El fantasma de UCD

Desde el mismo día en que se hicieron públicos los papeles de Bárcenas debía de haber estado claro para el PP que la suerte de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno estaba echada. Debía de haber estado claro que, cada día que pasara sin que se entendiera así, únicamente podía conducir a lo que ha conducido: a que no sea la suerte personal del presidente sino la del partido la que se vea comprometida. O dicho de otra manera: a estas alturas del guion el problema ya no es Mariano Rajoy sino el PP. Lo que está en juego no es que Mariano Rajoy vaya a tener que acabar dejando de ser presidente del Gobierno, sino la propia supervivencia del PP como partido. La derecha española parece verse abocada a revivir la terrible experiencia que vivió a principio de los ochenta. Parece condenada a tener que reinventarse políticamente para poder competir, porque con las siglas PP no va a poder continuar presentándose en sociedad.

Tras el recorrido de los ‘papeles de Bárcenas’, el PP se juega su futuro parlamentario

Por casualidades del destino va a ser de nuevo en Andalucía donde esta incapacidad de la derecha española para poder competir bajo unas siglas se va a hacer visible. Si el resultado del referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica del 28 de febrero de 1980 fue el que deslegitimó a UCD como partido de gobierno, hiriéndolo de muerte, es más que posible que lo mismo le ocurra al Partido Popular una vez que se conozcan los resultados del 22 de marzo.

Las elecciones andaluzas se presentaban feas para el PP en todo caso. Pero, tras el recorrido judicial que han tenido los papeles de Bárcenas en esta legislatura, lo que el PP se juega es mucho más que el tamaño más o menos reducido de su grupo parlamentario. Los ciudadanos andaluces vamos a ser los primeros que vamos a tener que pronunciarnos sobre la mentira, acreditada judicialmente aunque todavía no exista una sentencia firme, en que se ha instalado el PP. No solamente el presidente del Gobierno, sino el conjunto del partido. Vamos a ser los primeros que vamos a tener que decidir a través del ejercicio de un derecho fundamental si es aceptable que se pida la confianza de los ciudadanos con base en la mentira.

Algo de esto es lo que han empezado a dejar traslucir los resultados de las últimas encuestas que se han conocido, la de Metroscopia que se hizo pública el 1 de marzo y la del CIS, que se conoció el jueves, en las que se anuncia un batacazo para el PP. La tendencia se va a acelerar dramáticamente en las dos semanas de campaña electoral que quedan. El PP ya sabe por la experiencia del 11 al 14 de marzo de 2004 el coste que tiene pedir el voto ocultando la verdad. Ahora llueve sobre mojado. No de manera sangrienta, como entonces, pero sí de forma mucho más prolongada y con tintes mucho más repulsivos.