CASO MARSANS

El juez Velasco prorroga la prisión de Díaz Ferrán por vaciar Marsans

El expresidente de la CEOE cumple el máximo de dos años de prisión provisional y el magistrado ve "indispensable" que siga en la cárcel para evitar su fuga

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado hoy prorrogar dos años más la prisión provisional del expresidente de la CEOE Gerardo Diaz Ferrán en la causa en la que se investiga el vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans, que él presidía. El magistrado ha acordado esta medida tras celebrar una comparecencia esta mañana al cumplirse el máximo ordinario de dos años de su ingreso en prisión. En la vista, el fiscal ha pedido que se prorrogue la prisión preventiva otros dos años, hasta el máximo legal de cuatro.

En el auto, Velasco explica que se han constatado “la concurrencia de extremos justificadores de la prorroga” al existir escritos de acusación contra Díaz Ferrán en los que se piden para él hasta 15 años de prisión por delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo e integración en organización criminal y haberse dictado la apertura de juicio oral. El juez considera “indispensable” que el antiguo jefe de los empresarios españoles siga en la cárcel para evitar el riesgo de sustraerse a la acción de la justicia porque aunque se encuentre cumpliendo condena por la causa de Air Comet, el abono del periodo de prisión provisional en la causa de Marsans le permitiria obtener beneficios penitenciarios y la salida de prisión.

Pese a que la fecha del juicio por el caso Marsans está próxima, aunque no ha sido fijada aún, según el magistrado, Díaz Ferrán podría aprovechar estos beneficios para ponerse fuera de la acción de la justicia. El juez Velasco considera que el exjefe de la patronal podría tener dinero oculto en el extranjero para facilitar su huída.

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió el pasado 2 de abril 15 años de prisión para Díaz Ferrán por considerar que estaba al frente de una organización criminal junto al liquidador de Marsans, Ángel de Cabo, y que ambos se concertaron para la “despatrimonialización” de la empresa. Díaz Ferrán y su fallecido socio Gonzalo Pascual acordaron, según la fiscalía, que transmitirían a De Cabo la totalidad de su patrimonio, tanto empresarial como personal, sin que De Cabo abonara cantidad alguna, si bien una vez consumada la ocultación patrimonial, el liquidador abonaría ocho millones de euros a cada uno en plazos de 100.000 euros mensuales. Con estos pagos periódicos, ambos socios “podrían seguir viviendo con la misma o parecida opulencia, a pesar de su formal insolvencia”, escribe el fiscal Daniel Campos.

Las diversas fórmulas empleadas por De Cabo, en libertad bajo fianza desde el pasado julio, para vaciar el patrimonio de las sociedades del grupo Marsans permitieron sacar del grupo cerca de 30 millones de euros. Para ello pusieron a otros imputados en nómina de las sociedades, vaciaron sus tesorerías y se hicieron con los palacetes, los vehículos de alta gama y yates de lujo de Díaz Ferrán y Pascual.

A partir de 2009 el grupo Marsans empezó acumular deudas y su viabilidad quedó gravemente comprometida y los acreedores reclamaron que los dos socios avalaran el pago de las deudas con su patrimonio personal. Varias compañías acreedoras quedaron impagadas, lo que dio lugar a distintos juicios y procedimientos mercantiles. El déficit patrimonial alcanzaba los 270,8 millones de euros y el pasivo del grupo era de 313 millones de euros.

Según el fiscal, “tan lamentable situación patrimonial (…) amenazaba el altísimo nivel de vida” que hasta entonces llevaban ambos socios por lo que “decidieron salvar de las ejecuciones a las que se veían abocados la mayor parte de los bienes mediante un un sistemático vaciado de su patrimonio personal y empresarial, todo ello en evidente perjuicio de sus acreedores”.

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