La Fiscalía pide archivar la causa de nueve empresarios del ‘caso Bárcenas’

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Pablo Ruz que archive la causa abierta contra nueve empresarios que figuran como pagadores en los llamados papeles de Bárcenas, la contabilidad secreta del extesorero del Partido Popular. El representante del ministerio público, Antonio Romeral, entiende que no existe una correlación entre las cantidades que figuran como recibidas de los empresarios en la caja b del PP y adjudicaciones públicas, por lo que no ve justificada la imputación de delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias o alteración de precios en concurso público.

El fiscal Romeral asume las tesis de las defensas de los empresarios José Mayor Oreja (FCC), Juan Miguel Villar Mir (OHL), Antonio Vilela Jerez (Rubau), Luis del Rivero (Sacyr), Joaquín Molpeceres, Rafael Palencia, José Luis Suárez (Copasa), Cecilio Sánchez y Ramón Aigé (Copisa). La decisión sobre levantarles la imputación dependerá del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que instruye el caso Gürtel y la pieza separada sobre los papeles de Bárcenas, que publicó EL PAÍS el 31 de enero de 2013. En estos documentos manuscritos Bárcenas consigna ingresos por 7,5 millones de euros por parte de empresarios entre 1990 y 2008. Estos fondos, según la contabilidad y según ha admitido el propio Bárcenas ante el juez en varias ocasiones, se destinaron al pago de gastos ordinarios del partido, campañas electorales y sobresueldos a miembros de la cúpula de la formación conservadora.

El representante del ministerio público contesta favorablemente una por una las peticiones de los empresarios, pero todos los escritos son del mismo tenor: de lo investigado hasta ahora no se puede determinar si las entregas de dinero de los empresarios –que siempre han negado los pagos- “han podido influir en la obtención y consecución de los contratos públicos”. El fiscal explica que “solo en este caso” [que haya correlación entre pagos y contratos] las presuntas donaciones tendrían relevancia penal”.

El fiscal cita dos informes elaborados para el juez por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en abril y octubre de 2014. Estos dosieres no encuentran relación entre los pagos de los empresarios y los contratos otorgados por las distintas Administraciones a las empresas que dirigían o para las que trabajaban. También cita tres informes de técnicos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, y que están adscritos a la Fiscalía Anticorrupción.

Uno de los casos más llamativos era el de Antonio Vilela, de la empresa Rubau, que realizó en 2004 dos entregas de 50.000 euros cada una y que supuestamente compró en octubre de 2004 acciones de Libertad Digital con fondos opacos del Partido Popular. Según el fiscal, en este caso no hay elementos probatorios suficientes que Vilela participara en un delito de apropiación indebida al recibir el dinero negro de Génova 13 para la adquisición de los títulos del grupo de medios de Federico Jiménez Losantos.