Inyección farmacéutica

Esto no ha sido un partido de bádminton, esto ha sido una batalla tremenda en la que ellos han utilizado todo tipo de recursos y nosotros hemos tenido que actuar manu militari”, afirma Francisco Salmerón García, jefe de la división de productos biológicos y biotecnología de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. “Ellos” son la compañía farmacéutica Sanofi Pasteur Merck Sharp and Dohme, fabricante de la vacuna contra la varicela Varivax, y la expresión “todo tipo de recursos” incluye, según Salmerón, el envío de cartas personales amenazantes: “Me advirtieron que me perseguirían por las vías penal y administrativa disciplinaria si la agencia oficial no rectificaba la decisión de bloquear la venta de la vacuna de la varicela en las farmacias”.

“¿Cartas amenazantes enviadas por nosotros? Que las saquen y presenten como prueba porque eso es radicalmente falso”, responde Marta Reyes, directora de comunicación y marketing de Sanofi en España.

“Voy a leerle un párrafo de esas cartas y usted me dirá si se aprecia o no en estas líneas un tono de amenaza”, indica Salmerón. “Escuche: ‘Adoptaremos la oportuna depuración de responsabilidades de los funcionarios intervinientes, y ello por la vía disciplinaria, patrimonial e incluso penal’. Amenazar con represalias disciplinarias a un funcionario como yo supone darte a entender que pueden hacer que tus jefes te remuevan del cargo y te sancionen. Esto no es México, donde te mandan un sicario a los que se les resisten, pero aquí también buscan asustarte”, indica este alto ejecutivo de la agencia oficial que debe autorizar o no la comercialización de los medicamentos.

Me advirtieron de que me perseguirían por vía penal y administrativa si no permitíamos vender Varivax en farmacias Un funcionario

Los responsables de salud pública decidieron hace más de un año restringir el uso de esta vacuna al uso hospitalario, lo que impedía a los padres comprarla en las oficinas de farmacia, alegando abusos en su utilización. La farmacéutica llevó el caso a la justicia. La batalla finalizó a finales de septiembre con la retirada por parte de la multinacional farmacéutica del recurso que interpuso contra la decisión de la Agencia de Medicamentos. A lo largo del proceso, Sanofi ha contado con el respaldo de la Asociación Española de Pediatría (Aeped), la Asociación Española de Vacunología (AEV) y la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene.

Estas tres asociaciones defienden la vacunación contra la varicela en dos dosis para todos los niños de entre uno y dos-tres años, frente al criterio del Gobierno español —y de la gran mayoría de los países europeos, excepción hecha de Alemania, Grecia, Luxemburgo y Lituania—, que reserva la vacuna a los adolescentes de 12 años que no hayan pasado esa infección y a los grupos de riesgo. Consideran que dado que la varicela es una infestación de tipo benigno en la infancia, pero grave en las embarazadas y los adultos, es preferible que los niños superen la epidemia de forma natural y generen los anticuerpos que les inmunizarán de por vida. “Hay vacunas maravillosas, buenas y menos buenas, y la de la varicela forma parte de estas últimas, ya que no asegura la inmunidad. Además, la sanidad pública debe considerar la relación coste-beneficio. Tuvimos que prohibir su venta porque se estaba haciendo un uso irracional, abusivo y contraproducente”, indica Francisco Salmerón.

La polémica se alimenta de argumentos técnicos contrapuestos basados en estrategias diferentes de salud pública, pero, en palabras de Belén Crespo, directora de la Agencia de Medicamentos, “esto ha sido la batalla de una empresa que se mueve por intereses económicos”. Lo extraordinario del caso es que los pediatras hayan prescrito un total de 400.000 dosis contraviniendo el criterio de la autoridad sanitaria: salvo en algunas comunidades, en 2005 se decidió que se vacunara solo a los 12 años, pero era frecuente que padres que no querían esperar compraran Varivax en farmacias. A causa de esa desavenencia, nuestro país tiene un porcentaje global de vacunación contra la varicela situado entre el 40% y el 45%, precisamente en la franja (20%-80%) que la Organización Mundial de la Salud (OMS) juzga peligrosa. Los expertos de la OMS aseguran que la vacunación masiva infantil reduce el virus circulante e impide que la población entre en contacto con el patógeno y genere el “efecto de revacunación continua”, necesario para que el microorganismo no se reactive en la edad adulta y manifieste en forma del temido herpes zóster (un sarpullido cutáneo que afecta solo a quien ya ha pasado la varicela, puede provocar dolor y dejar secuelas).

