La trama Gürtel intenta convertir su primer juicio en un proceso político

Los cabecillas de la red Gürtel han intentado convertir este martes el primer juicio contra la trama de corrupción vinculada al PP en un proceso político. El abogado de Pablo Crespo, considerado número dos de la organización, ha afirmado en el Tribunal Superior de Justicia valenciano que la causa tenía “unos componentes políticos indiscutibles”. Y ha pedido la recusación de uno de los tres magistrados, Juan Climent, con el argumento de que formó parte del Ejecutivo socialista que gobernó la Comunidad Valenciana en los años ochenta.

Los letrados del resto de presuntos miembros de la red se adhirieron a la petición. Fuera de la sala, Pablo Crespo ha tildado el procedimiento de “montaje político que se organizó desde el despacho de Rubalcaba [ministro del Interior cuando estalló el escándalo]”.

El intento de los cabecillas de la presunta trama corrupta de dar un manto político a las acusaciones no se ha limitado al pasado. El letrado de Crespo y exdirector de la ONCE, Miguel Durán, ha afirmado que el juez Climent coincidió en la Consejería de Presidencia de la Generalitat en la etapa del expresidente Joan Lerma con Ximo Puig, actual secretario general de los socialistas valencianos y candidato a las elecciones autonómicas del 24 de mayo. “No sabemos cuál ha sido la relación entre Climent y Puig en estos años”, ha añadido Durán. El letrado ha recordado que el PSOE ejerce la acusación popular en la causa tras presentar una querella firmada por cuatro diputados, incluido Puig.

Las declaraciones se ha producido después de que la fiscalía propusiera la comparecencia de un nuevo testigo que puede ser decisivo en el juicio, centrado en las adjudicaciones presuntamente irregulares de la Generalitat valenciana para organizar entre 2005 y 2009 su presencia en Fitur y otros certámenes turísticos menores por cinco millones de euros. Unos hechos que Anticorrupción atribuye a 13 personas para las que solicita penas que van de la inhabilitación para cargo público hasta 11 años de prisión.

El testigo propuesto es Juan Carlos Rincón, que trabajó en la filial del grupo de Correa en Valencia, Orange Market, hasta principios de 2006. Aunque no es un arrepentido, porque nunca ha llegado a estar acusado, Rincón conoció de primera mano la forma de trabajar del grupo y se encargó de elaborar, según los fiscales, las “hojas de coste” de las convocatorias de Fitur. Su declaración bajo la condición de testigo protegido y la documentación que aportó al juez instructor, José Ceres, fueron claves para que el exconsejero y ex director general de la Policía Juan Cotino fuera imputado hace meses en la parte del caso Gürtel que investiga la visita del Papa a Valencia. El ministerio público consideró importante el testimonio de Rincón después de no haber podido contactar con otro de sus testigos, Armando Lucas, que los fiscales creen que se halla en el extranjero.

Las defensas de varios acusados, incluyendo la de la expresidenta de las Cortes Valencianas y alcaldesa de Novelda (Alicante), Milagrosa Martínez, pidieron la suspensión de las sesiones, señaladas hasta octubre, argumentando que no han tenido tiempo de estudiar los documentos aportados por la Policía en la parte troncal del caso que se investiga en la Audiencia Nacional, lo que en su opinión les genera “indefensión”. Y alegaron violación de varios de sus derechos constitucionales, entre ellos el de la intimidad, por la intervención de sus comunicaciones. El abogado de Correa ha sostenido que en los inicios del procedimiento su cliente estuvo detenido 76 horas por el entonces titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, cuatro más de lo que permite la ley, sin que el magistrado hubiera dictado un auto para prorrogar el arresto.