El CGPJ rechaza las declaraciones del Gobierno sobre la Audiencia Nacional

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) calificó este martes de "exceso no justificado" las declaraciones de distintos miembros del Gobierno sobre la excarcelación de los etarras Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros, y Alberto Plazaola. Sin embargo, el órgano de gobierno de los jueces rechazó la petición de amparo formulada de los jueces de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que excarcelaron a los terroristas frente a lo que éstos consideran ataques por parte de varios miembros del Ejecutivo.

Al mismo tiempo que rechaza las declaraciones de miembros del Gobierno y del Congreso, la Comisión Permanente del CGPJ desestima por tres votos contra dos la petición de amparo planteada por los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Manuela Fernández Prado, Javier Martínez Lázaro y Ramón Sáez Valcárcel. Seis vocales del sector progresista del órgano de gobierno de los jueces exigían a sus compañeros de la permanente que pongan fin "a las injerencias por parte del poder ejecutivo que perturban la independencia" de los magistrados. Los vocales del Consejo piden al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes que "se pronuncie públicamente" y dé respuesta a los interesados.

El acuerdo aprobado señala que el Reglamento de la Carrera Judicial establece como requisito para admitir las peticiones de amparo que las actuaciones denunciadas no solo lesionen el valor de la independencia judicial, sino que, además, influyan en los procesos de toma de decisión. La Comisión Permanente considera que la independencia como no se puso en entredicho porque las críticas llegaron cuando la medida de excarcelar a los etarras ya había sido tomada, por lo que el amparo pretendido no puede ser admitido a trámite.

El texto del acuerdo, sin embargo, estima que algunas de las declaraciones públicas realizadas por responsables políticos reseñadas en el escrito de solicitud de amparo “carecen de una justificación mínimamente razonable y son un exceso no justificado de crítica de las decisiones judiciales que no solo comprometen el deber de respeto hacia las decisiones judiciales, sino que, además, transmiten a los ciudadanos una imagen distorsionada de la Justicia y del principio constitucional de separación de poderes, que ha de considerarse un principio constitutivo de nuestro sistema político y de convivencia”.

El acuerdo ha sido aprobado con los votos del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y de los vocales Juan Manuel Fernández y Gerardo Martínez Tristán. Los vocales Álvaro Cuesta y Mar Cabrejas, favorables a la admisión a trámite de la petición de amparo, han votado en contra.

Los tres jueces solicitantes acusan en su escrito a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y al portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, de pretender perturbar su "independencia, hacen esta petición después de que el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, recordase a los magistrados del alto tribunal que la vía adecuada es la petición de amparo.

En su escrito dirigido al órgano de gobierno de los jueces los magistrados de la Audiencia recuerdan que "un límite a la libertad de expresión es la imputación gratuita de actos delictivos".

En este contexto, apuntan que "sugerir que un tribunal dicta resoluciones injustas deliberadamente para imponer su propia voluntad al margen de la ley es atribuir la comisión de un delito de prevaricación".

"Cuando la imputación se realiza desde el Gobierno o por un portavoz autorizado en el Parlamento se puede estar cuestionando la propia de separación de poderes que se establece en garantía de la independencia judicial", señalan los firmantes antes de añadir que este principio se adoptó para que jueces y tribunales no fueran "inquietados ni perturbados por las indicaciones y presiones de los otros poderes del Estado".

En este sentido, trasladan "respetuosamente" al Consejo que las "reiteradas imputaciones, que proceden de autoridades de las instituciones del Estado", perturban su "independencia, necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado atendiendo exclusivamente a la Constitución y la ley".

Del mismo modo, apuntan que "la confianza de la sociedad en el buen funcionamiento de la justicia es una de las bases esenciales del Estado de Derecho", tal y como ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos "de manera reiterada" al abordar los límites a la libertad de expresión. "De ahí que la información y la emisión de opiniones sobre las decisiones de jueces y tribunales no deban de minar gratuitamente esa confianza", agregan.

Además de las "manifestaciones críticas" de los dirigentes políticos, los integrantes de la Sección Primera critican "el eco mediático de opiniones en prensa, televisión y radio" que les señalaron como "jueces injustos y prevaricadores" junto a la imagen de sus personas.

Sáenz de Santamaría, Fernández Días y Hernando

El escrito recupera las declaraciones que Sáenz de Santamaría realizó el pasado 5 de diciembre, en las que aseguraba que "la ley es muy clara y el criterio de la Sección Primera no cabe en esta ley". "Queremos decírselo también a las víctimas: esto no se puede hacer como lo ha hecho la Sección Primera de la Audiencia Nacional. Lo tenemos muy claro", aseguró.

Fernández Díaz, por su parte, señaló en una entrevista el 7 de enero que la decisión judicial era "lamentable desde todos los puntos de vista, también jurídicamente". "Conforme a la ley, no podían haber tomado una decisión como esta. Alguien puede pensar que esa decisión se ha tomado deliberadamente con el objetivo de no ajustarse en cuanto a su aplicación de lo que dice la ley sino a la voluntad de los que han adoptado la decisión", añadió.

Además, Hernando calificó de "injustas" estas resoluciones judiciales y afirmó: "No se entiende que en la Audiencia Nacional haya una sección que está a favor de aplicar una doctrina judicial de una determinada forma que siempre es favorable a los terroristas.