Aprobado el plan de la hepatitis C a falta de concretar la financiación
Se tratará con fármacos innovadores a 52.000 personas. Entrará en vigor en abril
Las comunidades autónomas dieron este jueves el visto bueno definitivo, por unanimidad, al plan gubernamental para tratar, al menos, a 52.000 enfermos de hepatitis C con los nuevos y costosos fármacos antivirales. Pese a que el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, reiteró al anunciar el acuerdo que “el dinero no será un problema”, la financiación continúa siendo motivo de discusión entre los consejeros de Sanidad. Comunidades como Andalucía y Asturias habían pedido un fondo específico para sufragar los 727 millones de euros que el ministerio calcula que costarán los tratamientos en los próximos tres años. Sin embargo, Alonso y el Ministerio de Hacienda les han ofrecido otra fórmula: comprarlos a crédito.
El plan, por tanto, está aprobado, pero la financiación aún se tiene que discutir. La semana del 20 de abril, anunció Alonso, las comunidades se reunirán con el Ministerio de Hacienda para gestionar el detalle de estos créditos con intereses bajos (cero al principio), un periodo de amortización de 10 años y que no computarán como déficit. Por el momento, el País Vasco es la única comunidad que ha rechazado este crédito, aunque, según señaló Alonso, ha solicitado una reunión con Hacienda.
'Cascos blancos' en emergencias sanitarias internacionales
España contará con un contingente de lo que el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, llamó ayer cascos blancos, que actuarán en caso de emergencias sanitarias en el exterior. Será una bolsa de profesionales sanitarios interesados en participar en tareas de control de las emergencias que declare la Organización Mundial de la Salud (OMS), como la actual del ébola en África Occidental, que en poco más de un año se ha cobrado más de 10.000 víctimas. El Estado "podrá disponer de ellos y movilizarlos en un periodo de tiempo inmediato y tendrán garantizado sus derechos desde un punto de vista laboral y estatutario", explicó Alonso.
Sanidad ha decidido regular esta bolsa mediante una enmienda a la Ley del Voluntariado, actualmente en tramitación. El Consejo de Ministros aprobó el proyecto en enero pasado. La nueva normativa permitirá regular y unificar la concesión de permisos o excedencias para que los profesionales puedan incorporarse a los contingentes, asegurar la cobertura sanitaria asistencial necesaria y garantizar las condiciones para una repatriación segura.
También establecerá qué tipo de profesional puede solicitarlo. El tiempo que pasen en labores de cooperación se reconocerá como trabajado y contabilizará para la antigüedad. También puntuará en una oposición en el caso de que el sanitario no tenga plaza fija. Médicos del Mundo denunció en noviembre pasado las dificultades que se encontraban los cooperantes sanitarios para obtener permisos para viajar a África.
Hasta ahora se han seleccionado 17 profesionales epidemiólogos, asegura el Ministerio de Sanidad, que se suman a los 213 cooperantes españoles que en el último año han participado en las tareas de contención del virus en África.
Los consejeros de Andalucía y Asturias plantearon este jueves a su llegada al Consejo Interterritorial otra posible fuente de desencuentros: pidieron que las comunidades puedan beneficiarse directamente de los descuentos que el Ministerio de Sanidad ha pactado con los laboratorios, y que serán mayores a medida que más pacientes sean tratados. El precio de los fármacos irá bajando por tramos. Por los primeros 4.000 pacientes se pagará un precio, por los siguientes 4.000 otro más bajo, y así hasta siete tramos. Pero estas rebajas progresivas tienen que repartirse entre comunidades, de forma que ninguna tenga la tentación de esperar a que el precio vaya bajando para empezar a administrar los tratamientos.
María José Sánchez Rubio, consejera andaluza, aseguró que en su región se han administrado 2.500 tratamientos —en realidad, 1.250 completos, puesto que cada tratamiento se compone de dos antivirales— desde primeros de año y teme que las autonomías más diligentes tengan que pagar más cara la medicación. “Dar tratamientos anticipadamente no puede ser un castigo”, aseguró. Faustino Blanco, consejero asturiano, subrayó que los descuentos deben ser “equitativos” para no penalizar a las comunidades “más comprometidas”.
Sanidad es consciente de que, si quiere garantizar la equidad y evitar que alguna región espere para obtener fármacos más baratos, tiene que repartir los tratamientos de cada tramo y precio en función de la población de cada autonomía. Alonso anunció que así se establecerá cuando se negocien los créditos.
Visto bueno a la prescripción enfermera
El Ministerio de Sanidad y las comunidades dieron ayer el visto bueno al real decreto que regulará la llamada prescripción enfermera.
Las enfermeras solo podrán indicar medicamentos u otros productos sanitarios que no necesitan receta. “La prescripción va unida al diagnóstico, y los que diagnostican son los médicos”, recordó el ministro.
Esta norma lleva pendiente desde 2009. El objetivo es dar seguridad jurídica a los profesionales de enfermería.
Lo que Sanidad se niega a desvelar es qué comunidades están comprando menos fármacos que la media y, por tanto, están tratando a menos pacientes de los que deberían. El ministerio cuenta con esos datos, pero no los divulga. Antonio María Sáez Aguado, consejero de Castilla y León (PP), aseguró este jueves que hay regiones que no están dando los tratamientos. No precisó cuáles. José Ignacio Echániz, consejero de Castilla-La Mancha (PP), acusó a Andalucía de estar entre las comunidades “reticentes”. Aseguró que lo sabe porque los laboratorios farmacéuticos le han dado sus datos de gasto.
La Plataforma de Afectados por la hepatitis C (PLAFHC) se concentró a las puertas del Ministerio de Sanidad durante la reunión para pedir a las comunidades que se sumaran al plan nacional. Su presidente, Mario Cortés, insistió en que no debe haber diferencias en el acceso a los fármacos en función de la comunidad de residencia. Cortés ha asegurado que hay regiones que siguen sin tratar a los pacientes y que otras no están cumpliendo el plazo máximo de tres semanas entre la indicación médica y la llegada de la medicación. Esta es una de las medidas que incluye el borrador del plan, pensada para evitar inequidades.
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