoluta en las generales y unos meses antes a acumular el mayor poder territorial que nunca antes haya tenido un partido en España. Menos llamativo, pero también preocupante para el PP, es la cantidad de candidaturas locales que en pequeños municipios puedan surgir de aquí al 24-M.
En el caso de Ciudadanos, las fuentes consultadas admiten que también hace contraindicada la confrontación el hecho de que el partido de Rivera pueda ser el único con el que poder pactar en algún ayuntamiento o comunidad autónoma. Esos posibles acuerdos locales sí tendrían el efecto positivo para el PP de poder mostrarse como el titular del voto útil que garantice la estabilidad en las generales previstas para noviembre. Otra de las preocupaciones de la dirección del PP es el voto joven. Primero, porque Ciudadanos ha logrado notables resultados en ese sector en las andaluzas; y segundo, porque los populares admiten que tienen grandes dificultades para llegar a los más jóvenes.
En un momento de nuevos líderes y renovación de todos los partidos, el PP tiene imposible dar esa imagen. Esa situación se agudiza para las generales porque es muy probable que el PP sea el único gran partido que no cambia de candidato. Además, los estudios de los populares detectan distancia notable entre Mariano Rajoy y ese sector social. Por eso, el Gobierno se plantea para el final de la legislatura el buscar medidas que puedan ser percibidas como positivas por los jóvenes, intentando acompañarlo de gestos políticos para buscar ese voto.
Esa estrategia se completa con el intento por traducir las cifras y los datos económicos en decisiones concretas que los votantes consideran más próximas. Gobierno y PP buscan cómo poner el acento en medidas sociales y en todo lo que pueda hacer que los españoles perciban la recuperación. En términos de comunicación política, los populares aseguran que pretenden humanizar el partido y el Gobierno, cambiando el eje del debate público para que se perciba en cada casa la recuperación económica. Así, admiten que la reforma fiscal no ha funcionado como esperaban.
En esta línea, la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, pidió este domingo en una entrevista a Efe a su partido que abandone el “grandísimo error” que supone la “tendencia” a rehuir el debate ideológico porque esa actitud genera desafecto en el electorado y no hay que fiarlo todo a la economía porque “no lo es todo”. Aguirre cuestiona que el PP lo base todo en el criterio de haber logrado la recuperación y la salida de la crisis. La candidata al Ayuntamiento de Madrid quiere que, además, los votantes del PP se reconozcan en su partido. La estrategia del PP, siempre según las fuentes, se completa con la presentación del partido como la garantía de estabilidad frente a gobiernos regionales formados por dos o tres o hasta cuatro partidos.
Menos impuestos y más agenda social
El PP afronta el 24 de mayo su primera prueba de fuego tras el mal resultado de las elecciones andaluzas del 22 de marzo. El presidente del Gobierno y líder del partido, Mariano Rajoy, confía la revitalización de la formación a un programa marco autonómico que promete bajadas de impuestos y el impulso de una agenda social.
Los populares harán hincapié en una nueva política impositiva que, en cualquier caso, estará supeditada a la que consideran la prioridad de sus Gobiernos autónomos, "la financiación de los servicios públicos esenciales". Entre las principales medidas del programa marco figuran la "revisión de los tramos autonómicos del IRPF que aumente la renta disponible de las familias"; el impulso de "las bonificaciones y reducciones para los emprendedores y empresarios"; una reducción del "impuesto de sucesiones y donaciones entre padres e hijos y entre cónyuges"; y una adaptación de "las tasas autonómicas a la capacidad económica de las personas que deben satisfacerlas". Este apartado del programa guarda relación con el plan del Gobierno central para contener el paro. Así, los populares se comprometen a "fomentar medidas que impulsen la creación de empleo y fortalezcan el ahorro y la competitividad empresarial a través de los tributos autonómicos".
El diseño de la agenda social, el encargo que el jefe del Ejecutivo hizo al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, también está reflejado en esta hoja de ruta con la que el PP espera contener la huida de electores que reflejan todas las encuestas. Así, el programa incluye iniciativas, calificadas de "apoyo a las familias", sobre maternidad, conciliación, hogares en riesgo de exclusión, familias numerosas o con dependientes. Los populares prometen "consolidar los programas destinados a la erradicación de la pobreza infantil", "potenciar las materias instrumentales y los idiomas" en las escuelas, y desarrollar las "estrategias" del Sistema Nacional de Salud.
La reforma de la Administración, tercera pata del programa marco junto con la agenda de regeneración, prevé, por ejemplo, "avanzar hacia la implantación del expediente electrónico" en el ámbito judicial, publicar "las declaraciones de actividades, bienes y derechos al inicio y al cese de la actividad pública en los Gobiernos", y "medidas para la recuperación de las cantidades sustraídas por corruptos".
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