“Los inmigrantes se ahogaron, no influyó la acción de la Guardia Civil”

La investigación judicial de la tragedia de Tarajal dio un vuelco importante esta semana. La instructora citó como imputados, por primera vez, a 16 guardias civiles por el fallecimiento de 15 inmigrantes que trataban de alcanzar a nado esa playa ceutí el 6 de febrero de 2014. Ese día, en el que los agentes usaron material antidisturbios cuando los sin papeles se encontraban en el agua, Francisco Antonio González (Madrid, 1960) se encontraba al frente de la Delegación del Gobierno de la ciudad. En ese puesto sigue un año después. Y desde ese cargo defiende el papel del instituto armado: "Su actuación no influyó en absoluto en las muertes. Ni por activa, ni por pasiva".

"Lo que no pueden pretender las ONG es subvertir la realidad. Las autopsias [practicadas a los cadáveres recuperados en aguas españolas] son un hecho incuestionable. Ninguna revela algo distinto a lo que los forenses dicen: los inmigrantes fallecieron por ahogamiento, sin ningún tipo de impacto de material antidisturbios", continúa González. En conversación telefónica con EL PAÍS, el representante del Ejecutivo ha manifestado este viernes su "absoluta confianza" en el proceder de la Guardia Civil en la valla. "Los inmigrantes murieron, entre otras cosas, por la angustia de intentar pasar. Entre ellos mismos, como así se vio, se impidieron nadar. Y se pasaron, incluso, algunos por encima de otros".

González jugó un papel clave en las horas posteriores a la tragedia. Compareció varias veces y aseguró que no se había utilizado material antidisturbios cuando los inmigrantes se encontraban en el agua; así como que tampoco se habían producido devoluciones en caliente a Marruecos de los supervivientes. Dos aseveraciones que desmintieron después las imágenes captadas por las cámaras de la frontera. "Lo que dije fue lo que me transmitieron que había pasado. Y además se me dijo por escrito", afirma.

Las ONG no pueden subvertir la realidad. Las autopsias son incuestionables

El entonces máximo mando de la Comandancia de Ceuta, el teniente coronel Andrés López, firmó entre el 6 y el 8 de febrero tres informes en los que se ocultaba el uso de material antidisturbios en el agua. Se afirmaba que solo se había utilizado en el vallado. López fue relevado seis meses después, aunque el delegado niega relación entre ambos hechos. Y evita referirse a la actuación aquellos días de los jefes del instituto armado. ¿Pero, al menos, no le preocupa que le estuvieran informando erróneamente? "No voy a decir nada más de eso. Yo no tengo que justificarme de lo que sucedió entonces, porque dije lo que se me dijo", sentencia.

Y, de inmediato, insiste en la línea defendida por Interior tras conocerse la citación de los 16 agentes: "Digo con absoluta rotundidad que los guardias civiles son inocentes". "Espero que la jueza tenga ahora la suficiente tranquilidad para tomar las decisiones que estime oportunas, sin someterse a la presión de ninguno poder, incluido a la presión mediática", remacha el representante del Ejecutivo —máximo cargo político del que dependen las fuerzas de seguridad en la ciudad autónoma—. Este añade: "Los cadáveres que aparecieron en Ceuta lo hicieron como consecuencia de la modificación de las mareas. Queda demostrado que estas muertes se produjeron en territorio marroquí".

Lo que dije tras la tragedia de Tarajal fue lo que me transmitieron que había pasado

Pese a ello, la imputación de los 16 guardias civiles es una realidad. Y no llega en un momento cualquiera. Marruecos acaba de desmantelar los campamentos de inmigrantes cercanos a la verja —"No hemos notado una presión migratoria distinta hasta la de ahora"—. Pero, además, el PP ha aprobado recientemente en el Congreso la legalización de las denominadas devoluciones en caliente. Una práctica que provocó la imputación del máximo mando de la Guardia Civil de Melilla; y que consideran ilegales las ONG, el Defensor del Pueblo, el Consejo de Europa y un nutrido grupo de juristas: todos ellos aseguran que estos retornos violan el derecho de asilo. Opinión que rechaza tajantemente el delegado del Gobierno, que insiste en que el cambio normativo lo preserva.

"El problema es que no llegan a la valla a hacer la petición de asilo", comenta, antes de añadir que esta solicitud la pueden presentar, por ejemplo, en el consulado español de Marruecos. "Estamos hablando de una entrada irregular violentando la frontera", subraya quien abogó por esa reforma legal "para que los agentes tengan el respaldo explicito de una ley". "Aunque anteriormente también lo tenían", concluye.