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Detenidos 16 abogados y apoyos de presos etarras por blanqueo y fraude

La operación de la Guardia Civil investiga las actividades de Herrira

Los letrados ocultaron a Hacienda 1,3 millones, según Interior

Un total de 16 miembros del entorno de ETA han sido detenidos en Gipuzkoa, Bizkaia, Navarra y Madrid este lunes en una operación de la Guardia Civil que los acusa de posible fraude, blanqueo de dinero y delitos contra la Hacienda Pública. El operativo investiga al entramado alrededor de los presos de la banda terrorista por las vías de financiación de la organización. La operación, denominada Mate, se ha puesto en marcha en la Audiencia Nacional por posible integración de los detenidos en una organización terrorista. Los detenidos son, según fuentes de la operación, doce letrados habituales de ETA y cuatro miembros de Sostengu, la tesorería de la organización Herrira (de apoyo a presos).

La operación, confirmada por el Ministerio del Interior en un comunicado, ha comenzado a primera hora de la mañana y en su desarrollo se están llevando a cabo varios registros, entre ellos en varias herriko tabernas del País Vasco y, al menos, en un céntrico despacho de abogados de Bilbao, así como en la sede del sindicato LAB de la capital vizcaína. La operación coincide en Madrid, además, con el juicio contra la cúpula de la formación Batasuna. En la capital ha sido detenida la abogada de Sortu, Amaia Izko.

Parte de los arrestados, según fuentes de la lucha antiterrorista, tenían el encargo de ETA de mantener prietas las filas de los presos de la organización, "anteponiendo los intereses políticos de la banda" a cualquier otra consideración. Entre los investigados se encuentran los letrados Arantza Zulueta y Jon Enparantza -encarcelados desde 2014- y el senador de Bildu Iñaki Goioaga.

Los investigadores acusan al colectivo de abogados de no haber declarado al fisco unos ingresos de más de 1,3 millones de euros en 2012 y 2013, procedentes de la asistencia jurídica a miembros del colectivo de presos de ETA (EPPK, siglas en euskera del colectivo oficial de presos). "Estos gastos fueron sufragados por Herrira", sostiene Interior, que añade: "La operación ha supuesto la desarticulación del entramado financiero que sustentaba económicamente al “colectivo de abogados”.

La investigación ha hallado indicios de que los abogados ejercen de correa de transmisión de las consignas y directrices de ETA, “cuyos intereses se anteponen al interés individual de los presos”. Fuentes jurídicas enmarcan su actuación en una supuesta tensión existente en las cárceles entre los reclusos más jóvenes y que deben cumplir penas de hasta 40 años de prisión ininterrumpida tras las reformas del Código Penal y los presos que están más próximos a lograr la libertad y que pueden acogerse a beneficios.

En la operación de 2014 se incautó a Arantza Zulueta un documento de ETA en el que se decía lo siguiente: “No se trata de ganar juicios sino de trabajar desde el punto de vista de la lucha y la línea general”. Otro documento de la dirección de la banda establecía que “tiene que haber una línea clara entre estar y no estar en el colectivo de presos”.

Los detenidos, según fuentes jurídicas, realizaban rondas de visitas a los presos por las cárceles y elaboraban “fichas” sobre su adhesión a la disciplina de la banda, para “evitar la búsqueda de vías penitenciarias personalizadas”. Quienes se salían del colectivo perdían el apoyo social y económico de Herrira y veían, entre otras medidas, cómo sus fotografías desaparecían de los carteles de presos de la banda en las herriko tabernas, bares de la izquierda abertzale. Los investigadores sostienen que con estas "rondas de control" de los presos han llegado a estar en el 95% de los centros penitenciarios que albergan a presos de ETA.

Según las mismas fuentes, Herrira se divide en cuatro “frentes”: el social, dedicado a la asistencia y apoyo a los reclusos y a los familiares de estos; el jurídico, de asistencia letrada gratuita, y en el que se enmarcaban los arrestados; el médico y el económico, que otorgaba una asignación mensual a los presos.

La operación está siendo dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Muchos de los abogados han sido detenidos en Madrid, donde iban a participar en el juicio previsto en la Audiencia Nacional contra la cúpula de las formaciones Batasuna, PCTV y ANV, en el que se encuentran procesadas 35 personas por integración en organización terrorista. El juicio ha sido suspendido.

Fuentes del caso aseguran que entre los detenidos se encuentran los extesoreros de la organización Herrira, creada en febrero de 2012 tras la ilegalización de Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna. El Ministerio del Interior siempre ha tildado a esta entidad de ser un "tentáculo de ETA". Herrira fue montada tras el cese de la violencia en favor de los derechos de los presos de la banda. En 2013, la Guardia Civil desarrolló una operación para desmontar su estructura, tras lo que detuvo a la abogada Arantza Zulueta.

Herrira fue suspendida judicialmente de actividades por dos años "tras haber asumido de modo integral y público los objetivos, estructura, funciones, métodos y procedimientos de financiación, iconografía y entramado comunicativo de las ilegalizadas Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna", según Interior.

El dirigente de Sortu Pernando Barrena ha afirmado que la operación que este lunes está llevando a cabo la Guardia Civil y en la que han sido detenidas 16 personas es "una venganza pura y dura" contra abogados como Amaia Izko, "que han sido capaces de tumbar la doctrina Parot".

La operación de la Guardia Civil se produce, además, justo después de la multitudinaria manifestación que se celebró este fin de semana en Bilbao para reclamar el acercamiento al País Vasco de los reclusos de la banda terrorista.

Suspendido el juicio a la cúpula de Batasuna por las detenciones

La Audiencia Nacional ha aplazado el juicio de 35 acusados de integración en banda terrorista por su relación con la cúpula de Batasuna, PCTV y ANV al haber sido detenidos hoy en Madrid tres de sus abogadas en la operación contra el "frente de makos" (cárceles)' de ETA.

Se trata de las letradas Eukene Jáuregui, Haizea Ziluaga y Amaya Izco, que figuran entre las dieciséis personas que han sido arrestadas en Gipuzkoa, Bizkaia, Navarra y Madrid en una operación de la Guardia Civil contra miembros del colectivo de abogados y responsables del aparato de apoyo a presos de ETA.

En la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares se han personado los imputados y los abogados defensores Íñigo Iruin y Jone Goiricelaya, que han pedido el aplazamiento de la vista a raíz de las referidas detenciones.

Los 19 acusados a los que representan las tres letradas detenidas han manifestado a la Sala que quieren que sigan siendo sus abogadas ante lo que el fiscal también ha estado de acuerdo en el aplazamiento.

La Sala ha decidido esperar a que se aclare la situación procesal en la que quedan las tres abogadas arrestadas antes de señalar la nueva fecha del comienzo de la vista.

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