Gallardón da credibilidad a la denuncia de un guardia civil sobre su espionaje

El oscuro episodio de presunto espionaje político en la Comunidad de Madrid sucedido en 2008 ha dado esta semana un giro que podría impulsar la instrucción judicial. Uno de los imputados en el caso y autor de los supuestos seguimientos a políticos del PP enfrentados con Esperanza Aguirre, el guardia civil José Oreja, ha explicado a la juez que las órdenes, según le contaron sus jefes, partieron de quien era entonces el número dos de Aguirre, Ignacio González. Y ha ampliado el elenco de espiados: entre los “objetivos”, asegura, estaban también el entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, hoy ministro de Justicia, la actual delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, los exalcaldes socialistas Pedro Castro y Manuel Robles.

Ruiz Gallardón da credibilidad a la declaración de este agente de la guardia civil. Así lo aseguran con rotundidad fuentes de su entorno, a pesar de que el ministro se limitó este martes a hacer unas declaraciones escuetas: “Es un asunto que ya está sometido al Poder Judicial y, en efecto, la confesión del agente se ha realizado en sede judicial”, empezó diciendo durante un acto de homenaje a Manuel Fraga en el Senado.

Con evidente gesto de consternación, el titular de Justicia puso énfasis especial en que la declaración del guardia civil imputado se ha producido ante el juez, en sede judicial. “No me corresponde a mí, ni como exalcalde de Madrid ni tampoco, casi me atrevería a decir que menos, como ministro de Justicia, hacer una valoración paralela sobre algo que está sometido a consideración de los jueces”, afirmó. El broche fue el siguiente: “Lo que el poder judicial en su día y en su caso dictamine será aquello a lo que nos tendremos que atener todos los que de una forma u otra colaboramos con el funcionamiento de nuestras instituciones”.

González replica que el imputado ha cambiado su declaración inicial

Detrás de estas declaraciones aparentemente inocuas se encuentra, según su entorno, la creencia del ministro de que el relato del imputado sobre los supuestos seguimientos a su persona es del todo creíble, de ahí su gesto y tono entre abatido y triste. Mientras el PP y el propio presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, salían en tromba a cuestionar la credibilidad del agente que ha confesado el espionaje y a negar todas las acusaciones, Gallardón puso el acento en que el caso está siendo instruido por los jueces.

Desde que este periódico desveló a principios de 2009 los supuestos partes de seguimiento a los espiados —en ese momento solo aparecían entre los políticos afectados el número dos de Gallardón, Manuel Cobo, y el consejero madrileño Alfredo Prada, ambos enfrentados a la presidenta Esperanza Aguirre—, el caso ha sido archivado dos veces y reabierto otras dos.

Precisamente credibilidad es lo que no concede el presidente del Gobierno de Madrid, Ignacio González, al guardia civil imputado, que ha dicho a la juez que el mandatario madrileño tenía “interés” en el seguimiento a Gallardón, Prada y Cobo, entre otros. González insistió este martes en que el agente ha cambiado, cuatro años después, sus declaraciones iniciales. “No conozco esas declaraciones pero se trata de un caso que ha sido archivado dos veces y estas personas hicieron dos declaraciones ya en los tribunales donde negaron todos estos hechos”, dijo González en la Cadena Ser. Ahora se reabre el caso “por las declaraciones de unas personas que han cambiado su declaración, después de haber negado sistemáticamente que esto fuera verdad”.

El actual portavoz del Gobierno, Salvador Victoria, había subrayado la víspera que el presidente madrileño “no ha hablado nunca” con el agente que le señala como principal interesado en los seguimientos. Y añadió: “Alguien le habrá dado alguna idea [a Oreja] para cambiar de opinión”. Pero el agente no ha dicho en ningún momento que González hablara con él, sino que los entonces director y subdirector de Seguridad de la Comunidad le dieron las órdenes de seguimiento en nombre de González. El guardia civil alega que hasta ahora no había confesado por miedo a represalias.