Seis elecciones con la sombra de los ERE de Andalucía

El escándalo de los ERE fraudulentos subvencionados por la Junta de Andalucía ha acompañado a los votantes andaluces durante las últimas cuatro elecciones y, si se atiende al calendario judicial, lo hará en al menos dos más. El Supremo ha citado a los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves para el próximo abril, por lo que el caso ERE seguirá presente en las elecciones autonómicas del 22 de marzo, y su sombra se extenderá más que probablemente a las municipales del 24 de mayo.

A principios de febrero, la juez Mercedes Alaya pidió una prórroga al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para permanecer en el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla y avanzar en las macrocausas que instruye antes de su ascenso a la Audiencia de Sevilla.

Las decisiones de la juez Mercedes Alaya, instructora de la causa, han formado parte de las precampañanas y campañas de las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011, de las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, de las elecciones autonómicas del 25 de marzo de 2012, y de las elecciones europeas del 25 de mayo de 2014.

En todas ellas los partidos políticos, principalmente el Partido Popular, las ha utilizado como arma arrojadiza contra el PSOE. En las municipales de 2011, por ejemplo, la juez Alaya dictó un auto a cinco días de las elecciones que tildaba de “inaudita” la tramitación de los ERE. A tres días de los comicios locales citó como imputado al candidato de IU a la alcaldía de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos.

Cinco días antes de las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, la juez dictó un auto que señalaba por primera vez en los ERE al presidente de la Junta, José Antonio Griñán y advertía de que estaba ya en “el último escalón de la pirámide” del fraude.

En las elecciones autonómicas del 25 de marzo de 2012, la juez encarceló al entonces principal implicado en el caso, el ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, el 9 de marzo, la noche que empezaba la campaña electoral. Guerrero estuvo dos días declarando ante la juez. El 16 de marzo le impuso una fianza de responsabilidad civil de 686 millones de euros. A cinco días de las elecciones, citó a declarar al chófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, que confirmó que parte del dinero de los ERE se lo gastó en fiestas y cocaína. También fue a prisión.

En las elecciones europeas del 25 de mayo de 2014, el 13 de mayo ordenó el embargo a la exministra Magdalena Álvarez. El 14 de mayo imputó a la cúpula de la agencia pública Idea (16 personas), pagadora de los ERE. Entre ellos estaba el presidente de Unicaja Braulio Medel.