La bandera y la cartera: el tope de la solidaridad

La estampa “palco del Bernabéu”, que en el imaginario soberanista catalán reuniría a lo más granado de los potentados españoles, pesa enormemente sobre las relaciones Barcelona-Madrid. El notario y analista Juan José López Burniol sostiene que la caracterización que el presidente de la II República Manuel Azaña realizó sobre la “casta” detentadora del poder político-financiero-funcionarial y mediático sigue hoy teniendo sentido y que lo que podría llamarse el “sindicato de intereses acoplado al Estado” se ha reproducido por metástasis en las comunidades autónomas. ¿El palco del Camp Nou no sería, en su escala, una réplica del del Bernabéu?

“El sistema está mal diseñado porque produce ajenidad, desapego de las partes respecto al todo. Por un lado, otorga poderes omnímodos a los Gobiernos autonómicos y, por otro, les niega la capacidad de influir sobre el todo. Habría que tratar de involucrar a las partes en la gobernanza del conjunto porque cada vez hay más gente comprometida exclusivamente con su pequeña comunidad”, destaca Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España que tiene su sede en Barcelona. Fiado a su experiencia en EE UU, considera un error que la capital política esté ubicada en una gran ciudad industrial, comercial y financiera. “Eso hace que Madrid y Londres compitan con la doble ventaja de albergar el poder estatal y su parte autonómica, pero introduce un elemento de rivalidad e inestabilidad muy fuerte. Cataluña es la primera zona industrial española y, sin embargo, no irradia nada de eso al resto del país”, indica.

Bajo las acusaciones de expolio fiscal y las reivindicaciones, lo que late es la reclamación del reparto de poder estatal. Motor económico, potente comunidad cultural, capital española del turismo, la actividad editorial y el deporte, Cataluña, con el 18% del PIB español, se siente constreñida en el modelo actual de la España de las autonomías. Sus élites no han dejado de considerarse más modernas, cultas y europeístas que las madrileñas a lo largo del último siglo y llevan mal la dependencia política de Madrid. En un momento en el que el Estado nación soberano está pasando a mejor vida, ¿no habría que refundar esta España, “nación de naciones” que dice la Constitución, sobre bases nuevas que la hagan más eficiente y capaz y, de paso, incluir la ley de claridad canadiense en la nueva Constitución para regular y arbitrar los procesos rupturistas?

Algo debe de fallar en el sistema autonómico cuando el que da lo hace a disgusto y el que recibe nunca se muestra satisfecho

Algo debe de fallar en el sistema autonómico cuando el que da lo hace a disgusto y el que recibe nunca se muestra satisfecho, pero no puede decirse que el juego de la negociación bilateral haya resultado enojoso para todos. En un sistema como este, permanentemente abierto, los representantes autonómicos siempre pueden adjudicarse el mérito de lo obtenido o, si el objetivo no se consigue, descargar la culpa sobre “Madrid” e incrementar la montaña de los agravios. Marcar y ahondar las diferencias con el resto de las comunidades es requisito necesario para capitalizar los logros sin necesidad de responsabilizarse de los fracasos, abonar el clientelismo doméstico, controlar el asociacionismo civil, los medios de comunicación públicos, los resortes de poder.

No habrá en el mundo una población tan familiarizada con herramientas contables y conceptos tan ásperos como el de “ordinalidad” y balanza fiscal. En el habla común, la ordinalidad —principio que establece que la aportación financiera solidaria de una autonomía no puede acarrear pérdida de su posición en la financiación per cápita o recursos—, se ha sumado con igual desenvoltura a las balanzas fiscales. (Oído en un bar de Barcelona, a modo de conclusión conciliadora tras una discusión entre amigos sobre los provechos y peligros de la ruptura): “Aquí, todos somos independentistas económicos”. La expresión: “Hay que poner un tope a la solidaridad” (con España, el resto de España) es compartida de manera generalizada, aunque si hay algo que irrita sobremanera a los catalanes es que se cuestione su disposición a contribuir a la solidaridad.

En la derecha, como en buena parte de la izquierda, se da por supuesto que el 8% del PIB que Cataluña aporta supuestamente a las arcas comunes debería reducirse al 3%. “Las demandas fiscales catalanas tienen base técnica. Los länder alemanes, por ejemplo, consideran que una aportación superior al 2,5% es ya una solidaridad interterritorial mal entendida”, asegura Joaquim Gay, presidente de la patronal Fomento del Trabajo. Noticias como que el Gobierno extremeño ha bajado los impuestos son declaradas casus belli porque al convencimiento de que pagan bastantes más impuestos que los ciudadanos del resto de España, se suma el dato de que Cataluña cuenta con una financiación pública per cápita inferior a la de otros territorios.

