La fiscal pide imputar a dos Gobiernos de Parla por el sobrecoste del tranvía

La fiscalía ha pedido la imputación de todos los concejales socialistas que en diciembre de 2006 y junio de 2009, con Tomás Gómez primero y con José María Fraile después como alcaldes, aprobaron sendas modificaciones presupuestarias superiores a 40 millones de euros en la obra del tranvía de Parla (Madrid) en dos Juntas de Gobierno, según documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS. La fiscal entiende que pueden haberse dado los delitos de “prevaricación” y “malversación de caudales públicos”. El PSOE madrileño exige, en cambio, que se archive el procedimiento porque “todo estuvo bien hecho”; sostiene que “ni siquiera” hubo irregularidades administrativas y, en todo caso, responsabiliza al Consorcio Regional de Transportes —es decir, a la Comunidad de Madrid (PP)— de los gastos aprobados.

Tomás Gómez es secretario general del PSOE madrileño y candidato al Gobierno regional en 2015. Para él no se pide la imputación, porque el día que se produjo la aprobación presupuestaria del modificado se ausentó “por causas justificadas”. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Parla, María del Pilar Pérez, considera que los hechos “hacen presumir la posible existencia de una infracción penal” y ordena practicar diligencias contra todos los que votaron.

El tranvía de Parla se adjudicó en mayo de 2005 por 108 millones de euros (93,5 millones más IVA). El contrato de concesión a un consorcio formado por Acciona, FCC, Detren y Caja Castilla-La Mancha para la construcción, conservación y explotación del transporte fue en agosto de ese año. Cuatro años después, el tranvía tenía un sobrecoste del 37,96%. Es decir, de más de 40 millones (36 millones más IVA). De esa cantidad, 25 millones se aprobaron con Gómez al frente de la alcaldía y el resto con José María Fraile, tres años más tarde. El sucesor de Gómez está imputado en la Operación Púnica (cobro de supuestas comisiones a cambio de contratos públicos) y se encuentra en libertad tras abonar una fianza de 60.000 euros.

El 22 de diciembre de 2006, día en que Gómez se ausentó de la sesión, la Junta de Gobierno aprobó un “importe adicional total” al proyecto original de 22,7 millones, IVA no incluido. Ayer lo explicó así: “Como alcalde que era, estaría con vecinos o cantando villancicos con los niños en alguna escuela. Eran fechas navideñas”.

El líder de los socialistas madrileños afirma que todo se debe a “una campaña del PP” y pide que “no se difame más” y se respete su honorabilidad. Gómez acusa al presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, Arturo Canalda, de ser el promotor de esta “campaña” contra él. El órgano auditor público madrileño fue el primero en reflejar las posibles irregularidades en el tranvía.

La fiscal, por su parte, pide que declaren “en calidad de imputados” el sucesor y amigo de Gómez, José María Fraile, que presidió ambas Juntas de Gobierno según demuestran las actas del Ayuntamiento, y otros 10 concejales socialistas, entre ellos Wilfredo Jurado, responsable de Urbanismo entre 2003 y 2007 y actual abogado del Partido Socialista de Madrid (PSM). La imputación de Jurado dejaría en una situación incómoda al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez: desde hace unos meses es uno de los vocales de la Comisión Federal de Ética y Garantías. La fiscalía pide también que declare como imputada la diputada regional Rosa Alcalá, secretaria de Administración del PSM y pareja de Jurado. Alcalá es además la responsable de la gestora abierta en Parla a raíz de la imputación de Fraile en la Operación Púnica.

La fiscalía reclama asimismo la imputación de la edil Victoria Muñoz, presente en ambas Juntas de Gobierno y también imputada en Púnica. Pablo Sánchez Pastor, candidato del PSOE para Parla en las elecciones municipales de 2015, es otro de los socialistas cuya imputación solicita la fiscalía.

La fiscal jefe del área de Getafe-Leganés, una de las delegaciones en las que se divide la fiscalía Provincial de Madrid y a la que pertenece Parla (125.000 habitantes), presentó el pasado marzo una denuncia al Juzgado Decano de la ciudad en la que acusa de dos posibles delitos a los 11 cargos del PSOE que aprobaron el incremento del importe de las obras del tranvía. Para ello, se basa en añadidos como el proyecto de adecuación urbanística por 13,9 millones con “aportaciones no contempladas en el proyecto presentado y remitidas a fase posterior de definición más de detalle”.

La fiscal, Adela Prieto, entiende que en los proyectos que se añadieron “no hubo convocatoria de licitación ni consta que se siguieran los trámites establecidos” en el artículo 101 del texto refundido de la Ley de Contratos de la Administración Pública, “aun cuando el coste de las modificaciones superaba el 10% de la cuantía del contrato inicial”. Y basándose en esas premisas pide que se practiquen varias diligencias, entre ellas que se determinen los integrantes de las dos Juntas de Gobierno. Gómez insistió ayer en defender “políticamente” la gestión del tranvía y aseguró que es “jurídicamente impecable”.

La defensa del PSOE madrileño también expone que el Consorcio de Transportes no puso inconvenientes como órgano de contratación. En un documento enviado al Juzgado de Instrucción número 5 de Parla —el mismo que el pasado abril pidió que se abrieran diligencias tras el escrito de la fiscal— el PSOE sostiene que el Consorcio “tuvo información y control diario de todas, de todas, absolutamente todas las unidades de obra tanto en sus aspectos materiales como cuantitativos (en relación con la inversión) y sencillamente no hizo nada porque todo se hizo correctamente”. Sin embargo, una carta del Consorcio remitida en marzo de 2007 a Jurado subraya la “continua omisión del procedimiento en relación con su obligación de informar formalmente” a dicho organismo.