La libertad de manifestación en España, a examen en la ONU

Las recomendaciones planteadas en el segundo Examen Periódico Universal de la ONU a España han puesto de manifiesto la preocupación de más de una veintena de países —de 97 presentes— por las libertades de manifestación y reunión, y medidas como la prisión incomunicada. Otra treintena de países ha planteado sugerencias sobre la igualdad y la violencia de género. Durante el encuentro, celebrado este miércoles en Ginebra, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, ha anunciado la elaboración de un nuevo plan nacional de derechos humanos, "no vinculado a ninguna legislatura" para que su ejecución no se altere con cada cambio de Gobierno. Algunos de los temas tratados:

Expresión y manifestación

El representante de Suiza ha recomendado a España "incrementar la sensibilización" de las fuerzas de seguridad frente a las libertades de manifestación, expresión, reunión y asociación. Al hablar concretamente sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada en solitario por el PP el pasado 11 de diciembre, Suecia ha señalado que "se han planteado preocupaciones" por las sanciones administrativas que contempla el documento, que —según ha añadido— pueden ser interpretadas como una restricción para la protesta de ciudadanos. 

La ley, también cuestionada por la oposición, señala, por ejemplo, que son susceptibles de sanción las manifestaciones ante el Congreso o las protestas con escaladas en edificios públicos. Suecia ha sugerido evitar cualquier reforma legislativa que limite la libertad de reunión.

Chile y Costa Rica también han sugerido "velar por la adecuación" de esta ley y no limitar la libertad de expresión y reunión pacífica. República Checa ha recomendado a España que se "abstenga" de adoptar nuevas leyes que fijen "restricciones indebidas" a la libertad de reunión y expresión. Serbia, en cambio, ha pedido que España fortalezca el compromiso de garantizar estos derechos.

Prisión incomunicada

Siete países —entre ellos, Irlanda, Austria y República Checa— han pedido revisar o directamente abolir el régimen de prisión incomunicada "para asegurar el cumplimiento de las leyes internacionales de derechos humanos". Irán, Pakistán, Hungría e India también han planteado cambios. Austria, por ejemplo, ha sugerido que se revise la medida para que así se garantice que el detenido pueda acceder a la asistencia legal sin retrasos, comunicarse en privado con el abogado de su elección e ir ante el juez en 72 horas.

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores ha afirmado que la aplicación es "excepcional" y por el tiempo "estrictamente necesario". "Tiene los mismos derechos que cualquier detenido, con algunas limitaciones", ha apuntado, tras añadir que este régimen está en proceso de revisión en el marco de las reformas a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. "Se incluye como novedad que la privación de derechos deja de ser automática, el juez deberá valorar la aplicación algunas de las medidas", entre ellas, que el abogado sea designado de oficio, que el detenido no se pueda comunicar con algunas personas o que no tenga acceso a las actuaciones judiciales.

Aunque durante la sesión no hablaron del tema, Eslovenia y Reino Unido también preguntaron por escrito por la prisión incomunicada.

Violencia de género e igualdad

Más de 30 países recomendaron trabajar en la igualdad de género y combatir la violencia de género. Se han planteado una serie de medidas. Austria, por ejemplo, ha pedido incrementar los recursos. Los Países Bajos, evaluar los obstáculos que las víctimas enfrentan en el acceso a una protección eficaz, justicia y reparación e indagar en las causas que les impiden presentar una queja. Sierra Leona, Ruanda y Marruecos sugieren incrementar la presencia de mujeres en puestos de decisión. "Somos uno de los pocos países del mundo con cifras oficiales de violencia de género", ha dicho Ybáñez.

Justicia universal

Alemania ha pedido su revisión con el objetivo de garantizar y hacer cumplir el principio de universalidad de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. La reforma a la justicia universal —la capacidad de los jueces españoles para investigar crímenes contra la humanidad cometidos fuera el territorio nacional— ha desembocado en el archivo de causas que investigaban violaciones a los derechos humanos, como las denuncias por genocidio en el Tíbet.

Franquismo

Durante el examen, Suiza ha planteado el desarrollo de una estrategia para el "tratamiento del pasado", basada en los derechos de las víctimas y las obligaciones del Estado, concretamente tres: justicia, reparación y garantías de no repetición. Chile ha sugerido emplear estudios comparativos —no especifica cuáles— para abordar los "desafíos" que supone la investigación de los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, en línea con las recomendaciones del relator especial de la ONU.

Desahucios

Venezuela, Cuba y Eslovaquia han pedido trabajar aún más en el desarrollo de políticas para evitar los desalojos de las familias que no pueden pagar sus pisos. Venezuela ha planteado impulsar una revisión legislativa para "incentivar acuerdos entre particulares y entidades financieras, a fin de evitar desahucios".