Unos 60 presos de ETA solicitan a la Audiencia su traslado a cárceles vascas

Los presos de ETA han abierto una vía de dudoso éxito para tratar de lograr el acercamiento a cárceles del País Vasco y Navarra. Unos 60 miembros del colectivo, entre ellos varios históricos como Henri Parot, han enviado una queja modelo al juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, alegando múltiples vulneraciones de derechos derivadas supuestamente de la política de dispersión. El problema es que, la ubicación de los presos depende únicamente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, y a los tribunales de lo contencioso-administrativo. Los jueces de vigilancia solo pueden corregirla en supuestos muy tasados.

Esta presentación masiva de quejas se enmarca en la declaración del colectivo de 28 de diciembre de 2013 en la que este asumió por primera vez la legalidad penitenciaria y mostró su disposición al acceso de sus miembros a los beneficios penitenciarios. Sin embargo, ninguna de las solicitudes de traslado a cárceles vascas recoge el reconocimiento del daño causado y la desvinculación expresa de la banda terrorista, las líneas rojas que mantiene el Gobierno para contemplar cualquier medida de favor a estos reclusos.

Ninguna de las quejas recoge el reconocimiento del daño causado ni la desvinculación de la banda

Los abogados de presos de la banda anunciaron la iniciativa el pasado 14 de diciembre después de que Instituciones Penitenciarias denegaran las peticiones que muchos de ellos habían enviado a ese organismo dependiente de Interior. “Esperamos no tener que recurrir al tribunal de Estrasburgo porque sería triste que el mecanismo del Estado español funcione a través de impulsos internacionales”, afirmó el abogado de reclusos etarras Iñaki Goioaga evocando la decisión de ese tribunal sobre la doctrina Parot.

El formulario presentado por todos ellos recoge las quejas típicas y habituales de este tipo de internos. La distancia a sus domicilios. Las dificultades que la dispersión crea para acceder a las comunicaciones y visitas de familiares y amigos, incluidos los supuestos accidentes de tráfico sufridos por estos en sus viajes a los centros penitenciarios. La dificultad para acceder a médicos de confianza o a la educación y cultura en euskera, o la desestructuración familiar y el desarraigo que, en su opinión, les genera esa situación.

Las quejas invocan los criterios refundidos de actuación de los jueces de vigilancia penitenciaria aprobados por estos en junta en 1994. Su apartado 13 asegura que estos magistrados están facultados para denegar un traslado cuando se haya producido algún abuso o desvío de poder por parte de Instituciones Penitenciarias.

Los abogados de presos de la banda anunciaron la iniciativa y su intención de llegar a Estrasburgo

Sin embargo, fuentes de la Audiencia Nacional aseguran que esa no es la vía correcta para anular la dispersión y lograr el acercamiento. El procedimiento ordinario, según esas mismas fuentes, consiste en solicitarlo directamente a Instituciones Penitenciarias, la administración competente. En caso de que ese organismo lo rechazara, los reclusos podrían presentar un recurso ante los juzgados de lo contencioso-administrativo, pero no ante los penales o penitenciarios como han hecho ahora. Esas mismas fuentes recuerdan que los criterios de actuación de los jueces de vigilancia no constituyen una disposición legal, sino solo unas directrices aprobadas por estos.

El Juzgado Central de Vigilancia de la Audiencia Nacional ha iniciado las comprobaciones para dirimir si, efectivamente, se dan esas vulneraciones de derechos que los presos denuncian. El magistrado ha solicitado a Instituciones Penitenciarias que elabore sobre cada uno de ellos varios informes sobre las solicitudes de traslado que hayan presentado y la respuesta que les dio ese organismo, el arraigo social y familiar de cada preso, las comunicaciones con familiares, amigos y abogados que hayan tenido, su estado de salud y su derecho a la educación y la cultura en su lengua. También ha solicitado la relación de quejas que ha presentado cada uno durante su condena y la respuesta que les dio prisiones.

El juzgado ha pedido informes para analizar si efectivamente se dan esas vulneraciones de derechos

En caso de que el juez De Castro deniegue, como parece previsible, los traslados a cárceles vascas, los reclusos podrían recurrir a la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la encargada de dirimir los asuntos penitenciarios. La resolución de esta última podría ser recurrida al Constitucional y, sucesivamente, a Estrasburgo, como anunciaron los abogados de los presos en noviembre. De hecho, las quejas invocan varias vulneraciones de derechos contemplados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.