Expresiones como "nos estamos sacudiendo la vasquitis" es un comentario nada inusual a la hora de abordar la financiación

Es ahí, donde la proverbial consideración política de los catalanes hacia los vascos ha empezado a resquebrajarse. Expresiones como “nos estamos sacudiendo la vasquitis” es un comentario nada inusual a la hora de abordar la financiación autonómica. “Los vascos nos cuestan dinero”, apunta Juan José López Burniol, miembro en su día de Ciutadans pel Canvi (CpC), plataforma cívico-política que aupó a Pasqual Maragall al Gobierno de la Generalitat. Hay un coro de voces que desde ángulos bien diversos señala al cupo vasco como un elemento de agravio e inequidad altamente disonante. “El factor agravio respecto a Euskadi pesa mucho. De acuerdo con los datos del Centro de Documentación y Estudios de San Sebastián, el País Vasco destina a ayudas sociales el 3,1% de su PIB; Alemania, el 4,2%; Francia, el 3,3% y Reino Unido el 2,8%, frente al 0,3% del conjunto de España. Los vascos destinan a este capítulo un total de 450 millones de euros para una población de 2,1 millones de personas, mientras que los 7,5 millones de catalanes contamos con un presupuesto de 173 millones de euros”, señala Joan Subirats, presidente del Instituto de Gobierno y de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona.

“Todos sabemos que la excepcionalidad vasca y navarra permite a estas comunidades disponer de recursos per cápita superiores en un 40% o 50% a las demás y ese es el germen de lo que está pasando en Cataluña. El pistoletazo de salida de la movilización independentista se produjo tras la reunión Rajoy-Mas en la que este último le exigió una fórmula similar al cupo vasco”, indica Antonio Zabalza, que habla para este reportaje en su condición de catedrático de Teoría Económica. Antiguo secretario de Hacienda y actual presidente de Ercros, se muestra partidario de una ley que, sin privar a Euskadi y Navarra del régimen foral, protegido por la Constitución, establezca un cálculo correcto del cupo de forma que contribuyan a la solidaridad común de manera equivalente a otras comunidades. “Soy pesimista”, añade, “porque hasta que esto no se resuelva habrá tensión e inestabilidad en el sistema de financiación”. A su juicio, el sistema autonómico, falto de coherencia global, necesita una reforma constitucional que lo adecue definitivamente.

La posibilidad de que el soberanismo obtenga la mayoría absoluta parlamentaria en septiembre y que ERC haga una declaración unilateral de independencia genera en el mundo de la empresa inestabilidad e inseguridad jurídica. “Las compañías están haciendo sus planes de contingencia para saber cómo puede afectarles la independencia y qué estrategia deben adoptar porque, además, hay miedo de que en torno al proceso independentista se genere una radicalización muy fuerte. El dossier España-Cataluña va a estar presente en los centros decisorios financieros y si allí no ven el panorama claro desviarán sus inversiones a otros destinos”, afirma Ramón Abel, vicepresidente de la Asociación de Directivos de España.

Parte del empresariado contempla con estupefacción la ligereza con que, desde las esferas oficiales, se plantea el proceso independentista

“No hay deslocalizaciones de empresas, pero sí una pausa inversora”, asegura el director de una gran firma exportadora catalana. “Las inversiones directas extranjeras están siendo más bajas aquí que en el resto de España porque la situación preocupa y las compañías están a la espera de que el panorama político se despeje. En las sedes centrales de las multinacionales existe un gran interés informativo por saber qué va a pasar. No entienden que este proceso político no esté pactado y canalizado. Hay que tener en cuenta que las compañías hacen sus planes a 10 años vista”, enfatiza este empresario que prefiere mantenerse en el anonimato. “El Gobierno catalán está completamente volcado en el soberanismo y todo se resiente, incluida la política industrial. El proceso ya está teniendo un coste”, añade.

Parte del empresariado contempla con estupefacción la ligereza con que, desde las esferas oficiales, se plantea el proceso independentista. “Yo también creo que Cataluña puede ser un Estado de la UE dentro de 10 o 15 años, pero no se puede ocultar a la gente que la transición sería dura y tendría un alto coste en pérdida de inversiones y de nivel adquisitivo, aumento del paro…”, indica Ramón Abel. “Vamos a un conflicto muy largo y aburrido en el que Cataluña se va a dejar muchas plumas”, opina Jaime Malet. “Si no hacemos nada antes de septiembre, si no hay un gesto desde Madrid y dejamos que esto descarrile vamos a sufrir todos. No hay puentes, ni diálogo, ni caminos y el café para todos ya no sirve”, subraya Joaquim Gay.