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La Audiencia Nacional da carpetazo a la investigación de los vuelos de la CIA

Un voto particular sostiene que el sobreseimiento de la causa es "prematura y arbitraria"

Uno de los supuestos vuelos de la CIA en el aeropuerto de Palma en 2004.
Uno de los supuestos vuelos de la CIA en el aeropuerto de Palma en 2004.

La Audiencia Nacional ha confirmado el archivo del caso del vuelo clandestino de la CIA que aterrizó en enero de 2004 en el aeropuerto de Palma de Mallorca y que supuestamente fue utilizado para trasladar a un centro de detención secreto en Kabul (Afganistán) al ciudadano alemán de origen sirio Jaled El Masri, que denunció haber sido víctima de torturas. La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia ha rechazado el recurso de la Asociación Libre de Abogados (ALA), Izquierda Unida y la Asociación Pro Derechos Humanos de España contra la decisión del juez Ismael Moreno, que el pasado septiembre decretó el sobreseimiento de las actuaciones. El auto de archivo cuenta con un voto particular del magistrado José Ricardo de Prada, que considera que se ha producido “un cierre prematuro y arbitrario del procedimiento”.

La resolución de la Sección Segunda, de la que ha sido ponente el magistrado Enrique López, da por bueno el archivo de la investigación abierta contra los supuestos agentes de la CIA que viajaban en el Boeing 737 usado para trasladar a El Masri y que usaron pasaportes británicos falsos para entrar en España. También cierra el caso abierto contra las autoridades españolas que consintieron el aterrizaje de la aeronave. Se trata del entonces director general de Política Exterior para América del Norte, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Miguel Aguirre de Cárcer; el ex secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte; el secretario de Estado de Política Exterior, Miguel Nadal; y Ramón Gil-Casares, ex director del gabinete de política exterior de Presidencia del Gobierno.

Los funcionarios españoles, según las comunicaciones que figuran en los autos, discutieron sobre la conveniencia de que el vuelo hiciera escala en un aeropuerto militar, como el de Rota o Morón, más discreto que el mallorquín de Son Sant Joan. El tribunal considera que los funcionarios españoles no fueron ni cooperadores necesarios ni encubridores de los delitos de detención ilegal y torturas supuestamente perpetrados por los militares norteamericanos. “Una mera sospecha de la irregularidad de las detenciones y una mera presunción de que se podrían haber cometido torturas no es suficiente para poder imputar objetivamente el delito a los denunciados”, sostiene el voto mayoritario.

El voto particular apunta a Aznar

F. J. P.

El magistrado José Ricardo de Prada emitió este lunes un duro voto particular discrepante con la decisión de archivar el caso de los vuelos de la CIA con prisioneros islamistas tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. De Prada, conocido por su talante progresista en una sala de amplia mayoría conservadora, considera que existen “serios indicios” de “responsabilidad criminal” en los funcionarios españoles “al permitir la utilización de aeropuertos militares y civiles españoles, así como el espacio aéreo nacional para que se llevaran a cabo por otros las acciones delictivas de detención ilegal, torturas y otras” por parte de los servicios de inteligencia de Estados Unidos.

Se trata, según De Prada, de una “participación relevante, consciente y voluntaria”, no solo de los cuatro altos cargos imputados sino, afirma, “de quienes tomaron las decisiones políticas”. De Prada apunta directamente al entonces presidente del Gobierno, José María Aznar. “La autorización concedida a las autoridades de los EE UU no solo obviamente contaba con el beneplácito del Gobierno de la Nación (...) sino que, con suma probabilidad, fue adoptada por éste, por su presidente y con la directa implicación de los ministros concernidos, el de Exteriores y el de Defensa”, afirma.

“No se han practicado las diligencias mínimas imprescindibles para la investigación de los hechos, produciéndose un cierre prematuro y arbitrario del procedimiento, que impide la investigación y persecución penal de crímenes internacionales”, sostiene De Prada. “Se incumplen gravemente las obligaciones que tiene contraídas nuestro país en relación con hechos de una gran gravedad que marcan un indudable retroceso en nuestra civilización”.

Respecto a la falta de identificación de los 13 agentes de la CIA que participaron en el vuelo, la sala señala que tanto Interpol como la policía española han agotado “al máximo la indagación” sobre quién se escondía bajo los pasaportes británicos falsos. “La única forma de obtener la identidad de la diferentes tripulaciones es mediante la oportuna información de la CIA norteamericana y de los informes que al respecto obren en el CNI español, y todo esto se ha intentado”, afirma el tribunal presidido por Concepción Espejel.

El magistrado discrepante De Prada considera que "no se han practicado las diligencias mínimas imprescindibles para la investigación de los hechos, produciéndose un cierre prematuro y arbitrario del procedimiento, que impide la investigación y persecución penal de crímenes internacionales". Según él, "se incumplen gravemente las obligaciones que tiene contraídas nuestro país en relación con hechos de una gran gravedad que marcan un indudable retroceso en nuestra civilización".

Khaled el Masri, de 49 años, declaró ante el juez haber sido secuestrado el 23 de enero de 2004 y torturado antes de que le embarcasen en Macedonia en un avión fletado por la CIA con destino a Kabul (Afganistán), donde fue liberado el 28 de mayo del mismo año tras comprobarse que había sido confundido por una persona del mismo nombre. El avión fue supuestamente el que hizo escala en Palma de Mallorca. La fiscalía de Múnich llegó a emitir, en 2007, una orden de detención contra los 13 supuestos miembros de la CIA —11 hombres y dos mujeres— que viajaban ese día en el avión. Se les acusaba de secuestro y lesiones graves, pero el Gobierno alemán no llegó a pedir formalmente su extradición.

La Fiscalía solicitó la declaración de El Masri ante la "coincidencia de fechas" entre su relato y la escala en Palma de Mallorca del vuelo Argel-Palma-Skopje (Macedonia), realizado por un Boeing 737 el 22 de enero de 2004 y que es el mismo avión que fue supuestamente utilizado para trasladar al detenido hasta Kabul al día siguiente.

El caso del vuelo de Khaled el Masri fue uno de los asuntos destapados por Wikileaks. Según los cables de comunicaciones reservadas, la Embajada de Estados Unidos en Madrid hizo, en febrero de 2007, un balance sobre el caso de los vuelos de la CIA: “Estamos menos preocupados por la importancia inmediata que tenga cualquier información desclasificada por el CNI o Defensa que por la aparente coordinación existente entre el juez Moreno [el instructor] y los fiscales alemanes del caso El Masri [el alemán de origen libanés secuestrado por la CIA y que presuntamente pasó por el aeropuerto de Palma)] (...) Esta coordinación entre fiscales independientes complicará nuestros esfuerzos para que este asunto se gestione discretamente de gobierno a gobierno”, decía el informe confidencial.

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