Granados dio un contrato al calígrafo que usó para negar que había espiado

La consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, investigada desde 2009 por supuesto espionaje político, adjudicó ese año, cuando Francisco Granados dirigía el departamento, un contrato de casi un millón de euros para suministrar traductores en los juzgados. La asociación que presidía el perito calígrafo Castor Iglesias ganó el concurso pese a que su experiencia en ese campo era casi nula. Unos meses antes, Iglesias fue contratado a dedo por Granados para elaborar un informe calígrafo. El consejero usó ese trabajo para desmentir que tres guardias civiles a los que había fichado personalmente como asesores de Seguridad habían perpetrado el supuesto espionaje político que investigaba un juzgado de Plaza de Castilla.

Granados contrató por su cuenta. y sin un proceso previo de selección de personal, a esos tres guardias civiles, uno de ellos amigo de Valdemoro, con un salario de 60.000 euros al año, el doble de lo que ganaban antes. Estos ex guardias civiles, según la investigación judicial, siguieron entre abril y mayo de 2008 al ex consejero autonómico Alfredo Prada, y al ex vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ambos adversarios de Esperanza Aguirre en la batalla interna abierta por el poder en el PP tras la derrota de Mariano Rajoy en las elecciones generales del 14 de marzo de 2008.

Los ex guardias civiles, que recibían órdenes superiores, siguieron a Cobo y Prada en sus actividades públicas y privadas y dejaron constancia en partes mecanografiados y manuscritos de los movimientos de ambos políticos.

El 17 de febrero de 2009, tras destapar EL PAÍS el escándalo del supuesto espionaje político, Castor Iglesias entregó un informe grafológico a Granados donde exculpaba a los agentes autonómicos de ser los autores de los partes del espionaje. Unos meses después de ese trabajo, el departamento de Granados adjudicó el concurso de traductores para los juzgados a la Asociación Española de Peritos Tasadores Judiciales (AEPTJ) de Castor Iglesias. Era la primera vez que la AEPTJ se presentaba a un concurso de este tipo. Iglesias reconoció que antes de ese contrato sólo había prestado labores de traducción de manera puntual en algún juicio.

El propio Granados defendió entonces que en el proceso de adjudicación no había ninguna irregularidad y que se había contratado a la oferta más barata. “No hay nada que sea más mentira que aquello que se dice como una verdad a medias y con sana intención de crear una sospecha o un manto de duda sobre la actuación de algún responsable político”, señaló entonces el consejero.

El juez Velasco quiere analizar ahora si aquel concurso fue amañado. El magistrado ha apuntado en las resoluciones judiciales de los últimos días que Granados pudo usar su cargo en las consejerías para favorecer a determinadas empresas a cambio de dinero.

Un servicio deficiente

El servicio prestado por los traductores de la AEPTJ fue criticado por algunos jueces ante la baja cualificación de sus profesionales, lo que dio lugar a situaciones indeseables. Un juez anotó durante un juicio: “Este traductor viene por AEPTJ. No tiene título alguno, no dice los conocimientos que tiene. Oculta datos. No hace bien la interpretación. Se pone a charlar con la víctima”. Otro juez que tramitaba un caso de daños que afectaba a una ciudadana portuguesa señaló que el traductor enviado por AEPTJ aseguró que era de Senegal pero llegaba para traducir en portugués a la perjudicada. “Y dice que sólo tiene bachiller, no está cualificado. No sabe interpretar. Habla pisándole las palabras a la testigo”.

El caso del supuesto espionaje político sigue instruyéndose cinco años después. La juez ha intentado archivarlo en dos ocasiones, pero la Audiencia Provincial le ha obligado a reabrir la causa al entender que había suficientes indicios de un delito de malversación de fondos.La instructora citó en septiembre pasado a Francisco Granados como testigo debido a que uno de los agentes declaró que el consejero de Interior estaba al tanto de todo lo ocurrido. Granados lo negó. Los supuestos espiados, Alfredo Prada y Manuel Cobo, que ahora tienen cargos ejecutivos en el PP nacional, denunciaron los hechos y se personaron como acusación particular. Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, les obligó a retirarse del caso.