La Audiencia Nacional estudiará si los jueces sufren sobrecarga de trabajo

La sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la demanda interpuesta por Jueces para la Democracia (JpD) el pasado 13 de noviembre en la que denunciaban la sobrecarga de trabajo y la falta de medios en los juzgados y tribunales españoles. El próximo 3 de febrero se celebrará el acto de conciliación entre los denunciantes y el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, los demandados. JpD solicita que se declare en situación de riesgo laboral a aquellos jueces cuyos juzgados superan en un 150% la carga de trabajo idónea. En caso de que no haya acuerdo sobre esta cuestión, se celebrará una vista oral ese mismo día.

La Sala de lo Social, presidida por Ricardo Bodas, ha admitido que declaren como testigos la magistrada del Tribunal Supremo y exvocal del CGPJ Margarita Robles; Carlos Hugo Preciado, magistrado de la Sala de lo Social del Tribuanl Superior de Justicia de Cataluña; Gloria Poyatos, magistrada decana de Lanzarote y Javier Martínez, juez de violencia de género de Madrid. También asistirá como perito Cristóbal Molina, catedrático de derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Jaén y experto salud laboral.

La demanda interpuesta por JpD, entidad progresista y que representa aproximadamente al 10% de los 5.018 jueces y magistrados españoles, supone la primera vez que un colectivo judicial recurre por mediante la jurisdicción laboral por sus condiciones de trabajo. En su demanda, JpD exige a la Audiencia que obligue al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial a que adecúen la plantilla judicial al nivel de litigiosidad, ya que casi la mitad de los jueces soportan una carga de trabajo superior al 150% de la establecida como normal.

El colectivo Jueces para la Democracia denuncia que tres años después de aprobarse el reglamento de salud laboral de los magistrados, el CGPJ “carece de las herramientas esenciales para una eficaz protección frente a los riesgos laborales, incluidos los psicosociales, del colectivo judicial: una evaluación de riesgos y la fijación de una carga de trabajo máxima a efectos de salud laboral”. Esta situación pone a los jueces, según la demanda, en “la más absoluta desprotección”.

El pasado septiembre, el CGPJ publicó un informe sobre la carga de trabajo de los juzgados y tribunales españoles, con especial hincapié en aquellos que superaban en un 150% la carga laboral que se considera normal. El 43,5% de los órganos judiciales españoles excedía ese nivel de trabajo. “Resulta evidente que un miembro de la carrera judicial titular de un órgano con una carga de trabajo que supere en más de un 50 % la carga de trabajo que el CGPJ considera normal está poniendo en riesgo su salud (…) parece ineludible y urgente evaluar los riesgos para la salud que dicha sobrecarga de trabajo conlleva y adoptar las medidas preventivas oportunas”.

JpD cita en su demanda el caso del magistrado de lo Social de Madrid Angel Luis del Olmo, fallecido de un infarto el 2 de julio de 2013. Ese día, el juez tenía que celebrar 19 juicios laborales. La carga de trabajo de su juzgado en relación a los módulos de productividad fijados por el propio CGPJ en enero de 2013 era del 206%.

El pasado 24 de abril, un incendio en los juzgados de la calle Princesa de Madrid –los mismos en los que trabajaba el juez Del Olmo- obligó a evacuar el edificio. JpD puso una denuncia ante la Inspección de Trabajo. Sin embargo, el informe de este organismo en el que se imponen medidas correctoras a la Comunidad de Madrid no incluye medidas específicas respecto al colectivo judicial.