Imputados cuatro jefes de la Guardia Civil por una muerte en una explosión

El Juzgado de Instrucción número 1 de Valdemoro (Madrid) ha imputado a los mandos del complejo de la Guardia Civil de Valdemoro como presuntos responsables de un delito contra la seguridad del trabajo, en concurso con otro de homicidio imprudente. El juzgado investiga la muerte del subteniente Francisco Morcillo Moya, el 29 de julio de 2010, como consecuencia de una explosión en el Colegio de Guardias Jóvenes del instituto armado.

Ya han prestado declaración como imputados el general de división Ángel García Aranda, presidente de la Asociación Prohuérfanos de la Guardia Civil (titular del edificio donde se produjo la deflagración), el coronel Faustino Gallego, jefe del Servicio de Retribuciones, el coronel Antonio Almazán Guerra, jefe del Colegio Duque de Ahumada, y el coronel Manuel González Alonso, jefe del Servicio de Desactivación de Explosivos (SEDEX).

Inicialmente, el juzgado de instrucción dictó el sobreseimiento del caso. Sin embargo la familia del fallecido, representada por el Gabinete Jurídico Suárez-Valdés, recurrió ante la Audiencia Provincial de Madrid, que revocó el archivo, tras constatar múltiples irregularidades.

La deflagración se produjo en los talleres del SEDEX, donde se habían acumulado muestras de artefactos explosivos e incendiarios, mientras en dependencias contiguas recibían clase 25 guardias destinados en la Casa Real. Fue uno de los alumnos quien avisó de que salía humo del almacén, por lo que se ordenó la evacuación inmediata, pero siete guardias no pudieron salir y tuvieron que refugiarse en una dependencia cuya única vía de escape era un ventanuco con rejas. Con ayuda de una maza y auxiliados por sus compañeros desde el exterior, consiguieron abrir los barrotes y escapar a una muerte segura. Mientras, el subteniente Morcillo, “en un acto de encomiable valentía”, en palabras de la Audiencia, tomó un extintor e intentó apagar el fuego, pero la deflagración de uno de los artefactos almacenados arrancó la hoja metálica de una puerta, que le golpeó causándole la muerte.

La instrucción ha constatado que el sistema de detección de incendios fallaba y que la alarma acústica se disparaba sin motivo, hasta el punto de que nadie le hizo caso cuando sonó el día de autos; que el local, a pesar del “alto riesgo de explosión”, no tenía ventilación natural, salidas opuestas de emergencia ni comunicación directa al exterior, así como tampoco sistemas de detección automática de incendios o detección de gas; y que la boca de riego que se encontraba a 40 metros del local no funcionaba (faltaba el vástago de apertura de la llave, la boquilla no era compatible con la manguera y carecía de presión), por lo que los bomberos, cuando llegaron, tuvieron que tomar el agua de la piscina del complejo. El año anterior, con motivo del incendio de unos matorrales, ya se constató que no funcionaban los hidrantes, pero no se repararon, a pesar de que había una empresa contratada para mantener el sistema de detección de incendios que, en teoría, realizaba cuatro revisiones anuales.

Todos los mandos de la Guardia Civil que han declarado como imputados han declinado su responsabilidad, aunque han admitido que no existía un servicio de prevención de riesgos laborales.