Gritos de “ladrón” y “golfo” para los interrogados por las tarjetas ‘black’
Una veintena de preferentistas increpa a los exconsejeros en la Audiencia Nacional
Una treintena de manifestantes, la mayoría de ellos ahorradores afectados por la compra de participaciones preferentes de Bankia, ha recibido al grito de "golfos" y "mangantes" a los primeros exconsejeros de Caja Madrid que han llegado a la Audiencia Nacional para declarar por el uso de las tarjetas black opacas al fisco, en las que cargaron gastos personales por valor de 15,2 millones de euros entre 2003 y 2012.
A las puertas de la Audiencia Nacional, en la calle Prim de Madrid, los congregados han lanzado gritos de "ladrón" y "golfo" a la llegada del primer interrogado, Moral Santín, exdirigente de Izquierda Unida (IU) y vicepresidente de la entidad durante el mandato en el que Miguel Blesa fue presidente.
Varios jubilados que compraron preferentes de Caja Madrid han aguardado desde primera hora de la mañana a las puertas del órgano judicial portando pancartas en las que se podía leer "Estafa bien preparada y consentida por los grandes partidos. ¿Dónde está nuestro dinero? ¡Justicia ya!". Conforme han ido entrando, los manifestantes les han llamado "panda de mangantes" y les han recriminado que hayan "arruinado a miles de familias".
El pasado septiembre, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu incorporó a la investigación del caso sobre la venta de preferentes de Caja Madrid, actual Bankia, los correos electrónicos del expresidente de la entidad Miguel Blesa, como le pedía una acusación particular. Según Adreu, existen indicios suficientes que indican como los directivos y dirigentes de Caja Madrid "sabrían o deberían haber sabido el grave deterioro que la entidad estaba sufriendo" antes de la venta masiva de preferentes –deuda perpetua- a sus clientes, quienes sufrieron un grave quebranto económico.
La Audiencia Nacional está investigando a los directivos de Caja Madrid y las entidades que conformaron Banco Financiero y de Ahorro (BFA) y Bankia por la comercialización de estos productos de deuda perpetua con los que miles de familias han perdido los ahorros invertidos.
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