El pinche envenenador se sienta en el banquillo

Sus compañeros lo describían como un hombre agradable, atento, siempre dispuesto a hacer favores. Alguien de quien fiarse. Pero en 2006 algo empezó a ir mal. Uno de los camareros enfermó. Malestar general, enrojecimiento, vómitos... Nadie sabía por qué. Enseguida fueron cayendo otros. Pérdidas de peso, dificultad para hablar, mareos, depresión... Cayeron como fichas de dominó: uno detrás de otro. Todos menos el pinche de cocina Andrés Avelino F. F., el hombre que este jueves se ha sentado en el banquillo de los acusados en Juzgado de lo Penal N.º 1 de Gijón.

Este jueves ha arrancado el juicio oral contra el ayudante de cocina de una sidrería, acusado de suministrar un fármaco a 19 compañeros de trabajo. Lo hizo "al menos" durante ocho años, desde 2004 hasta 2012, a través de la comida que les preparaba, según el informe fiscal. El ministerio público pide que se le condene a 65 años de prisión y que asuma el pago de 65.000 euros en indemnizaciones y una multa de 4.320 euros. El acusado, de 57 años y en prisión provisional desde 2013, ha negado los hechos y ha asegurado que nunca tuvo problemas con ninguno de ellos. "Nunca tuve en mi poder ese medicamento ni tuve problemas con mis compañeros". También está imputada su pareja, E.M.G., como cómplice.

El acusado trabajaba en la sidrería El Lavaderu. Según el escrito fiscal, suministró a sus compañeros un fármaco llamado Colme (Cianamida), indicado para la dependencia del alcohol, que, si se ingieren bebidas alcohólicas, provoca una reacción. Nadie sabía nada, nadie sospechaba nada. Hasta que un día murió el cocinero del restaurante.

La única víctima mortal que se vincula con estos hechos falleció en 2011 en la propia sidrería. La causa probable de la muerte fue una parada cardiorrespiratoria compatible con infarto de miocardio, según certificó el forense. La familia no sospechó nada y pidió incinerar el cuerpo. Como no hay cuerpo que exhumar, al ayudante de cocina no se le juzgará por su muerte.

Pero sí por los cuadros de malestar que sufrieron sus compañeros. Unos síntomas que ocasionaron que algunos perdieran el trabajo por bajo rendimiento y otros se dieran de baja voluntariamente: mejoraban cuando no trabajaban. La fiscalía pide el pago de una factura por la asistencia médica en centros sanitarios del Sespa que supera los 20.000 euros.

El acusado conseguía el fármaco en una farmacia de Gijón, según las investigaciones. Por la "relación de confianza" con el dependiente, nunca le pedían receta médica y por ello se sigue un procedimiento administrativo en la Consejería de Sanidad de Asturias. La defensa, sin embargo, ha pedido la anulación del juicio por supuestas "irregularidades" en la cadena de custodia de dos frascos, cuya sustancia se determinó que correspondía a dicho medicamento.

La Fiscalía y las acusaciones particulares han rechazado la petición, que deberá ser resuelta por el juez en la sentencia. El acusado, que ha insistido en que no tuvo acceso a ese fármaco, ha afirmado que sus compañeros acudían a trabajar después de haber bebido alcohol y consumido estupefacientes. Y aunque ha reiterado que no compró Colme, varios de los agentes que investigaron el caso han declarado que la empleada de la farmacia les informó "sin ningún tipo de duda" que el empleado de El Lavaderu sí compraba ese fármaco y otros medicamentos unas dos veces al mes.

¿Cómo los pagaba? Cuando la policía registró la taquilla que el principal acusado tenía en la sidrería, no encontró Colme, pero sí una "gran cantidad" de dinero. De hecho, el acusado fue despedido cuando las cuentas empezaron a no cuadrar. El dueño le pidió explicaciones y el acusado no supo explicarse. ¿Por qué lo hizo? El médico forense que lo examinó le encontró cuerdo. No hay un móvil claro.

La Fiscalía le imputa 13 delitos de lesiones y 6 faltas de lesiones con la agravante de abuso de confianza. Por ello pide una condena de cinco años de prisión por cada delito (en total, 65 años) y el pago de una multa de dos meses a 12 euros diarios por cada una de las faltas (en total, 4.320 euros), con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

Además, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado abone indemnizaciones a las víctimas que suman 43.940 euros y que pague al Sespa 20.647,80 euros por los gastos sanitarios.