El PSOE traslada a las municipales sus medidas anticorrupción

Regeneración democrática, o lucha contra la corrupción, y recuperación de los derechos sociales son las principales demandas de los ciudadanos, según ha constatado el PSOE tras el estudio de los sondeos cualitativos.

Esta “presión” social se ha traducido en la inclusión en su programa electoral marco para las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo de un bloque de medidas anticorrupción y del Estado de bienestar, según el borrador al que ha tenido acceso EL PAÍS. Allí donde el PSOE pueda gobernar tras el 24 de mayo, o tenga la llave del Gobierno, impondrá estas normas— que ya defiende en el Parlamento nacional—, que se incluirán también en el programa electoral de las generales de diciembre de 2015.

El primer examen del programa autonómico se celebrará el próximo 14 de enero en Madrid entre los responsables regionales convocados por el secretario de Organización, César Luena, el responsable de Política Federal, Antonio Pradas y la titular de Estudios y Programas, Meritxel Batet.

Según la ejecutiva, las medidas tienen que ser creíbles para la ciudadanía

Según el borrador, todos los diputados autonómicos y los concejales “serán cesados obligatoriamente” en cuanto sean llamados a juicio oral “a título de imputados o procesados por delito de corrupción política”. Durante el período de suspensión, pasará a desempeñar sus funciones quien ocupe el siguiente lugar en la candidatura. Según el programa socialista, quedará prohibido nombrar como altos cargos en las Administraciones autonómicas y locales a quienes se hallen inmersos “en juicio oral como imputados o procesados por delitos de corrupción política”. En las comunidades autónomas se creará una Oficina Anticorrupción, que también proponen para la Administración General del Estado.

Al margen de la voluntad personal de los dirigentes autonómicos, los socialistas limitarán a dos legislaturas la presidencia del Gobierno regional. Junto a esta medida, se despolitizarán los órganos de designación dentro de las autonomías, que ahora quedan al albur del Gobierno autonómico. Las televisiones públicas, los tribunales de cuentas, los defensores del pueblo, y todos los órganos económicos autonómicos serán dirigidos por quienes sean elegido por una mayoría reforzada y no por la voluntad única del Gobierno.

Todas estas medidas “tienen que ser creíbles porque son para llevarlas a cabo no para estar en la oposición”, afirman en el PSOE. Este criterio, transmitido a todas las federaciones, será para la dirección del partido el que protagonice el programa electoral, con la intención de que, cuando se reúnan el próximo día 14 de enero, “no enmienden” el texto inicial con propuestas poco realistas, sobre todo, económicas.

Las medidas tienen que ser creíbles porque son para llevarlas a cabo, no para estar en la oposición

Todos los miembros de la ejecutiva han aportado iniciativas desde sus áreas al trabajo de Luena, Pradas y Batet. Carmen Montón, responsable de Igualdad, ha “metido pluma” en muchos capítulos, según señalan en la ejecutiva. La supervisión de las propuestas económicas ha recaído en el titular federal del área, Manuel de la Rocha Vázquez.

Entre el programa actual y el de hace cuatro años media un abismo conceptual: “Antes era ir a más, a profundizar ofertas; ahora se trata sobre todo de recuperar lo perdido”, señala Pradas sobre la gran área de políticas sociales. Los redactores del programa tienen sobre la mesa las restricciones económicas y la necesidad de cumplir los límites del déficit. Aun así consideran que “su propuesta de Gobierno es de un cambio que se podrá cumplir”.