La astucia como valor jurídico

Hace unas semanas, tras la suspensión parcial de la ley catalana de consultas, el presidente Artur Mas dijo que se debía actuar con astucia, una evidente obviedad. Poco después puso manos a la obra y planteó que mediante un “proceso de participación política” se podría contestar a las mismas preguntas de la consulta. Estos “procesos” están regulados en una parte de la ley impugnada que no había sido suspendida por el Tribunal Constitucional. En definitiva, se trataba de obtener la misma finalidad prohibida por un procedimiento distinto y vigente, un caso claro de fraude de ley.

Al parecer, porque no se han dado muchas explicaciones, la dichosa astucia consistía en actuar por la vía de los hechos sin invocar la ley que los amparaba para evitar que tales hechos fueran recurridos. Así lo dijo con toda frescura el presidente Mas: como no hay nada escrito, no hay nada que recurrir. Ignorancia supina: la actividad administrativa también es recurrible cuando actúa por la vía de los hechos. Si no fuera así, el gobernante podría actuar sin límites y el Estado de derecho quedaría hecho trizas. La nueva estrategia de Mas tiene bastante similitud con las famosas tarjetas black. En Bankia se pretendía escapar del control tributario, la Generalitat trata de escapar al control judicial.

Sin embargo, como sabe cualquier persona mínimamente versada en derecho, los poderes públicos, en contraste con los ciudadanos, sólo pueden actuar si una ley se lo permite. En un Estado de derecho, los ciudadanos son libres y pueden hacer a su antojo todo lo que deseen mientras no se lo impida una ley. Por el contrario, los poderes públicos no son libres y sólo pueden actuar con el respaldo de una ley.

Los poderes públicos  sólo pueden actuar con el respaldo de una ley

Los procesos de participación ciudadana regulados en la ley catalana son encuestas, audiencias públicas, foros de participación “y otros”. Como lo que plantea Mas no encaja en las tres categorías primeras, se supone que hay que situarlo en ese impreciso “otros”. Ahora bien, aún en ese caso, la ley establece que tales procesos deben llevarse a cabo bajo los principios de transparencia, publicidad, claridad y neutralidad institucional. Ninguno de ellos se cumple sino todo lo contrario: la astucia.

Ante tal situación, el Gobierno está abocado a pedir al Constitucional que extienda la suspensión a estos preceptos de la ley catalana y así impedir la votación. Lo cual, inmediatamente, será aprovechado por la Generalitat para hacer victimismo: “¡Madrid no nos deja votar!”. Una disyuntiva diabólica, realmente astuta. Y una triste situación: quien defiende el derecho, es decir, la garantía de la libertad, es acusado de impedir el ejercicio de la libertad. El fraude gana a la razón, Maquiavelo a Kant. A eso hemos llegado en Cataluña.