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La Guardia Civil registra la Diputación de Huelva

Los agentes buscan documentación relacionada con subsidios agrarios

Un agente de la Policía Judicial guarda en un coche una de las cajas con documentación de la Diputación de Huelva. Ampliar foto
Un agente de la Policía Judicial guarda en un coche una de las cajas con documentación de la Diputación de Huelva. EFE

Miembros de la Guardia Civil han registrado este viernes las oficinas de la Diputación de Huelva en busca de documentación del Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), más conocido como Plan de Empleo Rural (PER). Los registros están relacionados con una investigación, a cargo del Juzgado de Instrucción número 2 de Valverde del Camino, por supuestas irregularidades en el uso de estos subsidios agrarios. Los guardias también están recabando documentación en el Servicio Público de Empleo Estatal, ubicado en el barrio de Pescadería.

La investigación, que desarrolla la Policía Judicial, se inició hace un año, a raíz de una denuncia de dos ciudadanos particulares sobre contrataciones de un trabajador y de materiales de construcción en el municipio onubense de Tharsis, perteneciente a la Comarca del Andévalo, según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Hasta el momento no se han producido detenciones ni imputaciones de ninguna persona.

El registro ha sido una sorpresa para los propios trabajadores de la Diputación, que hoy no han podido acceder a su puesto de trabajo sin conocer qué había ocurrido. La investigación judicial está bajo secreto de sumario y trata de averiguar si se han producido contrataciones de forma irregular “con cargo a ayudas y subvenciones públicas y si éstas se han podido destinar a fines distintos”, según el comunicado del Alto Tribunal.

Los agentes se han incautado de documentación y de los elementos necesarios para “calibrar el alcance del presunto fraude”. Las diligencias judiciales se han incoado por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación y desvío de subvenciones.

La actuación judicial se produce también cinco días después de que UPyD pusiera en conocimiento de la Fiscalía que la Diputación de Huelva, a lo largo de 2013, supuestamente destinó 300.000 euros con cargo al Plan de Fomento del Empleo Agrario a "cuestiones bien distintas para las que inicialmente se conceden estos fondos".