La oposición constituye un frente para frenar la ley de seguridad ciudadana

Cinco partidos de la oposición reclamaron ayer el amparo al presidente de la Comisión de Interior del Congreso, Sebastián González, para frenar la tramitación exprés de la ley de seguridad ciudadana y exigir más tiempo para consensuar y adecuar la futura norma a “la protección efectiva de los derechos y libertades de los ciudadanos”. PSOE, Convergencia i Unió, PNV, Izquierda Plural y UPyD, lamentaron en un documento conjunto la intención del grupo popular de acelerar la aprobación del texto tras limitar el plazo habitual para presentar enmiendas.

La limitación de derechos “exige un examen detallado”, dicen los firmantes

 Los firmantes de la iniciativa sostienen que la limitación de derechos y libertades ciudadanos “exige un examen detallado, razonado y reflexivo de las normas que la resuelvan”. Por eso exigen más tiempo para “adecuar el proyecto de ley a las exigencias de la Constitución española”. Los promotores del documento único sospechan que el PP quiere tener lista la polémica norma que, según una de sus últimas modificaciones, prevé legalizar las devoluciones en caliente de los inmigrantes en Ceuta y Melilla este año y que entre en vigor cuanto antes. Salvo el grupo popular, todo el resto de partidos han expresado sus reticencias hacia un proyecto de ley que ya nació con polémica y cuya primera versión —conocida como ley mordaza— contó con informes contrarios del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal.

El calendario previsto por la Comisión ha anticipado la constitución de la ponencia, en un trámite que se cerró anoche, una vez expirado el plazo de las enmiendas del resto de partidos.

Todas las formaciones salvo el PP han mostrado su rechazo, a las devoluciones en caliente de los inmigrantes que se están produciendo en Ceuta y Melilla y han recordado que estas prácticas vulneran preceptos constitucionales de las personas que intentan entrar en España y ofrece inseguridad jurídica para las fuerzas de seguridad del Estado que actúan en las fronteras, y que ya han motivado la imputación en un juzgado del jefe de la Guardia Civil en Melilla.

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, aseguró ayer en la comisión de Interior del Congreso que el rechazo de los inmigrantes en la valla es legal, aunque admitió que a él no le gusta el modo en que se está llevando a cabo.

El diputado del PP, Conrado Escobar, abundó en la misma tesis: “Se estaban haciendo regular y legalmente las cosas desde el año 2005, lo que pedimos es que esas prácticas pacíficamente admitidas en el terreno operativo se eleve al mayor rango posible, que es la ley”.