La Abogacía pide a Castro que aplique la ley y exija un tributo por Pedralbes

La Abogacía del Estado mantiene abierta una pugna con el juez José Castro, instructor del caso Nóos o caso Urdangarin, sobre la aplicación de la ley del impuesto inmobiliario para no residentes en la venta del palacete de Pedralbes. Esta transacción —que defiende la Abogacía— le permitiría a Hacienda obtener un 3% de la operación. El magistrado, sin embargo, no ha aceptado la petición de exigir el pago del impuesto como una condición para la venta del palacete porque el primer trámite de la Abogacía —en nombre de la Agencia Tributaria— se efectuó fuera del plazo. Castro ha reprochado, además, la falta de atención o pasividad de la representación estatal. La venta se cerró por 6,9 millones de euros.

La Abogacía le indica ahora, en un recurso de reforma a Castro, que un juez "nunca puede dejar de aplicar la ley", puesto que "conoce el ordenamiento jurídico y debe resolver conforme al mismo". La letrada estatal Dolores Ripoll le advierte de que no se puede "quebrar" el principio de igualdad establecido por la Constitución, en su artículo 14.

Castro, en el escrito que replica la abogada, explicó a la Abogacía que había tenido "sobradas oportunidades" para expresar esta petición. El juez le advirtió, además, que "algunas" de las vías que ha abierto para la representación jurídica oficial han sido de "dudoso encaje procesal". Castro recordó que "entre sus funciones no está el asesorar a los duques de Palma" sobre qué impuestos han de pagar.

Ripoll ha actuado en el caso Nóos en alianza con el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, en especial en la imputación del delito fiscal o de blanqueo a la infanta Cristina.