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Interior ordena un informe sobre el patrimonio del comisario Villarejo

Fernández Díaz investiga si tenía permiso y la compatibilidad empresarial del mando

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, solicitó este martes un informe a la Dirección General de la Policía para comprobar la compatibilidad o incompatibilidad de las empresas privadas —12 sociedades con 16 millones de capital, según datos del Registro Mercantil publicados por EL PAÍS— del comisario José Manuel Villarejo con el desempeño de sus funciones como policía. El ministro dijo entender que dichas actividades empresariales “estuvieron autorizadas y acreditadas por los órganos y unidades correspondientes en su momento”, tal y como aseguró a este periódico el propio comisario. Fernández Díaz hizo hincapié en que eran “empresas creadas hace 20 años, que unas funcionaban y otras no” y apuntó, además, que no era su competencia controlar el patrimonio de los funcionarios policiales, puesto que existían órganos y unidades “muy competentes” a tal efecto dentro del Cuerpo Nacional de Policía.

La reclamación ministerial se produce en un contexto político tumultuoso y en plena precampaña electoral para las elecciones municipales y autonómicas del próximo 24 de mayo. Villarejo es uno de los mandos policiales que se reunió con el todavía presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en noviembre de 2011 —en pleno traspaso de poderes del PSOE al PP en el Gobierno—. El encuentro, promovido por los policías, fue en una cafetería de la puerta del Sol con el supuesto fin de aclarar el origen del ático que el político del PP disfrutaba —y posteriormente compró— en Estepona, y que presuntamente había sido adquirido a través de una empresa sita en el paraíso fiscal americano de Delaware.

La conversación de ese encuentro fue grabada por los propios agentes —Villarejo iba acompañado de otro comisario, Enrique García Castaño— y su contenido lo filtraban El Mundo y la Cadena SER este lunes, dejando de manifiesto los términos en los que se produjo esa reunión, en la que el presidente de la Comunidad de Madrid muestra su preocupación porque salga a la luz pública el asunto. Lo hablado entonces entre cafés ha desembocado en un cruce de querellas: González contra quienes en su día encargaron una investigación policial que él considera ilegal, sin fundamento delictivo y con fines por determinar; y el comisario contra González por acusarle de extorsión y chantaje.

El ministro del Interior —que dijo tener “mucha información” sobre este sucio asunto— se mostró taxativo y contundente en el Senado: “Las investigaciones [sobre el ático de González] fueron irregulares porque se realizaron al margen de los cauces y protocolos establecidos en la policía”. Lo dijo en respuesta a una pregunta del senador Enrique Cascallana (PSOE) y, de paso, aseguró que —“lo crean o no”— no conocía la existencia de esas grabaciones: “No figuraban en el expediente que fue remitido por la policía al juzgado de instrucción número 47 de Plaza Castilla a petición del juez”. Y concluyó: “Es un asunto judicializado y espero que el magistrado actúe si lo cree conveniente”.

La adquisición lícita o ilícita de dicha propiedad —una casa de 500 metros cuadrados en la urbanización Alhambra Golf sobre la que pesa la sombra de Gürtel, en la supuesta forma de un obsequio por la recalificación de unos terrenos de Arganda— está efectivamente en los tribunales, concretamente en el juzgado de instrucción y primera instancia número 5 de Estepona y, en paralelo, en ese juzgado número 47 de Plaza de Castilla, donde González interpuso la denuncia por la supuesta investigación ilegal acerca de sus bienes.

42 meses de investigación

EL PAÍS, Madrid

La investigación sobre el ático del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (PP), iniciada por la policía en agosto de 2011 para saber si se trataba de un regalo a cambio de favorecer un negocio urbanístico, continúa abierta hoy en un juzgado de Estepona. El ático estaba a nombre de una empresa estadounidense, a la que González pagaba, según dijo, 2.000 euros al mes de alquiler en una zona donde los precios medios triplican esa cantidad.

