Los ‘bolseros’ de los medicamentos ilegales en España

La Guardia Civil ha desmantelado en el transcurso de la Operación Conventor el mayor entramado criminal dedicado al tráfico ilegal de medicamentos que implica a al menos cinco almacenes mayoristas de distribución —con sede en Granada, Málaga y Barcelona— y a más de 200 farmacias. Se trata de una red de exportación ilegal de fármacos de índole nacional que solía camuflar sus ventas ilícitas de diversas formas. Vendían los fármacos como si fuesen productos de parafarmacia y ortopedia. La red también solía ocultar las ventas simulando la devolución de los medicamentos a un almacén de la “trama” diferente del lugar donde se había efectuado la compra. Dichos almacenes hacían las veces de intermediarios, mediante el 'procedimiento de triangulación', para exportarlos evitando la conexión directa entre estos y la farmacia. En otras ocasiones, los implicados en la trama se valían de 'bolseros'. Estos, una vez que las farmacias conseguían los medicamentos, los compraban —a través de la venta libre sin receta o receta falsa—, y luego los transportaban hasta el depósito de la trama para ser exportados.

En la actividad delictiva 'los bolseros', según relatan fuentes de la investigación, "proponían personalmente a los farmacéuticos participar en la trama. Una vez pactada la compra estos los contactaban entre una y dos veces al mes". La red obtenía medicamentos en farmacias como si fuesen destinados para pacientes, y posteriormente, eran vendidos a precios muy superiores.

Las autoridades hasta el momento han detenido a 30 integrantes de la red e imputado a otros dos por los presuntos delitos contra la Salud Pública (tráfico de medicamentos), falsedad Documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, y de pertenencia a Grupo Criminal. Los investigadores estiman que esta organización, liderada por el Juez número 3 de Teruel, Jerónimo Cano, y el capitan de la Policía Judicial de la Guardia Civil también de Teruel, Raúl Castillo, ha facturado en España 50 millones de euros de medicamentos de precio intervenido que sacan del circuito legal y venden en países europeos logrando unos márgenes de beneficio aún por cuantificar. En algunos casos la red obtenía un beneficio de hasta el 800% sobre el precio de venta en España. Los medicamentos eran exportados a Reino Unido, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Holanda, Austria o Grecia.

Según la Guardia Civil, en la comunidad autónoma de Aragón la red había vendido ilegalmente más de 123.000 envases con una facturación superior a 1.460.000 euros.

El director de Planificación y Aseguramiento del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, Antonio Villacampa, en declaraciones recopiladas por Europa Press, ha recalcado que, "a pesar de que se haya desmantelado una red de contrabando de fármacos en la que se han visto involucradas varias farmacias aragonesas, el suministro de medicamentos está 'perfectamente garantizado'". El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, Jaime Giner, rechaza también cualquier práctica ilegal en el tema de la venta ilegal de medicamentos.

Villacampa ha asegurado que han sido los servicios de inspección de Aragón los que han detectado "una serie de anomalías" que se han puesto en conocimiento de "la autoridad competente", lo que ha dado lugar a que "la investigación de una serie de farmacias que, al parecer, estaban dentro de lo que se pudiera llamar entramado nacional de tráfico ilícito de medicamentos".  Villacampa ha precisado que "el porcentaje de farmacias implicadas en estos momentos es inferior al 2 % de las 739 farmacias que tenemos en Aragón".

La investigación fue iniciada por la Guardia Civil en Teruel tras conocer el tráfico ilícito de estos fármacos en el informe elaborado por el Servicio de Farmacia del Servicio Aragonés de Salud a raíz de la explotación de la Operación Pharmakon. Según el estudio, los agentes supieron de la red de expotación ilegal de medicamentos. Un delito que podría suponer un riesgo para la salud pública, ya que, los medicamentos deben contar con una cuantía fijada por las autoridades sanitarias en el mercado español. Las autoridades han precisado además que si una parte de estas dotaciones son exportadas de manera irregular existen riesgos de desabastecimiento en España, provocando que los pacientes no puedan acceder a su medicación y poniendo en riesgo su salud.