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El fiscal exige el dinero de las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid

Anticorrupción reclama fianzas para los consejeros que cargaron gastos personales

Los imputados echan la culpa a Blesa

El fiscal quiere que el dinero de las tarjetas opacas de Caja Madrid vuelva al contribuyente. El ministerio público reclamó este lunes al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que fije fianzas de responsabilidad civil para seis de los diez consejeros de la entidad que declararon como imputados por el uso de las tarjetas de la entidad, a las que se cargaron 15,5 millones de euros para gastos personales entre 2003 y 2012. Los consejeros lanzaron versiones contradictorias sobre este asunto ante el juez Andreu. El magistrado tiene previsto interrogar hasta el próximo miércoles a los 27 miembros del Consejo de Administración de la entidad que participaron —y supuestamente propiciaron— el festín de gastos irregulares, propuestos por casi todos los partidos, sindicatos y organizaciones patronales. Este lunes prestaron declaración los diez primeros, imputados por apropiación indebida y administración desleal.

Desde el principio surgieron las versiones discrepantes. La diferencia fundamental reside en la naturaleza de los gastos cargados a las tarjetas. La mayoría de los imputados sostuvieron que se trataba, en sentido más o menos amplio, de gastos de representación vinculados a su cargo dentro de la caja madrileña. Sin embargo, José Antonio Moral Santín, ex vicepresidente de la caja a propuesta de IU, y quizá el consejero más relevante de cuantos declararon este lunes, ofreció una versión distinta. Moral Santín afirmó que los 456.000 euros que gastó con la tarjeta black —de los cuales 366.350 euros corresponden a 695 extracciones en efectivo en cajeros— formaban parte de su “paquete retributivo”. Es decir, de su salario como consejero.

Moral Santín no solo contradijo a sus compañeros de consejo, sino que también se matizó a sí mismo en varias ocasiones. El magistrado le pregunto cómo era posible que si las tarjetas opacas al fisco eran parte de su sueldo no agotara el saldo mensual y anual que se le había fijado. El ex consejero señaló entonces que las tarjetas, y sobre todo las disposiciones de efectivo, eran también para gastos de representación, entre los que citó las reparaciones de su vehículo, que utilizaba para acudir a reuniones en nombre de la entidad tanto en Madrid como fuera de la capital. El magistrado Andreu, en un momento del interrogatorio, le reprochó que su versión era un “batiburrillo”, según varios abogados presentes en la sesión.

También surgieron discrepancias sobre la posibilidad de sacar dinero en efectivo en los cajeros. Solo Moral Santín —vistos sus saldos era baladí negarlo— reconoció disponer de un número PIN para operar en distribuidores automáticos. El resto negó tener una clave para extraer dinero. “Ni me lo indicaron, ni pregunté, ni lo intenté [sacar dinero del cajero]”, respondió el exconsejero Rodolfo Benito, propuesto por CC OO, a preguntas del juez Andreu.

Sí hubo un aspecto en el que coincidieron todos los imputados: en señalar al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa como el directivo que, tras desembarcar en la entidad en 1996 de la mano del expresidente del Gobierno, José María Aznar, convirtió las tarjetas en un agujero negro de gastos personales incontrolados. Muchos consejeros recibieron la tarjeta visa en época de Jaime Terceiro, el antecesor de Blesa al frente de la entidad. Fue el entonces secretario del consejo, Ángel Montero, quien les hizo entrega del medio de pago, con un límite de 600 euros mensuales y la advertencia de que la usaran con “prudencia”.

Tras la llegada de Blesa y su mano derecha en el consejo, Enrique de la Torre, el concepto cambia. Los interrogados ayer aseguraron que les dijeron que las tarjetas eran para gastos personales, con el límite anual y mensual fijado en cada tarjeta, y que oscilaba en función del cargo y la dedicación de cada consejero, y de la confianza —o la necesidad de asegurarse su voto— que Blesa tuviera depositada en ellos.

Quien más claramente expuso esta situación fue Pedro Bedia, consejero por CC OO. “Las tarjetas eran para gastos personales, de hecho me llegaron a exhortar a que la usara más y me llamaron varias veces para decirme que la estaba usando poco”. Entre enero de 2003 y diciembre de 2011, Bedia cargó a la tarjeta un total de 77.082 euros, la mayor parte de los cuales corresponden a restaurantes de lujo, aunque también hay gastos en grandes almacenes, gasolineras e incluso recargas de teléfono móvil.

El fiscal anticorrupción Alejandro Luzón pidió para seis de los diez imputados una fianza civil que cubra la cantidad que gastaron con la tarjeta opaca. El representante del ministerio público solo eximió de depositar esta garantía a los sindicalistas de CCOO Rodolfo Benito y Juan José Azcona; al representante de los impositores Guillermo Marcos y al antiguo representante de UGT en la caja Gonzalo Martín Pascual. Según fuentes jurídicas, estos cuatro exconsejeros han logrado justificar como gastos de representación los cargos que figuran en sus tarjetas black.

Sobre el resto, el fiscal aprecia que cometieron un supuesto delito de administración desleal al permitir, desde su puesto en el Consejo de Administración de la entidad, la puesta en marcha del sistema de tarjetas opacas al fisco.

Fe de errores

Una versión previa de este artículo se acompañaba con una imagen del fiscal Javier Zaragoza, pero en el pie de foto se le identificaba como José Antonio Moral Santín.

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