Todos los grupos piden un protocolo ante el acoso sexual en el Ejército
Defensa se inspira en el procedimiento vigente en la Guardia Civil desde 2013
El escándalo provocado por el caso Zaida Cantera, la comandante que denunció acoso sexual y laboral por parte de sus superiores, ha llevado a todos los grupos parlamentarios a reclamar un protocolo para hacer frente a este problema en el seno de las Fuerzas Armadas.
Incluso el Grupo Popular —animado por el anuncio del ministro de Defensa, Pedro Morenés, de que su departamento está ultimando un protocolo en desarrollo del código disciplinario militar— ha presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que pide “continuar promoviendo una cultura de tolerancia cero frente a las posibles conductas constitutivas de acoso sexual, por razón de sexo y profesional” en el Ejército. En concreto, aboga por reforzar las medidas “preventivas, de información, formación y sensibilización; de protección de la víctima, de detección temprana de las conductas de acoso, de apoyo y asistencia y de protección de sus derechos; de seguimiento y control del personal implicado y de las medidas adoptadas”.
"Sólo mereces todo mi desprecio"
“No eres digna de estar en el Ejército español. Yo entiendo que en esta compañía la gente te odie. Para mí, solo mereces todo mi desprecio. Tú, como muchísimos que hay en la mili, porque nos estáis robando. Si estuviera en mi mano ya estarías en la calle ¿Entiendes?”.
El Supremo ha considerado que estas palabras, pronunciadas por el capitán Daniel Blanco ante la soldado Davinia Estévez, que estaba de baja psicológica y embarazada, no constituyen delito de abuso de autoridad porque sus frases, “en el contexto en que fueron emitidas, carecen de contenido ofensivo, habiendo tenido un carácter simplemente admonitorio”.
Pero dos jueces discrepantes recuerdan que el capitán coaccionó a la soldado para que se diera de alta o se fuera del Ejército y justificó a los militares que la insultaron. “Unas Fuerzas Armadas en que actuaciones como las expresadas de un superior sobre una subordinada no acarreen la respuesta penal que la ley prevé no merecen el nombre de tales. Desde luego, no las propias de un Estado de derecho y de una sociedad democrática avanzada”, advierten.
Más lejos va el PSOE que ha presentado su propia proposición no de ley, según la cual dicho protocolo debe incluir un “procedimiento claro, comprehensivo y ágil para denunciar conductas de acoso sexual y laboral”. El procedimiento, agrega, “garantizará la confidencialidad y protegerá a la víctima y a los denunciantes, asegurando que no sean objeto de represalia alguna” y que puedan obtener un cambio de destino “si fuese conveniente”. Sin olvidar que el origen de la iniciativa está en el caso Zaida, el PSOE insta a Morenés a revocar el ascenso a coronel de Isidro José de Lezcano-Mújica, condenado a dos años y 10 meses de cárcel por acoso sexual, por resultar “lesivo para la Administración militar”.
La diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Irene Lozano —que protagonizó un sonado duelo dialéctico con Morenés en el pleno del Congreso a propósito del caso— ha anunciado que promoverá una enmienda transaccional a las propuestas del PP y PSOE con el objetivo de llegar a un texto de consenso, para lo que ya se ha puesto con contacto con los grupos de CIU, PNV o La Izquierda Plural.
En todo caso, Defensa llega con cierto retraso a la hora de afrontar este problema. La Administración General del Estado cuenta con un protocolo de actuación frente al acoso laboral desde junio de 2011 y la Guardia Civil, un cuerpo de naturaleza militar, dispone de un protocolo propio frente al acoso laboral y sexual desde abril de 2013.
Este último, en el que se está inspirando Defensa para elaborar el suyo, prevé la posibilidad de que no sea la propia víctima del acoso sino una tercera personal quien presente la denuncia y que no se informe al superior en la cadena de mando cuando éste sea el presunto acosador.
No obstante, Pilar Villacorta, de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el cuerpo, advierte de la falta de garantías y las carencias del mencionado protocolo: por ejemplo, que no fije un plazo para resolver las denuncias. Cuando la AUGC pidió al director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, los datos sobre aplicación del protocolo, recuerda Villacorta, este contestó: “No hay datos porque en la Guardia Civil no hay acoso”.
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