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OPINIÓN

Carta al ministro de Sanidad

La exclusión de los ya excluidos supone un atentado a la salud pública y a la dignidad

Estimado señor ministro de Sanidad:

Queremos darle la enhorabuena por su reciente incorporación a la cartera del Ministerio de Sanidad. Está usted en disposición de cumplir el sueño que muchas personas anhelan: tener la posibilidad de hacer un mundo un poco mejor. Felicidades.

Como titular del Ministerio de Sanidad, suponemos que es consciente de la enorme responsabilidad que contrae en ese objetivo de mejorar el nivel de salud de los ciudadanos que habitan en nuestro territorio nacional. En un panorama socioeconómico tan adverso como el que estamos viviendo, no es nuestra intención opinar sobre algunas decisiones tomadas en otros ministerios, aunque somos conscientes de su trascendencia en el nivel de salud de la población. La situación de pobreza, paro y desarraigo social denigran al ciudadano y le sitúan en una realidad muy alejada de los estándares de salud entendidos como un equilibrio de su entorno biopsicosocial.

La atención primaria no sólo constituye un nivel asistencial de atención sanitaria, sino una estrategia para disminuir las desigualdades de salud de las sociedades modernas

El nivel de salud de la población no sólo se ve afectado por decisiones que afectan a los ministerios de Hacienda, Trabajo, Economía o Educación. Se nos antoja que todo aquello que nos aleja de la cultura (y la gravación del 21% en el IVA es un ejemplo) atenta contra un bien común que se debiera preservar y contra una dimensión trascendental del ser humano como es el deleite por la belleza, el arte y el conocimiento. Como ciudadanos tenemos nuestra propia opinión, y como profesionales de la salud entendemos que la cultura y todo aquello que estimule nuestra sensibilidad son bálsamos que ayudan a digerir los desajustes del cuerpo y a aliviar los conflictos entre una química rota y un entorno deshabilitado. La cruda realidad que constata que la esperanza de vida es menor dependiendo del barrio en el que vivas (y no digamos ya la calidad de vida) nos aleja de la visión cartesiana de la salud en la que alma y cuerpo discurren por sendas diferentes y nos sitúa ante el espejo de una realidad en la que es difícil separar una biología desordenada de un proceso de desadaptación social.

Pero en relación con el ministerio que ahora coordina, y como profesionales de la sanidad y responsables de la Sociedad Científica de Médicos de Familia, sí nos permitimos indicarle algunas sugerencias que esperamos tenga a bien considerar.

Como ya sabrá, el ministerio que ahora ocupa tiene una trascendencia vital en eso que podríamos denominar armonía social, y que las políticas desacertadas, en términos de empleo, igualdad o educación, se ven aliviadas cuando la sanidad funciona. La Sociedad Científica, que tenemos la satisfacción de presidir, aglutina a un número importante de médicos de familia que desarrollan su trabajo en el entorno de la atención primaria. Para muchos epidemiólogos y estudiosos de los sistemas de salud, la atención primaria no sólo constituye un nivel asistencial de atención sanitaria, sino una estrategia para disminuir las desigualdades de salud de las sociedades modernas (Barbara Stanfield, 2002).

La implantación del Real Decreto Ley 16/2012 ha supuesto una vulneración del derecho a la salud al restringir la atención sanitaria a las personas contribuyentes, en un régimen de aseguramiento, y no a la totalidad de la población

Como ya sabrá, el ministerio que ahora ocupa coordina el trabajo de miles de trabajadores que creen en una profesión a la que dedican esfuerzos y dedicación. Que la valoración que tienen los ciudadanos de su sanidad es muy alta como prueba la defensa unánime que han hecho, saliendo a las calles cuando la han visto amenazada por diferentes derivas privatizadoras. La responsabilidad que ahora adquiere en su nuevo cargo es importantísima y, al margen de la designación acertada o errónea de la anterior ministra de Sanidad, siempre hemos combatido los comentarios maledicentes que señalaban dicha designación como el acomodo de una persona controvertida a un ministerio sin contenido. Por mucho que las transferencias estén realizadas, son muchos los aspectos que el Ministerio de Sanidad debe vertebrar para conseguir una sanidad ejemplar, habida cuenta de lo que nos jugamos. Por cierto, que hubiéramos querido escuchar algún posicionamiento de la anterior titular del Ministerio de Sanidad cuando en una Comunidad Autónoma se planteó la privatización, de la noche a la mañana y sin contar con los profesionales, del 10% de los centros de salud (27 en total) y de 7 hospitales.

Al margen de nuestra opinión sobre la competencia de la anterior ministra, señora Ana Mato, sí queremos constatar que a la misma le cabe el triste mérito de haber atentado contra uno de los pilares que hacían nuestra sanidad ejemplar: su universalidad.

La implantación del Real Decreto Ley 16/2012 ha supuesto una vulneración del derecho a la salud al restringir la atención sanitaria a las personas contribuyentes, en un régimen de aseguramiento, y no a la totalidad de la población. Una sanidad no universal deja de ser sostenible y de calidad al no favorecer atributos imprescindibles como la equidad, la accesibilidad y la continuidad de cuidados. Cualquier forma de exclusión (por situación económica, nacionalidad, situación legal o administrativa) favorece las desigualdades en salud, máxime si esa exclusión se dirige a la población más vulnerable como es la población inmigrante. La exclusión de los ya excluidos socialmente no sólo supone un funesto epíteto, sino un atentado a la salud pública y a la dignidad de las personas.

El supuesto ahorro económico de esta medida es más que controvertido y dicho ahorro adquiere un carácter pírrico si analizamos los perjuicios que de esta medida se derivan. Y una prueba de ello la hemos tenido en el reciente "brote" del virus ébola. ¿Se imagina alguien las consecuencias funestas que puede tener el no atender a personas con fiebre, procedentes de zonas endémicas de África del virus ébola? ¿O a personas que hayan estado en contacto con personas enfermas procedentes de zonas endémicas de África?¿No es más razonable estimular su derivación a los diferentes dispositivos sanitarios, en lugar de ponerles barreras disuasorias y cortapisas administrativas?

El supuesto ahorro económico de esta medida es más que controvertido y dicho ahorro adquiere un carácter pírrico si analizamos los perjuicios que de esta medida se derivan

Desde luego, así lo han entendido muchas Comunidades Autónomas, que al no tener potestad para derogar la norma, sí la han incumplido casi por decreto ley. Así lo han entendido también muchos profesionales médicos que han hecho prevalecer su ideal ético de atención a los pacientes, y así lo ha entendido la Sociedad Científica que presidimos y que, con argumentos bioéticos y de lex artis, ha defendido la desobediencia civil en una cuestión tan vital como la atención y seguimiento de las personas enfermas. Dicha sociedad participa en su página web en el Registro Estatal de Exclusión Sanitaria (REDES) y en el que se constata que en el 50% de las personas a las que se les puso dificultades para recibir atención sanitaria se encontraban amparados por los supuestos legales en los que la ley les reconoce su derecho a asistencia. Hasta ese punto de ineficiencia y de inequidad hemos llegado, señor Alonso.

Estimado señor Alonso, los abajo firmantes le reiteran sus felicitaciones por el cargo al que se acaba de incorporar, y le desean un feliz desempeño. Le pedimos un deseo y un ruego: que facilite que los profesionales sanitarios podamos atender a nuestros pacientes con la dignidad que requieren y el ruego de que derogue la actual ley 16/2012.

Atentamente,

Alberto López García-Franco y Jose Luis Quintana Gómez, presidente y vicepresidente de la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria (Somamfyc).