La Audiencia Nacional desentierra los crímenes olvidados de ETA

En la mañana del 7 de julio de 1990, el policía nacional Juan Domínguez Cruz, natural de Badajoz, sufrió la mutilación de ambas piernas al explotar la bomba lapa, cargada con dos kilos de amonal, adosada bajo su coche por ETA en Barakaldo (Bizkaia). Cuatro años antes, el 8 de junio de 1986, el cabo de la Guardia Civil Antonio Ramos, fallecía tiroteado en Mondragón (Gipuzkoa). Ramos, de 31 años y nacido en Espera (Cádiz), acababa de ser destinado al País Vasco. Dejaba mujer y un hijo de cinco años.

Estos dos atentados, olvidados por todos excepto por quienes los sufrieron directamente, han vuelto a la luz en los últimos meses. Por el primero fue detenida —y luego puesta en libertad por falta de pruebas— el pasado octubre la exetarra Nagore Mujika. Por el segundo, la fiscalía pidió el pasado 13 de enero 29 años de prisión para el terrorista Josu Uribetxabarria Bolinaga, que murió tres días después a causa de un cáncer.

Ambas causas permanecían traspapeladas en los archivos de la Audiencia Nacional hasta que la Policía y la Guardia Civil las rescataron del olvido días antes de que prescribieran. Tras cruzar sus archivos con los sumarios de otros atentados, las fuerzas de seguridad solicitaron a la fiscalía la revisión de estos atentados. En este año, la Audiencia ha reabierto, además, la investigación sobre al menos tres atentados. Por dos de ellos —un coche bomba en Barcelona en 1987, con un fallecido, Juan Fructuoso Gómez, y el intento de asesinato del entonces fiscal general del Estado Luis Antonio Burón— la Audiencia Nacional ha ordenado la vuelta a prisión de Santiago Arrospide Sarasola Santi Potros tras 45 días en libertad por la acumulación de sus condenas en Francia.

El último caso reabierto conocido, en este caso a instancias de la familia de la víctima es el del asesinato del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez. La Audiencia busca a los etarras que ordenaron a Valentín Lasarte disparar un balazo en la nuca al edil el 23 de enero de 1995.

La coincidencia de la reapertura de todas estas causas en un corto lapso ha llevado a la izquierda abertzale a denunciar una presunta “ansia de venganza” de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad en puertas de un periodo multielectoral.

Fuentes de la Audiencia Nacional niegan rotundamente que exista una “ingeniería jurídica”, como sostiene Sortu, para hacer regresar a prisión o prorrogar artificialmente la estancia en la cárcel de etarras con graves delitos a sus espaldas. “Se trata de casos puntuales. En el caso de Santi Potros, no se le pudo detener en su día por aquellos atentados porque Francia había denegado su extradición por esos hechos”, afirman fuentes judiciales. El convenio de extradición con Francia obliga a que pasen 45 días antes de poder arrestar en España a alguien que se encuentra en libertad por unos hechos por los que el otros Estado ha rechazado la entrega, explican.

Fue la Policía Nacional la que preguntó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a raíz de la excarcelación de Potros, si seguían vigentes las órdenes de detención contra el terrorista, como inductor de los dos atentados de 1986 y 1987. Tras examinar los sumarios y comprobar que la investigación no había prescrito, se notificó la imposibilidad de actuar antes de 45 días, tras los cuales Potros fue detenido. “Nuestro deber es hacer justicia en cada asunto concreto siempre que haya pruebas suficientes para sostener una acusación y la causa no esté prescrita”, afirman fuentes judiciales, que consideran que “sería escandaloso archivar las causas sin esclarecerlas y tener los casos guardados a propósito para provocar la extinción de las responsabilidades (...) no se puede hacer más que cumplir la ley, para lo bueno, detener y juzgar a los responsables de los atentados, y para lo malo, archivar cuando no hay pruebas o las causas han prescrito”.

Según la última memoria de la Audiencia Nacional, siguen pendientes de cerrarse y juzgarse un total de 271 causas judiciales que afectan a 349 víctimas de ETA. De ellas, la mitad están archivadas provisionalmente. Fuentes judiciales explican que la mayoría de estas causas pendientes corresponden a crímenes cometidos en el País Vasco, casi siempre sobre militares y miembros de las fuerzas de seguridad en los años 80 del siglo pasado, considerados los años de plomo de ETA. “En aquella época, cuando ETA mataba a una persona cada tres días, la investigación era mucho más compleja, los guardias tenían bastante trabajo con protegerse. Tampoco había pruebas de ADN.

Normalmente, explica un juez de la Audiencia, las causas se reabren por iniciativa de la policía y la Guardia Civil y con la supervisión del ministerio público. “Aproximadamente cada juzgado de instrucción puede tener unas 400 o 500 requisitorias [órdenes de detención o de búsqueda], la mayoría por asuntos de terrorismo. Las fuerzas de seguridad tienen sus archivos y saben que los plazos de prescripción juegan en su contra. Están muy atentos”, afirma este magistrado.