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¿Y qué hace la Agencia Tributaria?

Después de que Jordi Pujol i Soley y sus hijos declararan, el pasado 27 de enero, que Jordi Pujol Ferrusola había administrado los fondos depositados en Andorra a partir de 1990, tras el fallecimiento de los dos anteriores gestores, la juez Beatriz Balfagón ha citado a declarar en calidad de imputado al primogénito el próximo 26 de marzo.

La juez califica en su auto a Pujol Ferrusola como "el encargado de realizar su reparto entre la señora Ferrusola [Marta] y sus siete hijos, ingresando en varias veces las oportunas cantidades en las respectivas cuentas abiertas por los beneficiarios". La juez añade que fue también Pujol Ferrusola "quien pudo tratar directamente con los anteriores gestores [ya fallecidos] y ante el cual estos tuvieron necesariamente que haberle rendido cuentas facilitándole la información sobre la cantidad inicialmente legada por Florenci Pujol Brugat y la rentabilidad obtenida en los últimos años".

Esto es lo que se deriva, según la juez, de las declaraciones del pasado 27 de enero. "Al menos, así lo indicaron sus hermanos en las diversas declaraciones justificando su ignorancia en el hecho de que fue el hermano mayor quien se ocupó de todo lo relativo al supuesto legado".

Legado sobre el que, por cierto, Francesc Cabana, cuñado de Pujol, se ha permitido dudar el pasado lunes en la comisión de investigación del Parlament. Ya su esposa, María, hermana de Jordi Pujol, dijo el 25 de julio, tras escuchar la confesión del expresident, no saber nada de esos fondos que presuntamente hubiera legado su padre, Florenci Pujol Brugat.

Bien.

Pero además de la declaración de Pujol Ferrusola, la juez hace una petición que el fiscal Alejandro Luzón no solicitó.

"Ofíciese a la Agencia Tributaria, Delegación en Cataluña, a fin de que informe si se ha procedido a la verificación de los datos declarados por los imputados en sus respectivas declaraciones fiscales complementarias, o en el caso de que no haya sido así, que se proceda a ello, indicando, además, si a la fecha de la regularización, se habían iniciado actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización".

 La regularización que los abogados y asesores fiscales aconsejaron a la familia Pujol tuvo lugar una semana después que las cuentas de la Banca Privada de Andorra aparecieron en el diario El Mundo, el 7 de julio de 2014. El 14, en efecto, se presentaron las declaraciones complementarias.

Una pregunta interesante es por qué, después de la comparecencia del ministro Cristóbal Montoro, a primeros de septiembre pasado, donde hizo gala de conocer la situación, no se ha comunicado la liquidación de intereses y la multa correspondiente.

¿Por qué es relevante la respuesta de la Agencia Tributaria?

Porque es la base para determinar, o no, la existencia de delito fiscal. Que es lo que se investiga en el juzgado de instrucción número 31 de Barcelona.

 ¿Qué resultado tuvieron las actuaciones de comprobación o investigación de la Agencia Tributaria?

 Es posible que para el próximo 26 de marzo cuando declare Pujol Ferrusola se aclaren muchas cosas.

 Para entonces, el material solicitado por el juez Ruz por comisión rogatoria a Andorra ya podrá estar en el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. La juez Ángels Moreno seguramente enviará los datos entregados por los bancos con anterioridad. No es fácil que uno de los recursos de apelación presentados por la defensa de Pujol Ferrusola para bloquear la entrega de datos prospere.

Y cabe esperar que la Agencia Tributaria aporte al juzgado sus conclusiones sobre la regularización.

Comentarios

Muy interesante, y buena pregunta. ¿Qué pasa con la Agencia Tributaria?
Una interesante reflexión, ¿algún día sabremos qué pasa?Yo no apostaría por ello.
Los vecinos de la comunidad hemos pedido a la gestoría que encargue a un industrial reparador que mire de limpiar los bajantes y canalones, previo presupuesto, porque algunos pisos tienen problemas de humedad. Y la primera respuesta ha sido la de cambiarlos y poner material nuevo, sacando la tela asfáltica y colocando otra nueva, o sea. Un dineral.Así sin subirse siquiera al alero del tejado.Y en política, muy a nuestro pesar funciona el asunto más o menos del mismo estilo.Con la garantía de que paga el erario público previa firma del gestor que busca quien arregle el entuerto.Tirándolo todo sin más y colocándolo nuevo.Y que paguen los vecinos.Que ya puestos, se podrían tirar los pisos y hacerlos otra vez, de nuevo diseño a cuenta de una derrama gigante que pagaran a escote entre todos.Y sería legal.Si está firmada la autorización por quien representa a los vecinos, de puño y letra.Se pueda o no se pueda hacer frente a tanto derroche.Si no hay nadie que lo encauce o lo pare.
Muy interesante, y buena pregunta. ¿Qué pasa con la Agencia Tributaria?

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