La fuga del etarra Plazaola cuestiona la actuación de la policía y los jueces

Los máximos responsables del Poder Judicial y del Ministerio del Interior se desmarcaron ayer de la secuencia de acontecimientos que, el pasado martes, permitieron al etarra Alberto Plazaola escabullirse de su casa en la localidad guipuzcoana de Oñati cuando el Tribunal Supremo ya había anulado su excarcelación, decretada por la Audiencia Nacional el 4 de diciembre.

Desde que se conoció la decisión del Supremo hasta que la policía recibió la orden de detención pasaron casi cinco horas, las mismas que transcurrieron entre que se dictó esa orden y los agentes iniciaron el registro de la vivienda del etarra. En total, diez horas de trámites burocráticos que Plazaola aprovechó para desaparecer y sobre los que la cúpula judicial y policial intercambiaron ayer culpas y explicaciones.

Escapó después de saber que los jueces habían acordado detenerle

El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, asumió que parte de la responsabilidad recae en su tribunal. Lesmes vinculó la huida con una “filtración” desde el propio Supremo que permitió que la decisión de volver a encarcelar al etarra se conociera antes de que se le notificara a la policía y aseguró que se investigará al responsable. “Trataremos de identificar a la persona responsable y le exigiremos responsabilidades porque en este caso se ha producido un daño a la justicia”, aseguró Lesmes.

La investigación se centrará en la Sala de lo Penal, la que el martes resolvió los recursos del fiscal contra las excarcelaciones de Plazaola y del ex dirigente etarra Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros, aunque este último volvió a la cárcel en enero por su relación con dos atentados de los años ochenta que aún no se han juzgado. Según fuentes del tribunal, Lesmes se dirigirá al presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, para que intentar aclarar de dónde salió la información.

El ministerio de exime de culpas aunque vigilaba al etarra desde hace días

La reunión de los jueces empezó sobre las 10.30 del martes y a las 12.30, el gabinete de comunicación del Supremo informó de que ya se habían resuelto los recursos, pero que no se haría público el sentido de la deliberación. Los jueces siguieron reunidos y a las 12:56, un teletipo de la agencia Efe adelantó que los magistrados habían anulado la libertad de Potros y Plazaola. Minutos después, la noticia se difundió por todos los medios de comunicación, pero, según fuentes del tribunal, la decisión de volver a encarcelar a Plazaola no se comunicó a la Audiencia Nacional hasta pasadas las tres de la tarde.

Interior difundió ayer un comunicado con la secuencia horaria desde que el asunto se puso en sus manos y, según este relato, la policía no recibió hasta las 17.22 el auto de la Audiencia que ordena la detención. Para entonces, según Interior, un grupo de personas se había concentrado ya frente a la casa del etarra para “obstaculizar” a los agentes y estos no podían acceder a la vivienda porque hasta las 20.44 no recibieron el auto que autorizaba la entrada en el domicilio del etarra. Otras fuentes precisaron que la policía no pidió ese permiso hasta las 19.40, dos horas después de recibir la orden de detención.

En ese contar las horas frente a la casa del etarra en que se convirtió la tarde del martes para la policía, los agentes tuvieron que esperar hasta las 23.05 a que llegara la secretaria judicial de Bergara para hacer la entrada y registro de la vivienda. La intervención terminó a las doce de la noche sin rastro de Plazaola.

La cúpula judicial y policial pone el foco en esas diez horas que pasaron entre que el tribunal decidió que el etarra debía volver a la cárcel y la policía entró en la casa del etarra. Pero la resolución del Supremo era previsible desde el 13 de enero, cuando el tribunal rechazó la acumulación de penas al etarra Kepa Pikabea. Ese día ya se supo que haría extensible esa medida a otros etarras a los que la Audiencia había dejado libres en virtud del mismo convenio europeo. Entre ellos, Potros y Plazaola. El etarra, además, podía conocer desde hace días, porque se había hecho público desde el Supremo, que los jueces estudiarían su caso el martes pasado.

¿Podía la policía tener vigilado al etarra para evitar su fuga? El ministro Jorge Fernández Díaz se eximió ayer de responsabilidad porque, aseguró, Plazaola no estaba vigilado ya que lo contrario habría sido “una ilegalidad”. Según Interior, la ley no permite establecer dispositivos de vigilancia “permanente” sobre personas que se encuentran en libertad.

Sin embargo, fuentes policiales admiten que había un dispositivo discreto, desde hace semanas alrededor de la casa del etarra. Esta versión coincide con la que ofreció ayer la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, que reconoció que la decisión del Supremo no cogió por sorpresa y aseguró que “las medidas previas estaban tomadas, el seguimiento policial estaba tomado, estaba realizado”. Este dispositivo, según las fuentes consultadas, tenía localizado a Plazaola en su pueblo hasta el mediodía del martes. Antes de la hora de comer entró en su casa y nadie lo volvió a ver salir, pero cuando la policía entró, pasadas las once de la noche, el etarra ya no estaba allí.