El pulso llegó a adquirir grados de esperpento nacional: asociaciones médicas denunciando el desabastecimiento de la vacuna y, como no podía ser menos, el aumento de la varicela infantil; padres alarmados que por su cuenta y riesgo —muchas veces sin considerar la necesidad de preservar la cadena del frío del medicamento— se precipitaron a recorrer la geografía española para comprar Varivax en Navarra, Ceuta o Melilla, e inicialmente también en Madrid, comunidades en las que era más fácil adquirirla en las farmacias por tenerla incluida a edades tempranas en su calendario autonómico (Madrid eliminó en 2014 la vacunación a los 15 meses). “Si unos padres me piden la vacuna, yo no puedo negársela”, resume un pediatra. La opinión de que los médicos tienen libertad de prescripción está muy asentada. En la actualidad es casi imposible comprarla en España. Los padres que insisten en vacunar a sus hijos llegan a viajar a Portugal, Andorra y Francia.

Tenemos la vacuna de la varicela más cara de Europa (71 euros por dos dosis) y que el fabricante ha multiplicado sus esfuerzos de promoción

“Suministrar 400.000 dosis en contra de las normas fijadas por el Ministerio de Sanidad es una barbaridad. Tenga en cuenta que en Reino Unido se han dispensado un total de 17.000 dosis de la vacuna y eso que tiene 805.000 niños nacidos por año, el doble que en España; que en Francia han suministrado 58.000, también con el doble de nacimientos; que en Holanda, 600; en Noruega, 1.000; en Bélgica, 18.000; en Suiza, 15.000; en Polonia, 87.000; en Dinamarca, cero, ninguna”, recita Ildefonso Hernández Aguado, presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Pública, que, como otras organizaciones médicas, apoya en este caso la estrategia gubernamental.

¿Acaso las 17.000 dosis de Reino Unido y las 400.000 de España son indicativas de la diferente influencia que los lobbies farmacéuticos ejercen en uno u otro país? “No le quepa duda. Tras analizar la vacuna, las autoridades de Reino Unido ofrecieron a los laboratorios comprarla al precio de dos libras, pero la compañía no lo consideró rentable y desistió. Al contrario que allí, en España hemos cometido el error de permitir que los medicamentos que la sanidad pública no adquiere tengan precio libre. El resultado ha sido que tenemos la vacuna de la varicela más cara de Europa (71 euros por dos dosis) y que el fabricante ha multiplicado sus esfuerzos de promoción para vender aquí el máximo”, responde Francisco Salmerón.

A Marta Reyes, responsable de comunicación de Sanofi Pasteur, no le consta —“tendría que mirarlo”, dice— que la vacuna contra la varicela que se vende en España sea la más cara de Europa. “Lo que no se puede hacer es cortar la distribución de la vacuna”, subraya.

¿Por qué, pese a las instrucciones de las autoridades sanitarias, los pediatras españoles siguieron prescribiendo Varivax o Varilrix —la otra vacuna contra la varicela, que ya estaba restringida a uso hospitalario— para los niños de un año? El jefe de la división de productos de la Agencia Española del Medicamento lo tiene claro: “Los lobbies están aquí tan bien organizados que consiguen que ni siquiera se hable de ellos. En los congresos y publicaciones médicas que financian han impedido cualquier debate serio sobre el asunto, de forma que muchos pediatras han sacado la conclusión de que el ministerio se oponía a la vacunación masiva infantil por razones exclusivamente económicas y no de salud pública. Ningún otro Gobierno europeo ha tenido que bloquear la venta de la vacuna, y es que allí a los pediatras no se les ocurre contravenir las recomendaciones oficiales”, apunta Francisco Salmerón. 

