Los maltratadores no podrán hacer voluntariado con menores o mujeres

Los condenados por violencia doméstica estarán vetados en programas de voluntariado relacionados con la atención a familias, mujeres o menores. Puede parecer de sentido común, pero hasta ahora ninguna norma recogía esta precaución que incorpora el anteproyecto de Ley de Voluntariado que este viernes aprobó el Consejo de Ministros, junto al de la Ley del Tercer Sector de Acción Social.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de la cartera de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, explicó algunos de los aspectos incluidos en la nueva norma, que reforma y actualiza la anterior, de 1996, y dio detalles sobre las restricciones que se han introducido a quienes desean desarrollar actividades de voluntariado. Los condenados por atentar contra los derechos de los menores no podrán participar en proyectos en los que participen niños; y lo mismo sucederá en el caso de violencia doméstica cuando se trate de actividades en las que entren en contacto con mujeres, familias o menores. El ministro mostró su deseo de extender las limitaciones en el debate parlamentario de la norma. Ha aludido, por ejemplo, a las personas condenadas por terrorismo.

Fuentes del Ministerio han trasladado a este diario que está previsto el desarrollo de sistemas que, a la vez que garanticen el derecho a la intimidad, permitan a las ONG cerciorarse de que las personas que acuden a ellos a prestar acciones de voluntariado no tengan antecedentes penales que les impidan desarrollar estas tareas.

Si algún Ayuntamiento quiere dejar de ser honesto y amortiza puestos de trabajo públicos por voluntarios, debe saber que este comportamiento será ilegal Luciano Poyatos, presidente de la Plataforma del Voluntariado de España

Además, Alonso se refirió a la separación que debe existir entre el altruismo y la actividad laboral: “El voluntariado tiene que ser libre y gratuito, no puede sustituir al trabajo remunerado”. El anteproyecto recoge explícitamente que estas actividades “no podrá ser causa justificativa para la extinción de contratos de trabajo por cuenta ajena, ni en el sector público ni en el privado” y que las tareas desempeñadas de forma voluntaria “no podrán sustituir la prestación de servicios públicos” que la ley obliga a las administraciones.

Este aspecto es uno de los que destaca Luciano Poyatos, presidente de la Plataforma del Voluntariado, ya que solo se reconoce de forma difusa en la ley vigente. “Si algún Ayuntamiento quiere dejar de ser honesto y amortiza puestos de trabajo públicos por voluntarios, debe saber que este comportamiento será ilegal”, subraya. Según la Plataforma, en España hay cinco millones de voluntarios (1,2 dedicados al ámbito social).

A diferencia de la ley del Voluntariado, no existía una Ley del Tercer Sector, por lo que la intención de esta otra norma no es actualizar la regulación de una realidad que ha cambiado en los últimos 20 años sino reconocer y marcar el terreno de juego de las 29.000 entidades sin ánimo de lucro surgidas de la iniciativa ciudadana que ofrecen su ayuda de forma altruista en distintos ámbitos de la sociedad.

La norma introduce cambios en el régimen de tributación de estas entidades. El anteproyecto contempla que puedan acogerse al régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y a los incentivos de los que goza el mecenazgo, en lugar del régimen fiscal general en el que estaban incluidas hasta ahora. “Establece un marco jurídico que nos diferencia de la Administración, que es el primer sector, y de las empresas, que es el segundo sector”, explica Poyatos, que también preside la Plataforma del Tercer Sector, integrada por las asociaciones más representativas en el ámbito social, como la propia plataforma del Voluntariado, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, Cáritas o el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

Una vez ya ha comenzado el recorrido que llevará a la aprobación de estas normas, las entidades sin ánimo de lucro ya se han marcado nuevos objetivos. “La Ley del Tercer Sector es un primer paso hacia nuestro reconocimiento”, explica Poyatos. “Ahora habrá que proponer al Gobierno un diagnóstico sobre la situación social y decidir las medidas que hay que llevar a cabo en función de este análisis. Nosotros ya hemos planteado un plan de lucha contra la pobreza y habrá que empezar a trabajarlo”, comenta.