El pacto PP-PSOE, sin margen de maniobra para sumar a más grupos

Gobierno y PSOE ven muy poco margen de maniobra para que el resto de grupos parlamentarios puedan unirse esta semana al pacto antiterrorista. El jueves se aprobará en el Pleno del Congreso la proposición de ley y hoy lunes se presentarán las enmiendas parciales de los grupos que afectan a apartados esenciales de ese texto legal y, por tanto, hacen difícil el acuerdo.

El pacto antiterrorista se concreta fundamentalmente en una reforma del Código Penal que afecta a todo el apartado de delitos terroristas. El acuerdo solo ha sido suscrito por los diputados de UPN, Coalición Canaria y Foro Asturias, pero ha sido radicalmente rechazado por el resto que, en algunos casos, incluso ven tachas de inconstitucionalidad.

Las enmiendas de UPyD, Izquierda Plural, CiU y PNV afectan fundamentalmente a la definición de los delitos de terrorismo y a la remisión que se hace a la aplicación de la pena más alta prevista en el Código Penal, es decir, la prisión permanente revisable o cadena perpetua.

Por ejemplo, las enmiendas de UPyD, a las que ha tenido acceso este periódico, proponen una pena máxima “de 20 a 30 años si se causara la muerte de una persona”, como sustitución a esa cadena perpetua que, en función del pacto PP-PSOE, se aplicará a los delitos de terrorismo con resultado de muerte.

En la justificación de las enmiendas, el partido de Rosa Díez explica que “una conducta sea calificada como delito debe ser descrita en detalle con anterioridad a la realización de esa conducta, y el castigo impuesto debe estar especificado, también en detalle y de manera previa por la ley”. Por eso, rechaza que se haga solo “una simple alusión general”.

“No solo eso, la pena de un precepto de vital importancia como el que nos ocupa será además variable en función de futuras reformas legislativas, en las que no se pretenda reformar los delitos de terrorismo, cuando la hasta entonces pena más alta varíe en función de esas reformas que probablemente nada tengan que ver con el terrorismo”, añade en referencia a la intención del PSOE de recurrir esa cadena perpetua y derogarla si gobierna.

Concluye que “el texto actual es algo absolutamente insólito en nuestro ordenamiento y los de nuestro entorno y por ello su redacción debe ser modificada a través de la fijación de una pena concreta. El precepto, de no corregirse, es abiertamente inconstitucional, y especialmente grave por este motivo, porque las consecuencias que pudiera tener en un futuro su —nada improbable— declaración de inconstitucionalidad devendría en la expulsión del Código penal del delito de asesinato terrorista, lo que es seguro que provocaría una petición masiva de revisiones de condena de los terroristas y su consecuente salida de prisión mucho antes de lo ahora previsto”.

Coinciden en sus enmiendas IU, CiU y PNV. Los nacionalistas catalanes también enmiendan la definición de terrorismo por entender que sería aplicable a otras conductas y que falta la exigencia de hecho violento. IU presenta enmiendas de supresión por entender que ya está regulada la lucha contra el terrorismo y porque, según explicó Gaspar Llamazares en el pleno el martes, la definición sirve para perseguir como terrorismo conductas como las protestas vecinales de Gamonal (Burgos), los escraches, las acciones de Greenpeace o los bloqueos de desahucios, entre otras.

UPyD, además, pretende una reformulación de la legislación sobre justicia universal para que se puedan perseguir esos delitos y la aprobación de créditos extraordinarios para que los servicios secretos y las Fuerzas de Seguridad del Estado puedan perseguir el yihadismo.

Fuentes del Gobierno, no obstante, aseguran que intentarán negociar esta semana con los grupos con el objetivo de incorporar a CiU y UPyD.