A su juicio, los laboratorios tienen un peso desmedido no solo entre la profesión médica, sino también en la opinión pública. “Deforman la realidad para seguir ganando dinero a costa de la salud de los españoles, financian y controlan las direcciones de muchas asociaciones profesionales y de sus publicaciones”, subraya. Ildefonso Hernández comparte ese juicio: “La mayoría de las asociaciones profesionales están financiadas por la industria y algunas tienen presupuestos que superan los 15 millones. Habría que preguntarles si se sienten influenciados, presionados y hasta qué punto”, señala el presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Pública.

Dada la proliferación de gabinetes de comunicación que asesoran al sector, preguntar resulta tan fácil como difícil obtener respuestas satisfactorias. Nadie parece tener a mano el presupuesto ni siquiera aproximado destinado al marketing, ni qué parte de los fondos que manejan las asociaciones médicas provienen de la industria. Aunque todos hacen gala de una gran disposición a la transparencia, la respuesta en última instancia será algo similar a: “No tenemos obligación de facilitar esos datos”.

Cinco de los 11 autores del calendario de vacunaciones que el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría recomienda para 2014 están o han estado integrados en comités asesores de empresas farmacéuticas fabricantes de vacunas. “No hay ningún comité de vacunación de la Asociación Española de Pediatría que no tenga conflicto de intereses entre sus relaciones con las compañías y su labor profesional”, asegura Ildefonso Hernández.

“Las empresas farmacéuticas hacen su propaganda, su marketing, pero el que decide es el pediatra. ¿Por qué se han prescrito en España 400.000 dosis contra la varicela? Porque los pediatras españoles siempre hemos sido muy provacunas”, sostiene Fernando Moraga Llop, vicepresidente primero de la Asociación Española de Vacunología.

—¿Se siente presionado por la industria?

—En absoluto. Llevo mucho tiempo organizando congresos de vacunas. Nosotros decidimos los temas y los ponentes. Hombre, otra cosa es que yo me dirija a un laboratorio y le proponga que nos aporten la intervención de una persona que pueda explicarnos esto o aquello y ellos me lo indiquen.

—¿Su asociación está financiada en más de un 90% por las compañías?

—No sé si ese porcentaje…

—¿De qué presupuesto anual disponen?

—No lo sé ahora mismo. Tendría que hablar con el tesorero.

—Pero las empresas del sector financian sus actividades…

—La ayuda de la industria funciona desde siempre. Si eres médico de hospital y quieres ir a un congreso, quien te paga el viaje y la estancia no es el hospital, sino las empresas, pero a mí ningún laboratorio me ha presionado para decir una falsedad.

—¿No es muy cara Varivax?

—Lo de mucho o poco es relativo. El Ministerio de Sanidad debería reunirse con la industria para obtener precios razonables.

—¿Y por qué cree que el ministerio ha optado por bloquear la venta de la vacuna?

—No actúa con criterios científicos.

—Les acusan de marginar a los científicos críticos con determinadas vacunas…

—No iré a un congreso si hay gente que no habla bajo la evidencia científica.

La Asociación Española de Pediatría recomienda en su web vacunar a niños en edad temprana porque, si bien la varicela es una enfermedad benigna, “pueden surgir complicaciones que necesiten tratamiento o ingreso hospitalario en uno de cada seis niños afectados”. La organización defiende la utilidad de la vacuna apoyándose, entre otras cosas, en los resultados que ha dado en EE UU, donde se utiliza hace 15 años y recuerdan que la gran mayoría de niños han pasado ya la varicela antes de los 12 años.

“Científico” es la palabra clave en el pulso que se libra en la sanidad. Las farmacéuticas hablan siempre en nombre de la ciencia, obviando el coste que las innovaciones médicas, reales o ficticios, suponen para el erario público, y las asociaciones profesionales se denominan a sí mismas científicas, adjetivo que sus críticos acostumbran, en ocasiones, a entrecomillar. En la vista del recurso que interpuso contra la Administración, Sanofi contó con el testimonio a su favor de dos miembros del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, pero el abogado del Estado no se dejó impresionar por sus argumentos y su contraataque resultó demoledor: “¿Ustedes formaron también parte del comité de su asociación que avaló científicamente que determinado somier evita la muerte súbita, recomendó las galletas Dinosaurio y los pañales Dodot?”.