Ninguna comunidad aplica el copago hospitalario de Mato un año después

Ninguna comunidad autónoma, ni siquiera las gobernadas por el Partido Popular, están aplicando el polémico copago hospitalario que la ministra de Sanidad, Ana Mato, aprobó en octubre de 2013. Pasado más de un año de la entrada en vigor de la resolución, solo Ceuta y Melilla, los únicos territorios que no tienen competencias sanitarias, están cobrando a los pacientes que recogen su medicación en los hospitales el 10% —con un tope de 4,2 euros por envase— del precio de 43 fármacos que se usan para tratar enfermedades graves como el cáncer, la hepatitis o la esclerosis múltiple.

Mientras algunas regiones se han opuesto públicamente al cobro de este copago —Asturias, Andalucía, Canarias, entre otras— por considerarlo injusto, otras llevan meses asegurando que están estudiando la forma de aplicarlo. Murcia (PP) respondió así ayer a por qué no ha puesto en marcha una norma estatal que lleva más de un año en vigor: “Estamos trabajando los datos y preparando el sistema de información y la forma de aplicación”. Es exactamente la misma respuesta que dio su Consejería de Sanidad a EL PAÍS hace ocho meses.

El Ministerio de Sanidad, por su parte, no aclara si tiene algún plan nacional para que se ponga en marcha su normativa en todo el Estado, ni si se ha planteado retirar una resolución que todas las comunidades autónomas están desobedeciendo. “Es cosa de las comunidades. Son ellas las que tienen la responsabilidad”, se limita a responder una portavoz del departamento de Ana Mato, que tampoco precisa si el ministerio se plantea instar a los Gobiernos autónomos a cumplir con una normativa estatal. A principios de 2014 el ministerio recordó que la norma era “de obligado cumplimiento”. Las quejas de las consejerías de Sanidad autonómicas forzaron a Mato a darles tres meses de plazo (hasta enero de 2014) para poner en marcha la medida.

De entre las comunidades del PP, la de Castilla y León es la que más lejos ha llevado su oposición a este copago. Lo llevó a los tribunales, pero el recurso fue desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 23 de octubre pasado. El consejero, Antonio María Sáez Aguado, dijo ese día que, en caso de que llegara a aplicarse la medida, en Castilla y León habían estudiado procedimientos para asumir ese coste y que no tuviera impacto para los pacientes crónicos con enfermedades graves. Esa comunidad estudió el impacto que tendría el copago: afectaría a 8.400 enfermos crónicos y supondría una recaudación de unos 200.000 euros anuales, un 0,07% del gasto farmacéutico hospitalario total. Murcia, por su parte, ha estimado que la recaudación anual por el copago hospitalario sería como máximo de 100.000 euros.

Sáez Aguado siempre ha defendido, en contra de los argumentos del Ministerio de Sanidad, que el copago hospitalario no contribuye a la sostenibilidad, por su limitado impacto económico, y que tampoco tiene un efecto disuasorio, puesto que se aplica a fármacos para enfermedades muy graves.

De momento, por tanto, solo los pacientes que viven en Ceuta y Melilla están pagando el copago por los fármacos que recogen en el hospital. En estos dos territorios las competencias sanitarias están bajo el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), que depende del ministerio. El hospital de Melilla aplica la medida desde octubre de 2013. Recauda entre 450 y 600 euros mensuales, explica un portavoz. La ciudad autónoma, gobernada por el PP, ha creado una línea de subvenciones para compensar ese coste a sus ciudadanos.

Entre las comunidades que se oponen al copago de facto, aunque no lo reconozcan públicamente, está Madrid, que ayer respondió así a por qué no lo aplica: "La Consejería de Sanidad está valorando cómo implantar el sistema". Hace ocho meses, Madrid aseguró a este diario que aplicaría la ley "pero no repercutirá el coste en el paciente". Ayer un portavoz de la consejería evitó comentar esa afirmación.

Andalucía no está aplicando el copago hospitalario "ya que se trata de una medida injusta que rompe con los principios de equidad del sistema sanitario, sobre todo, para aquellas personas con enfermedades crónicas o muy graves, y que supondría un menoscabo importante de su salud en el caso de que dejaran el tratamiento", aseguró una portavoz. Esta medida, añadió, "supondría una nueva penalización para la ciudadanía y los colectivos más vulnerables y pondría en riesgo la salud de los pacientes, quienes podrían renunciar a sus tratamientos por no poder hacer frente al pago del mismo". Andalucía calcula que afectaría a 90.000 personas. "Se traduciría en más costes que beneficios económicos ya que sería necesario modificar todos los sistemas de información", añadió.