Juicio a dos policías por simular la ‘ejecución’ de un detenido en Palma

Dos policías nacionales —el inspector Víctor G. F., de 39 años, y un agente Javier Joaquín A. B.— destinados en Mallorca han sido juzgados en la Audiencia de Palma bajo la acusación de haber sometido a un detenido a presuntas torturas, en los sótanos de la Jefatura Superior de Policía de Palma. Cada uno se enfrenta a una petición del fiscal de tres años de cárcel y nueve años de inhabilitación absoluta por intentar menoscabar la dignidad personal y la integridad física de la víctima.

Los reos, que estuvieron 40 días presos y llevan cinco años suspendidos, según la fiscal perpetraron una “una verdadera barbaridad, sobre todo teniendo en cuenta que (el detenido) está esposado y que ocurre en dependencias policiales”. Teniendo de rodillas, simularon repetidamente su ejecución, disparándole tres veces el arma en seco, sin estar cargada. Quisieron infligir una represalia a la víctima, David, por haber lesionado a un policía en una disputa nocturna en un bar, mientras el agente estaba fuera de servicio.

La víctima narró que le gritaban: “Cabrón, tú le has rajado la mano a un compañero mío y te voy a pegar un tiro diciendo que ha sido en defensa propia”. El detenido lloró y chilló en el suelo de pánico. “Te voy a pegar un tiro a ti, a tu mujer y a tu hija”, le gritaron. Le presionaron con tanta fuerza en la sien que la boca del cañón de la pistola se le quedó marcada en la piel. Uno de los policías limó su arma para intentar evitar su identificación.

Los hechos sucedieron el 9 de agosto de 2009 y tardaron semanas en investigarse y en ser detenidos los acusados, el 27 de octubre. Además de los dos agentes juzgados en la vista flotó la sospecha de la existencia de otro posible autor —que pateó a David— así como varios testigos no identificados en los atestados y en las declaraciones. Por ello, durante las sesiones, fueron muy duros los reproches del tribunal.

La Audiencia lamentó la pasividad de la policía para investigar internamente los hechos

La Audiencia lamentó la pasividad de la policía para investigar internamente los hechos y denunciar al juez el caso, así como los errores, lagunas y manipulaciones en los atestados. “Se me cae la cara de vergüenza, como ciudadana”, espetó la presidenta del tribunal, Francisca Ramis.

Un testigo apeló a la “lealtad” aprendida en la Academia de Policía para tapar o disfrazar un episodio del caso. La juez advirtió que la policía, institución del sistema democrático, no opera como “una secta”. Un letrado subrayó que no se juzgó a todos los autores: “Ni son todos los que están, ni están todos los que son”.

Uno de los abogados defensores asumió que en los sótanos de comisaría su cliente cometió un acto “execrable, denigrante, de provocación”, pero negó la simulación de la ejecución. Los dos imputados asumen, parcialmente, en su aspecto menos grave, su participación en los hechos.