Investigadas cinco distribuidoras por venta ilegal de fármacos

La operación iniciada tras detectarse un problema de desabastecimiento de medicamentos ha destapado lo que los investigadores consideran una trama criminal de dimensión nacional en toda regla. Al menos cinco almacenes mayoristas de distribución —tres con sede en Granada, uno en Málaga y otro en Barcelona que operan en todo el país— están, presuntamente, en el centro de una red de exportación ilegal que implica, de momento, a más de 200 farmacias. El nombre de las empresas aún no ha trascendido. La operación —liderada por el juez de Instrucción número 3 de Teruel, Jerónimo Cano, y el capitán de la Policía Judicial de la Guardia Civil de esta provincia, Raúl Castillo— está bajo secreto de sumario. Los investigadores estiman que esta organización ha facturado en España 50 millones de euros de medicamentos de precio intervenido que sacan del circuito legal y venden en países europeos logrando unos importantes márgenes de beneficio aún por cuantificar. En los casos más extremos se han llegado a vender productos con un lucro del 800%.

La Operación Convector se inició tras la detención el pasado mayo de la farmacéutica de la localidad turolense de Palomar de Arroyos (210 habitantes) en otra actuación llamada Pharmakon. El Gobierno de Aragón pidió a la Guardia Civil que siguiera tirando del hilo e investigara a las 739 boticas de la comunidad. Pero la madeja ha desbordado con mucho el ámbito autonómico. El resultado a fecha de ayer, después de 28 registros en toda España, era de 30 personas detenidas, cinco almacenes clausurados y cuatro oficinas de farmacia también cerradas. El instructor del caso ve indicios de hasta cinco delitos dependiendo del grado de implicación: contra la salud pública, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Los investigadores señalan que la trama tiene una organización similar a la de grupos mafiosos, con una cúpula que toma las decisiones y mantiene reuniones periódicas para coordinar a todos los implicados.

A pesar del elevado número de farmacias afectadas, los grandes beneficiarios del fraude serían los distribuidores. “Los farmacéuticos son el equivalente a los camellos en el tráfico de drogas”, señalan esas mismas fuentes. Pero son una pieza clave porque si ellos no aceptan solicitar más medicamentos de los que van a vender no habría lugar para este mercado. El negocio consiste en desviar esos fármacos sobrantes —y que se han adquirido por un precio más barato, intervenido por el Gobierno— al mercado libre extranjero. Se trata en general de compuestos sin alternativa terapéutica y con una elevada demanda, como inmunosupresores para pacientes trasplantados, anticancerígenos o anticonvulsivos.

De forma paralela a su actividad irregular, los almacenes de distribución implicados también mantienen el negocio legal, que consiste en comprar a los laboratorios y vender a las farmacias; incluso pueden facturarse entre ellos. Lo que han estado haciendo las empresas investigadas es simultanear facturaciones y suministros de ambas actividades, así es más difícil perseguir las irregularidades. La trama se ha destapado en el momento en que autoridades sanitarias, fiscales, policiales y judiciales se han puesto a trabajar juntas y han cruzado sus datos. Eso ha permitido dar un salto y pasar de las sanciones administrativas que diversas autonomías han impuesto a las farmacias que se saltan la obligación de vender solo a pacientes, a la instrucción de una causa por la vía penal al considerar que forman parte de una organización criminal y que ponen en riesgo la salud pública.

Los almacenes implicados mantienen el negocio legal: comprar a los laboratorios y vender a las farmacias

Las distribuidoras pueden comprar fármacos a los laboratorios para exportarlos. Pero, entonces, no les resulta rentable ya que las industrias del medicamento les venden los productos al precio europeo, muy superior al fijado por el Gobierno para despachar en las 22.000 farmacias que hay en España.

Miguel Valdés, director general de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar), la patronal que agrupa al 97% de la actividad del sector, desligó ayer a sus socios de este tipo de comportamiento. “No creo que [los implicados] estén entre los asociados”, dijo. “No me consta. No sé quiénes son”.

Los laboratorios tienen acuerdos con los mayoristas y son penalizados si no venden los medicamentos a las farmacias y los desvían al mercado exterior. Les aplican un recargo al precio fijado hasta alcanzar el coste medio europeo o el que establezca la farmacéutica como castigo.

Este es el motivo por el que presuntamente buscan la connivencia de las boticas. La estructura, que los investigadores consideran una sofisticada red criminal, utiliza varios procedimientos. El más común consiste en buscar farmacias dispuestas a solicitar más medicamentos de los que necesitan para vendérselos a ellos. Existe hasta una lista de peticiones, que se actualiza mensualmente, que las distribuidoras implicadas en la trama distribuyen a los boticarios. Esa lista, de alrededor de medio centenar de fármacos, establece el beneficio que se lleva el farmacéutico por producto. Hacer acopio de Paxtibi, para tratar la depresión grave, resulta especialmente rentable. Con un precio de alrededor de 1,5 euros se paga en el extranjero hasta un 800% más. En otros fármacos, el margen de ganancias es inferior, entre un 80% y un 140%.

El comercio ilegal ha dejado a los pacientes sin productos

Fuentes de la investigación calculan que el valor de los medicamentos adquiridos por esta vía en España supera los 50 millones de euros. Las mismas fuentes son prudentes y no se atreven a dar una cifra del beneficio que ha obtenido la red por comercializar productos por ese valor en el extranjero, fundamentalmente Reino Unido, Dinamarca, Holanda y Alemania. En cualquier caso, apuntan que estaría por encima de otros 50 millones.

La Agencia Española del Medicamento, que está participando en la investigación, ha detectado en los tres últimos años problemas de desabastecimiento agravados por esta actividad fraudulenta que se conoce como distribución inversa. Al desviar estos medicamentos a empresas que los distribuyen al mercado exterior en ocasiones no llegan en suficiente número a los pacientes. No solo es un problema de fraude económico sino también de salud pública.

Según fuentes de la investigación, del medio centenar de compuestos que la trama distribuye entre los farmacéuticos hay problemas de suministro con alrededor de 20. La agencia se ha visto en ocasiones obligada a importarlos.