Dos policías —uno de ellos, José Manuel Villarejo— se reunieron con González en noviembre de 2011 y le ofrecieron cerrar la investigación si les daba los recibos que justificaran ese alquiler, según ha dicho el presidente madrileño. Él asegura que de esa manera intentaron chantajearle; Villarejo lo niega. En marzo de 2012, el ministro del Interior, Jorge Fernández, consideró ilegal aquella investigación iniciada en la etapa socialista. Pero su departamento abrió otra en junio de 2012, archivada un mes después.

González compró finalmente el ático por 770.000 euros a finales de 2012. En enero de 2013, una juez de Estepona abrió una causa tras la denuncia del sindicato SUP, e imputó por blanqueo a la esposa de González. La Audiencia de Málaga anuló esa imputación. La juez intenta desde entonces, sin éxito, conocer el origen del dinero con el que se pagó el ático.

En el transcurso de las distintas pesquisas y de las diligencias iniciadas y archivadas por la Fiscalía Anticorrupción en los últimos años han ido cayendo —siendo “destituidos”, como bien recordó el ministro en su comparecencia en el Senado— altos mandos policiales.

Y las dudas sobre la limpieza o no de esa transacción inmobiliaria de Ignacio González, en un momento en el que la corrupción política en España tiene convulsionada al electorado, han dejado caer también esta última semana al presidente de la Comunidad de Madrid dentro de su propio partido. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no lo ha elegido como candidato. En su lugar para la presidencia autonómica concurrirá Cristina Cifuentes, actual delegada del Gobierno en Madrid.

La presidenta del PP de Madrid y candidata a la Alcaldía de la capital, Esperanza Aguirre, principal valedora de Ignacio González —y del cabecilla de la trama corrupta Púnica, Francisco Granados— no dudó en defender al que fue su sucesor en la presidencia de la Comunidad y aseguró que ha sido “víctima de una trama”. Acto seguido apostilló que no parece que José Manuel Villarejo sea “un comisario de policía como todos”.

Las palabras del ministro

  • "He pedido un informe a la Dirección General de la Policía en relación al patrimonio del comisario Villarejo y sus posibles incompatibilidades, que entiendo fueron autorizadas por los responsables de los organismos y unidades correspondientes de la policía en su momento".
  •  "Algunas empresas fueron creadas hace 20 años, unas funcionan y otras no".
  •  "Las grabaciones [de la conversación entre Villarejo e Ignacio González] no estaban en el expediente que la policía mandó al juez".
  •  "Algunas investigaciones [sobre el ático de González] fueron irregulares".

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, admitió que le resultaba “chocante” y “sorprendente” que el citado comisario tenga participación en tantas empresas, pero en todo caso aconsejó preguntar a quien le autorizó la compatibilidad con la actividad policial, llegando incluso a sugerir el nombre del exministro socialista de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba.

Por su arte, los sindicatos policiales calificaron de “poco ético” el supuesto uso de estas empresas para supuestas investigaciones encubiertas. “Es lamentable ver estas situaciones”, decía Antonio Labrado, secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP). “Un comisario como este no representa al Cuerpo Nacional de Policía”, agregaba. En el Sindicato Unificado de Policía (SUP) se veía como “un caso claramente más político que policial”. Javier Estévez, portavoz del SUP, reclamaba que el ministro del Interior, el director general de la Policía y el secretario de Estado salgan y expliquen por qué se cerró esa investigación. “En cuanto a las empresas de Villarejo, si tiene las autorizaciones no le vemos mayor problema. Si se han utilizado para trabajar al servicio del Estado, no parece muy ético”, matizaba.

“Todo el mundo sabía de estas empresas, de los servicios extraordinarios, y que por eso se le ha permitido que las mantuviera”, resolvía José María Benito, portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP). “Si todo está en regla, no vemos ningún problema”.

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