Corrupción institucional

En las ediciones digitales de todos los periódicos de este jueves por la mañana había coincidencia en la valoración de la dimisión de Eduardo Torres-Dulce como fiscal general del Estado. Nada hace pensar que no vaya a darse la misma coincidencia en los que aparezcan este viernes, después de una reflexión más pausada. En todos había acuerdo en que la dimisión era algo más que previsible, dado el desacuerdo del Gobierno y de la dirección del PP con la actuación del Fiscal General, muy visible desde el 9-N y desde que Torres-Dulce manifestara su coincidencia con la fundamentación jurídica del auto del juez Ruz, a través del cual decidió la imputación de la ministra de Sanidad, Ana Mato, en la trama Gürtel. A nadie ha sorprendido, en consecuencia, que se haya producido.

Creo que esto es lo primero que debe ser subrayado, porque es un indicador de la enorme degradación institucional en la que estamos inmersos y a la que parece que nos estamos acostumbrando. Todo el mundo está dando por supuesto con la mayor naturalidad que, aunque formalmente estamos ante una dimisión, materialmente estamos ante una destitución. Se está dando por bueno con la mayor naturalidad que lo que no se puede hacer en términos jurídicos, se puede conseguir políticamente por vías soterradas y espurias. Afecte a lo que afecte.

Todo el mundo está dando por supuesto con la mayor naturalidad que, aunque formalmente estamos ante una dimisión, materialmente estamos ante una destitución

La dimisión del fiscal general del Estado es un ejemplo de libro de corrupción institucional en sentido estricto. Pues la corrupción no se reduce a la venalidad del oficio público, sino que va mucho más allá de esta. La corrupción es, ante todo, la desnaturalización institucional, el hecho de que se anule la garantía que hace posible que una institución desempeñe la función que tiene constitucionalmente encomendada. Y esto es lo que ha ocurrido con la destitución disfrazada de dimisión de Eduardo Torres-Dulce. Lo que se ha puesto en cuestión es la inamovilidad del fiscal general durante el periodo para el que ha sido designado y, como consecuencia de ello, su autonomía respecto del Gobierno que lo designó. ¿De qué vale la inamovilidad establecida en el Estatuto del Ministerio Fiscal como garantía última de su autonomía, si el Gobierno puede hacerla saltar por los aires?

Con el quebrantamiento de la voluntad de Eduardo Torres-Dulce se ha producido simultáneamente la devaluación del estatus de la Fiscalía General en nuestro sistema político y en nuestro ordenamiento jurídico. La Fiscalía General del Estado vale menos a partir de este jueves. Va camino de ser un bono basura de los que nos informan periódicamente en las secciones de economía. Aquejada, por tanto, de los vicios que acompañan a estos bonos.

No sé quién será designado para sustituir a Eduardo Torres-Dulce, pero cuesta trabajo pensar que alguien que se respete a sí mismo y sea celoso de su autonomía pueda aceptar un nombramiento por parte de un Gobierno que ha actuado de la forma en que acaba de hacerlo. Aunque previsiblemente ya se tenga pensado un candidato de un perfil semejante al del presidente de RTVE, en el que el carácter servil sea elemento constitutivo de su personalidad.