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El PP aparca el debate sobre aforados y políticos imputados

La ley de altos cargos no fija el momento en el que un investigado debe renunciar

El PP ha sacado adelante en el Congreso dos de las leyes anticorrupción comprometidas por Mariano Rajoy hace casi dos años. Los populares han tenido el apoyo de CiU y PNV para que la Comisión Constitucional apruebe el estatuto de altos cargos, mientras que el PSOE se ha abstenido en la votación de la nueva ley de financiación de partidos.

Los populares han dejado de lado para el futuro dos de las exigencias más polémicas de los grupos de la oposición: la reducción de aforados y el momento en el que los políticos inmersos en un proceso judicial deben dejar los cargos. En el primer caso, el PP presentó una transaccional para incluir en la norma un compromiso genérico de reducción futura de aforados cuando sea posible. En verano, el Gobierno anunció su intención de abordar ya esta reducción que, en algunos casos, requiere reforma constitucional. Ahora ha quedado en ese compromiso genérico.

Respecto a los políticos con procesos judiciales, el PP argumenta que hay diferencias entre los partidos. Por ejemplo, el PSOE pedía que el momento procesal fuera el de apertura de juicio oral, mientras que, Izquierda Unida quería que fuera la imputación, y UPyD, la mera investigación.

Lo que ha hecho el PP es dejar en la ley de altos cargos el obligado cese con sentencia firme y comprometerse a abordar el asunto en el debate sobre el proyecto de ley de Enjuiciamiento Criminal.

Esa norma llegará al Congreso en febrero y no incluye nada de este asunto, pero el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, está dispuesto a discutir una enmienda que asegure que, una vez abierto juicio oral contra un cargo representativo, se notifique a los efectos oportunos a las Cámaras, parlamentos regionales o ayuntamientos. Luego, deberán ser cada una de esas instituciones las que decidan qué hacer.

El proyecto de ley de altos cargos que irá ahora al Senado regula nuevas incompatibilidades y exigencias, aunque para la oposición son insuficientes porque no habla, por ejemplo, de limitación de mandatos, indultos o descolonización de instituciones por parte de los partidos.

Para el portavoz del PP, Pedro Gómez de La Serna, son "excusas de mal pactador". Los populares han logrado el voto de los nacionalistas dejando claro la preponderancia de las normas autonómicas.

La de financiación de partidos limita las donaciones, establece nuevos controles e impide la condonación de deudas, entre otras novedades.

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