Jueces y corruptos

Si alguien no solo tiene que ser honrado sino parecerlo más que nadie son los jueces. El espectáculo que están dando una buena porción de jueces madrileños, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Francisco José Vieira al frente, al descubrirse que la empresa que debe modernizarles les paga dietas por asesorarles por cuenta de la Comunidad, es penoso. Lo más probable es que el llamado “promotor de acción disciplinaria” nombrado por el Consejo General del Poder Judicial para esclarecer los hechos concluya con un sí es, no es, sino todo lo contrario. Es decir: nada. Corporativismo puro y duro.

Vieira, junto al singular Emilio Fernández Castro, se enfrentó al magistrado Suárez Robledano cuando se trataba de dilucidar si se anulaban o no del sumario de la operación Gürtel las escuchas ordenadas por Baltasar Garzón que, como se sabe, fue el juez que inició la instrucción del más escandaloso caso de corrupción política que ha habido en España, sin que los verdaderos responsables hayan dado explicación alguna. Suárez Robledano, un magistrado conservador, mantuvo la dignidad del poder judicial. Gracias a esa anulación que propiciaron esos otros dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Tribunal Supremo terminó condenando a Garzón por un delito de prevaricación y le expulsaron de la carrera judicial. En cambio, no se siguió actuación alguna contra Antonio Pedreira ni contra Suárez Robledano, el primero porque les dio pena debido a su enfermedad y el segundo porque les traía sin cuidado.

El problema era el de unos jueces, Garzón o Pedreira, que se atrevieron a investigar las finanzas de un partido

Así se escribe la justicia en España cuando la política, en sus estratos más altos, se interfiere en su camino. Si el lector coge el libro El caso Bárcenas, de Ernesto Ekaizer, en su página 119 se dice lo siguiente: “El 23 de marzo de 2010, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuncia que ha decidido anular por dos votos contra uno todas las grabaciones, excepto una, realizadas en la cárcel de Soto del Real por orden del juez Garzón y prorrogada por el juez Pedreira. Dos votos, el de Vieira y el de Fernández Castro, contra uno, de Suárez Robledano, que presenta un voto particular en el que justifica la grabación de las conversaciones. Aunque los jueces no entran en la existencia del delito de prevaricación, Trillo está eufórico. Dice que es una prueba de lo que él sostiene”.

¿Y qué es lo que Trillo sostenía entonces? También lo cuenta Ekaizer un poco más adelante: “Yo creo”, dice Trillo, “que aquí el papel fundamental es el de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Lo tenemos bajo control. Tengo una relación personal con Vieira. El problema es la instrucción del juez Pedreira”. Efectivamente, el problema era el de unos jueces, Garzón o Pedreira, que se atrevieron a investigar las finanzas de un partido. En la cárcel acabó “el sargento Vázquez”. Los oficiales y generales estaban a resguardo. Cuando los jueces se dejan tentar por prácticas corruptas o por corruptelas se pierde la confianza en ellos.